Por Deepti Hajela
Cuando estudiaba enfermería, varias veces Hina Naveed estuvo tentada de abandonar, no porque no pudiese con el trabajo, sino porque se preguntaba si, en su condición de inmigrante sin permiso de residencia, podría conseguir una licencia luego de completar sus estudios.
“Invertí todo este dinero. Llegué hasta aquí. Hablo todo el tiempo de lo feliz que estoy de ser enfermera. Disfruté mucho mi experiencia clínica. Pero todo se reduce a un pedazo de papel”, expresó esta mujer de 25 años, residente en Nueva York, que fue traída ilegalmente al país por su familia paquistaní cuando tenía diez años.
Nueva York y algunos otros estados han tomado medidas para poner fin a la incertidumbre de gente como Naveed, que obtuvo el derecho a trabajar en Estados Unidos al amparo de los programas de suspensión de deportaciones aprobados por el gobierno de Barack Obama en junio del 2012 pero seguía sin poder conseguir las licencias que los habilitasen para trabajar en su profesión.
El Board of Regents (junta administrativa) de Nueva York, que certifica o concede licencias para más de 50 profesiones, decidió el mes pasado permitir que inmigrantes sin permiso de residencia amparados por los programas de suspensión de deportaciones soliciten los documentos que los habilitan para trabajar en sus profesiones. Las medidas serán sometidas a una votación final y entrarían en efecto el 1ro de junio.
California aprobó en el 2014 una ley que despeja el camino para conceder licencias para 40 profesiones sin importar el status inmigratorio. En la Florida se dan licencias a abogados amparados por la suspensión de deportaciones. Nevada se las da a maestros con ese status, según Tanya Broder, del National Immigration Law Center.
La política abarca a las personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y que han residido continuamente en el país desde el 2007. No regulariza el status migratorio, pero deja en suspenso la deportación y da a las personas la posibilidad de trabajar e incluso de pagar matrículas estudiantiles de residente, que son más baratas.
Tener derecho a trabajar, no obstante, no es lo mismo que estar habilitado para enseñar o ejercer la medicina. También hay que sacar licencias en cada estado. En Nueva York se concedían licencias solo a ciudadanos o personas con permiso de residencia.
En junio del año pasado un tribunal de apelaciones de Nueva York falló a favor de un inmigrante que había completado sus estudios de derecho y aprobado los exámenes correspondientes, pero se le negó la licencia para ejercer como abogado porque estaba ilegalmente en el país, al que fue traído por sus padres cuando tenía cinco años.
Ese y otros fallos recientes hicieron que el Board of Regents decidiese oficialmente conceder licencias profesionales a los dreamers acogidos al programa de suspensión de deportaciones que satisfagan los requisitos.
José Pérez, de la agrupación defensora de los derechos de los inmigrantes LatinoJustice PRLDEF, sostuvo que si un joven va a la universidad, saca un título y satisface todos los requisitos, no debería haber impedimento para que consiga su licencia.
“Se les ha dado el beneficio de una educación superior y deberíamos alentarlos a que se desempeñen en sus profesiones”, declaró.
Naveed espera ansiosa poder ejercer, aunque primero debe aprobar el examen de su licencia, que tomará en abril.
No todos tienen la misma suerte.
Mónica Sibri, de 23 años, vino a Estados Unidos tres meses después de haber cumplido 16 años y por lo tanto no puede acogerse al programa de suspensión de deportaciones que permite hacer una vida normal a los inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños. Está estudiando ciencias políticas, carrera que eligió porque dice que jamás le hubiesen permitido ejercer como abogada o enseñar.
“Tuve que elegir algo que no requiriese una licencia”, explicó.
Pero cuando complete sus estudios, sin permiso de trabajo, “¿Qué voy a hacer con mi título?”, preguntó. “No tengo esperanzas para el futuro”.
Fuente: AP
