Por Álvaro Delgado
La fase final del proceso electoral más grande de la historia, las campañas, sigue calentándose y la acción judicial contra personajes del PAN como Jorge Luis Lavalle, Roberto Gil Zuarth y Francisco García Cabeza de Vaca no sólo está vinculada a la elección del 6 de junio, sino a otra que habrá en tres meses: La que definirá si se enjuicia a los expresidentes de México.
Exactamente en 110 días, el 1 de agosto, se celebrará la consulta convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada por el Congreso, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organizada por el Instituto Nacional Electoral para que los mexicanos respondan a una sola pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
En esta pregunta derivó la que López Obrador planteó inicialmente para la consulta y que era más directa: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?”
En lo que es otra iniciativa política que enfureció a sus adversarios el año pasado, antes y durante la pandemia, López Obrador pretendía que la consulta se efectuara el 6 de junio, pero la Cámara de Diputados determinó que será el domingo 1 de agosto, pese al costo de 1.5 mmdp. En el contexto de la consulta se inscribe la decisión del Presidente de reproducir en su mañanera, el miércoles 7, el montaje de Genaro García Luna, en Televisa, de la detención de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, en diciembre de 2005, cuando aquél era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Fox.
En esa transmisión, Luis Cárdenas Palomino cometió, en vivo, el delito de tortura contra Vallarta, quien desde entonces está preso sin recibir sentencia, y a Calderón eso no le importó cuando en su gobierno siguió siendo mano derecha de García Luna, preso en EU por cinco delitos de narcotráfico.
Calderón ha dicho que no estaba enterado de las complicidades que tienen preso a García Luna y ha guardado silencio sobre los millonarios contratos que su gobierno otorgó para construir y operar reclusorios y sobre el multimillonario contrato a Etileno XXI, vinculado a Odebrecht.
Y Odebrecht es la transnacional que hermana a Calderón y a Peña Nieto, no sólo por los contratos que ambos le otorgaron, sino porque financió la campaña del segundo y de ahí salieron también los millones para sobornar a senadores del PAN que aprobaron la reforma energética, según la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. La guerra sigue…
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