Seguir adelante con una demanda que exige representación jurídica para inmigrantes menores de edad que enfrentan deportación crearía un efecto “imán” en la frontera, advirtieron el miércoles abogados del gobierno federal.
Un juez federal en Seattle escuchó los argumentos de los abogados involucrados en una demanda legal interpuesta en julio por una coalición de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que afirma que la mayoría de los menores en procesos de deportación carecen de abogados defensores, y que eso viola la Constitución.
Los grupos, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Northwest Immigrant Rights Project, afirman que los niños tienen derecho al debido proceso de conformidad con la Quinta Enmienda.
El gobierno se opone a la exigencia en la demanda, argumentando que eso alentaría a más menores a viajar a Estados Unidos sin atender los trámites migratorios debidos, entre otras preocupaciones.
“Crearía un efecto imán”, dijo el vicefiscal Leon Fresco, que añadió que sería improbable que el Congreso otorgue el dinero necesario para brindar representación jurídica.
El juez federal Thomas S. Zilly no emitió el miércoles un fallo sobre la demanda presentada a nombre de ocho menores que entraron en el país sin autorización legal. Tres de los menores tendrán el jueves una audiencia ante la corte.
Si bien el flujo de miles de niños que viajan a la frontera sur sin acompañantes desde México y Centroamérica ha decrecido recientemente, el impacto del aumento este verano se ha resentido en todo el país. El incremento saturó varios puntos de cruce fronterizo y centros de retención, y generó acaloradas protestas y disputas políticas. En respuesta, funcionarios federales están acelerando los procedimientos judiciales de deportación para menores detenidos en la frontera.
“Es innegable que miles de niños están pasando por este proceso y están siendo deportados”, dijo Matt Adams, del Northwest Immigrant Rights Project, con sede en Seattle.
La demanda fue presentada en la corte federal de distrito en Seattle en nombre de los ocho menores, cuyas edades fluctúan entre los 10 y los 17 años y que viven en la región del Pacífico Noroeste y California. Varios de ellos viajaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus países, una de las razones detrás del aumento de la llegada de decenas de miles de menores a la frontera sur recientemente, de acuerdo con la demanda.
En la actualidad, bajo una ley federal, el gobierno no requiere proporcionar representación jurídica para inmigrantes no autorizados de cualquier edad y que enfrenten la deportación. Sin embargo, los inmigrantes pueden contratar abogados o buscar representación legal gratuita.
“El derecho a un abogado no ha sido negado”, indicó Fresco.
Los abogados del gobierno también argumentaron que la corte de distrito carece de jurisdicción sobre este caso.
Además de exigir al gobierno proporcionar representación jurídica a los menores de edad, la demanda busca además la certificación de querella colectiva a fin de incluir a otros niños inmigrantes.
El juez decidió no emitir un fallo respecto a la certificación ni una orden preliminar que frene las audiencias de deportación programadas para esta semana.
Fuente: AP
