Por Luis Javier Valero Flores
Al igual que lo hiciera meses atrás el periódico The New York Times, y en el curso de los últimos cinco años diversos exmandatarios, incluido el mexicano Vicente Fox; ahora fueron el vice primer ministro británico, el liberal Nick Clegg y el magnate Richard Branson (dueño de una empresa discográfica y otras empresas y catalogado como la cuarta persona más rica del Reino Unido) quienes criticaron acremente la “guerra contra las drogas” y la calificaron como un “fracaso miserable”, en un artículo publicado en el periódico inglés, The Guardian, -conocido como uno de los más críticos en el continente europeo- justamente al inicio de la visita a Londres del presidente Enrique Peña Nieto.
Cuestionaron la “estrategia de choque frontal” en la lucha contra el tráfico de drogas y sostuvieron que “… bajo cualquier punto de vista, la guerra mundial contra las drogas ha sido un fracaso miserable”, ejemplo de lo cual ubicaron a México, país en el que “tendríamos que recordar a las 100 mil personas muertas sólo en México desde 2006, cuando su antecesor, Felipe Calderón, lanzó su ofensiva implicando al Ejército”.
Tajantes, sostienen que desde “que el presidente estadounidense Richard Nixon declaró esta ‘guerra’ en 1971, hemos gastado un 1 billón de dólares tratando de erradicar las drogas de nuestras sociedades”, y “sin embargo, el mercado criminal sigue creciendo”.
“Si fuera una inversión, la guerra contra las drogas no habría arrojado ningún beneficio. Si fuera una empresa, hubiera quebrado hace tiempo”. (Nota de Afp, 4/III/15).
Y concluyen “pidiendo cambios y exigiendo valentía política para emprenderlos”, además de elogiar a países como España o Portugal, que han despenalizado el consumo.
Es decir, como el periódico The Economist, también londinense, que lo hiciera hace más de una década, están urgiendo a poner en el tapete de las discusiones la despenalización del tráfico de drogas, como resultado, no de inmediato y sólo después de una profunda discusión acerca de todos los cambios que implicaría hacerlo, de manera gradual y cumpliendo cada una de las metas planteadas en el ámbito internacional y nacional.
De ninguna manera la despenalización abrupta y del total de las drogas, y sólo después de la reestructuración de los presupuestos, programas, dependencias y planes gubernamentales.
Por supuesto que plantear la despenalización del tráfico de las drogas (en nuestro país no es delito el consumo) desata la preocupación de amplios sectores de la sociedad pues creen que tal medida detonaría aún más el consumo, ya que, dicen, si así, clandestina e ilegal los niveles de consumo están muy altos y prácticamente cualquier persona accede a ellas ¿qué será legalizándola?
La verdad es que después de casi medio siglo combatiéndola con la fuerza de las armas el balance es, como lo sostienen los dos ingleses, un increíble fracaso.
En el país aumentaron el consumo, el número de consumidores, también las personas que se dedican a esa actividad; creció el volumen de droga trasladado por el territorio nacional; se elevaron exponencialmente las cifras delictivas de todo tipo, especialmente las relacionadas con el tráfico de drogas, sobre todo las de los homicidios en los que se presume vinculación con el crimen organizado, y el deterioro social generado es inconmensurable.
Parámetro de tal realidad lo es el hecho de que en la reunión de los alcaldes priistas, el de la capital de Chihuahua, Javier Garfio, propusiera en el ámbito nacional la prohibición a la interpretación de “narcocorridos” en los eventos públicos, como una medida para combatir la infiltración de tales patrones culturales, derivados de la muy elevada influencia de la cultura del narcotráfico en la sociedad mexicana moderna, sobre todo en el norte del país.
El precio pagado es elevadísimo. En el sexenio de Felipe Calderón se destinaron poco más de 760 mil millones de pesos al sostenimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública, sólo en el ámbito federal (PGR, Secretaría de Seguridad Pública, Sedena, Marina y las dependencias derivadas de cada una de ellas) lanzadas a hacerle la guerra al narcotráfico.
Los resultados son desastrosos. Ahora podemos contabilizar, no sólo los más de 130 mil muertos y las decenas de miles de desaparecidos, sino también el derrumbe de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de justicia, amén de extensas zonas del país sometidas al arbitrio de los grupos criminales.
El daño abarca a todas las áreas de la actividad social. La corrupción es un inmenso cáncer, enseñoreado en todos los estratos de la sociedad, y no sólo en la esfera gubernamental, aunque en ésta adquirió de verdadera endemia, que llegó (abiertamente) hasta la silla presidencial ¡Y no pasa nada!
Es de tales dimensiones que en asuntos como el de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa difícilmente se puede descartar la participación del crimen organizado, empeñado también, como muchas esferas del Gobierno, de todos los niveles, en combatir y hasta desaparecer a la dirigencia estudiantil de dicha escuela normal y que haya llevado a que en prácticamente todos los foros internacionales el gobierno mexicano deba estar a la defensiva en los asuntos relacionados con la vigencia y respeto a los derechos humanos, como lo hiciera recientemente el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que al presentar su informe sobre México le dio el plazo de un año al Gobierno de Enrique Peña Nieto para que atendiera las recomendaciones de ese organismo referentes al problema de los desaparecidos.
Y son cosas terribles las que no ha realizado el Gobierno mexicano. Le conminan a crear “un registro único de personas desaparecidas con estadísticas confiables que permitan prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”; a “prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los denunciantes” y a informarle acerca de “la búsqueda de las personas desaparecidas y en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos”.
Al arribo de tales conclusiones contribuyeron grandemente los familiares de cientos de personas desaparecidas en el área de Cuauhtémoc y la Tarahumara en los años recientes, cifra a la que se suma la aportada, apenas el viernes, por José Luis Castillo, padre de una adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue localizado en el arroyo del Navajo, quien dijo que “en lo que va de este año, tenemos 80 desaparecidas en la ciudad (Juárez)”, la mayor parte desaparecidas en el Centro de la ciudad. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 7/III/15).
Y es este rubro, el de las mujeres desaparecidas, el punto más alto de un fenómeno que creció con la agudización de la guerra de los cárteles, la agresión a las mujeres.
De acuerdo con Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres (de Juárez), “en los últimos 5 años hemos visto que el ejercicio de la violencia es más brutal”. (Ibídem).
A su vez, Irma Casas, directora de Casa Amiga, informó que “El 90 por ciento de las mujeres que atendemos por primera vez, llegan a causa de la violencia sexual” y que en 2009 se registró un incremento también en la violencia estructural y en los delitos de alto impacto contra las mujeres de Ciudad Juárez. Así, no sólo se elevaron los índices delictivos, sino que en el total de ellos, los cometidos en contra de las mujeres se han incrementado, como resultado de la aguda degradación social derivada de la ola de violencia, generada por la disputa por el tráfico de drogas y el resto de las actividades del crimen organizado.
Algo de eso reflejan la mayor parte de los narcocorridos, en los que el tratamiento dispensado a las mujeres es punto menos que salvaje, catalogadas, o mencionadas casi exclusivamente como objetos sexuales y con un profundo desprecio, en una más que preocupante profundización de la misoginia.
¡Y los cantantes de este género son, increíblemente, ídolos de cientos de miles de jóvenes!
Bueno, ese es el resultado de la política aplicada para combatir al narcotráfico, en la que no existe, pero ni por asomo, una mínima preocupación por el tratamiento y rehabilitación de los adictos, ni, mucho menos, las políticas preventivas del consumo de drogas.
Entonces ¿Si empleamos miles de millones de pesos y cientos de miles de jóvenes (algunos no tanto) en combatir a los narcos y los resultados son, no solamente adversos, sino catastróficos, pues a todo lo anterior deberíamos sumar la profunda degradación sufrida por absolutamente todos los cuerpos policíacos y de seguridad y de todos modos el número de consumidores, no sólo no disminuye, sino aumenta, porqué no analizar y experimentar una nueva forma de afrontar tan terrible problema?
Además, en los próximos años nos enfrentaremos a una terrible paradoja, la que ya existe -por la vía de los hechos- consistente en que en tanto las fuerzas de seguridad mexicanas estarán empeñadas en combatir violentamente al tráfico de drogas -en especial el de mariguana- y allende la frontera en extensas zonas de EU su consumo y tráfico serán absolutamente legales ¿Cómo compaginar tales realidades?
Pues por la misma vía que nuestros vecinos, por la de los hechos iniciar el camino -no exento de problemas e incertidumbres- del tratamiento del consumo de drogas como un problema de salud pública y no de seguridad pública, como hasta ahora, torpemente, lo hemos hecho.
Por la vía de la compra, por el Estado mexicano, de las drogas; de su despenalización (quizá en primer término, de la mariguana), de la elaboración de un padrón de consumidores y la puesta en marcha de un vigoroso plan de rehabilitación de los consumidores, así como de una novedosa y atractiva forma de prevenir el consumo de drogas.
Y si el resultado de todo ello es que se mantengan los niveles de consumo y porcentajes de consumidores, por lo menos habremos abatido al mínimo los problemas derivados de la violencia ejercida por los traficantes y las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.
Nos ahorraremos miles de muertos y un enorme sufrimiento
