Por Denise Dresser
En México desde hace muchos años existen peces gordos. Pero en este país no son pescados o atrapados. Siguen allí, engordando en el estanque. Miembros de un bestiario surreal poblado por los políticos del país. Con sus casas y sus terrenos y sus cuentas y sus “donaciones” y sus elecciones multimillonarias. Con sus evasiones y sus “casos cerrados”, como dicen que está el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Y para ello han propuesto castigarse a sí mismos con una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Corrupción. Una entidad que, ahora sí: “Investigará y perseguirá los hechos de corrupción de competencia federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”. El reto es que para ser creíble, esa Fiscalía tendría que comenzar con la piraña principal en el estanque: el propio Presidente.
Porque desde hace años México padece la erupción de la corrupción y lo peor de su impacto. El país parece más democrático pero también más kleptocrático. Más abierto pero también más maloliente. Más competitivo pero también más corrompido. Antes las fortunas de los políticos eran un chisme compartido; hoy son una realidad denunciada. Antes las mansiones de millones de dólares eran un secreto guardado; ahora son un escándalo publicado. Lodo va y lodo viene; propiedades van y propiedades vienen. La vida pública como ruta para el enriquecimiento privado, finalmente evidenciada. Expuesta. Aireada. Generando una indignación necesaria. Produciendo un enojo saludable. Engendrando una población furibunda que para poder creer de nuevo en las instituciones, tendrá que comprobar que cumplen con su cometido. Por ello la Fiscalía prometida servirá de poco si no investiga esa pecera nebulosa que es la Casa Blanca.
Una residencia sobre la cual nadie en la clase política quiere hablar y nadie en la Cámara de Diputados o en el Senado quiere investigar. Pero es un síntoma de tanto que nos aqueja: instituciones débiles, rendición de cuentas inexistente, conflictos de interés que hacen posible el capitalismo de cuates. Para lidiar con esos males mexicanos se requerirá una Fiscalía autónoma y un fiscal que también lo es. Y lamentablemente todo indica que no será así. Que, de nuevo, el diseño institucional y el proceso de selección van a ser usados para ocultar en lugar de evidenciar. Que la entidad y quien la dirige van a ser utilizados para tapar el problema en vez de encararlo. Que la institución y quien la propia clase política nombre para estar frente de ella estarán condenados al fracaso deliberado. Porque sólo así se comprende que la Fiscalía Anti-Corrupción propuesta dependa de la Procuraduría General de la República. Sólo así se entiende que el fiscal nombrado pueda ser vetado por el Presidente. Señales evidentes de que la autonomía indispensable para llevar a cabo su función sólo será aparente. Señales obvias de que cuando el presidente del PRI, César Camacho, dice que su partido “va con todo” contra la corrupción, sólo está bromeando.
Bromeando porque para poder funcionar eficazmente la Fiscalía Anti-Corrupción tendría que tener los dientes que no le han dado, la autonomía que no le han asegurado, el presupuesto que no le han otorgado, el mandato que no le han ampliado. Bromeando porque para poder crear fiscales anti-corrupción exitosos como lo fueron Falcone y Borsellino y sus herederos institucionales en Italia, la versión mexicana debería contar con una capacidad de investigación y con unos estatutos jurídicos y con una independencia política y con unas facultades amplias que el Congreso, el Senado y el Presidente no le quieren dar. Bromeando porque en Brasil y Colombia, fiscales independientes han logrado sentenciar e inhabilitar a políticos de todos los partidos, y en México tanto el PRI como el PAN como el PRD como el Partido Verde no quieren que eso ocurra, jamás.
Y si no es así que lo prueben en los próximos días. Demostrando que están dispuestos a fiscalizarse a sí mismos. Preguntando en el Senado a los candidatos para dirigir la Fiscalía Anti-Corrupción si su primer caso a investigar sería el de la Casa Blanca. Si el siguiente sería Arturo Montiel o los “moches” en la Cámara de Diputados. Si el fiscal potencial cree que su proceso de selección es lo suficientemente transparente y autónomo como para no convertirse en una Fiscalía fantoche. Porque de ser así, México terminará -otra vez- creando instituciones y empoderando personas que prometen apresar peces gordos pero sólo ofrecen charales.
Fuente: Reforma
