De los 76 casos de mexicanos muertos como resultado de un excesivo uso de la fuerza de cuerpos policiacos de Estados Unidos, únicamente en nueve se han logrado acuerdos de manera exitosa para los familiares de la víctima, todos ellos en el ámbito civil. En uno de estos nueve casos, vinculado a la actuación de la Patrulla Fronteriza, el gobierno estadunidense indemnizó a la familia, dijo el subsecretrario para América del Norte, Sergio Alcocer.
Al hacer una relatoría de los eventos fatales que involucran a connacionales, Alcocer destacó que 50 de los casos que involucran a autoridades locales se concentran en el estado de California, aunque también se han dado en Nevada y Washington, donde se registró un caso reciente, explicó el funcionario de la cancillería.
California encabeza la lista de incidentes mortales a manos de la Patrulla Fronteriza, con nueve casos: cinco en el condado de San Diego. Asimismo, de 50 casos que tuvieron lugar en California, en 35 de ellos intervino la policía local, en 10 participó el sheriff del condado y en cinco policías de caminos. Los tres casos más recientes en los que se ha visto involucrada la policía local han sido en orden cronológico: Washington, Texas y California.
En sólo 46 de 76 casos se concluyeron las investigaciones. En 26 de ellos no hubo elementos para proceder legalmente, fueron desechados desde el inicio de la investigación, no progresó su investigación, en tanto que en ocho casos “la investigación determinó que los oficiales de policía actuaron en defensa propia.
Es importante señalar que los abogados que han acompañado estos casos por parte de los consulados, que dieron apoyo a las víctimas, nos señalaron que, en efecto, los oficiales respondieron en defensa propia.
Existen 10 casos, en los que no se prosiguió la investigación, porque los familiares de la víctima desistieron de la asistencia consular, o bien porque prescribió el término para interponer los recursos de demanda.
“En estos casos los consulados mexicanos –y tenemos acreditado por escrito cada uno– insistieron a los familiares que interpusieran la demanda, que los plazos eran cortos. Lamentablemente, por decisión de las familias, no se prosiguió con el trámite”, dijo.
Dos de los casos fueron atraídos por un mecanismo que los gobiernos de México y Estados Unidos tienen establecido por medio del Departamento de Justicia, para que la división de derechos civiles de éste hiciera una revisión del caso. Ambos fueron desechados.
Apenas el viernes 27 de febrero, por disparos de oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana, California, fue muerto Ernesto Javier Canepa.
Fuente: La Jornada
