Lo que comenzó como una acción simbólica para denunciar la falta de ayuda a los más desfavorecidos se ha convertido en un debate nacional en España.
Los matices están en el lenguaje. El Sindicato de Trabajadores de Andalucía convocó una “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados de la región para donarlos al Banco de Alimentos y a los servicios sociales de los ayuntamientos.
La cabeza visible de esta protesta es Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de la localidad de Marinaleda por el partido Izquierda Unida, que además de participar en la “acción” ha sido vehemente en sus declaraciones posteriores, anunciando que habrá más asaltos.
Para el Ministerio del Interior se trata de asaltos, por lo tanto de delitos y por ello ha anunciado este miércoles que la policía y la Guardia Civil tiene orden de detener a los implicados, centenares de personas.
También el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha intervenido en el debate pidiendo a la Fiscalía que investigue si los asaltos son constitutivos de delito, así como la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que ha calificado de “intolerable” una actuación que “alienta comportamientos delictivos como la violencia y el robo con fuerza”.
Los partidos políticos se han subido en marcha al acalorado debate que se había gestado en las redes sociales. El vicepresidente de la Junta de Andalucía Diego Valderas ha dicho compartir “el fondo” del “acto simbólico” al considerar que “abre un debate sobre la riqueza y la pobreza” precisando que Sánchez Gordillo participó en la acción no como representante de Izquierda Unida sino como militante (y líder) del SAT.
El Partido Socialista Obrero Español, PSOE se ha limitado a calificar de “barbaridad” los asaltos por boca de su secretario de Relaciones Institucionales Antonio Hernando.
El mediodía del miércoles, Sánchez Gordillo ha reaccionado a la orden de detención anunciada por el Ministerio del Interior declarando a la agencia EFE que el Gobierno sólo pretende intimidar a los manifestantes tras calificar como “terrorismo de Estado” y de “violencia estatal inadmisible” la orden de detención del Ejecutivo.
Fuente: Euronews
