Casi 2.000 menores y sus madres siguen retenidos en centros de detención abiertos tras la oleada migratoria de 2014 en Texas
El plazo fijado por una juez para que el Gobierno estadounidense libere a los menores de los centros de detención para familias abiertos tras la oleada de inmigrantes centroamericanos del año pasado se cumplió este viernes sin que hubiera señales visibles de que las autoridades están cumpliendo la ordenanza.
La decisión de la juez Dolly Gee era clara: el Gobierno tenía hasta este 23 de octubre -después de haber concedido una extensión del plazo- para poner en libertad a los menores indocumentados recluidos por más de 20 días.
El fallo de la magistrada de California, que data de julio, determinó que, al meter a los menores y sus familiares en centros de detención tras su aprehensión en la frontera, en algunos casos por más de un año, EE UU está violando el acuerdo “Flores versus Meese”. Esta decisión, que data de 1997, prohíbe enviar a menores a centros de detención que no cumplan unos requisitos mínimos y que exige también que se dé prioridad a su puesta bajo la custodia de un familiar o guardián legal.
Los centros de Karnes y Dilley en Texas son los que alojan la mayoría de los casos afectados por la orden judicial. Actualmente hay 394 personas en Karnes y 1.578 en Dilley, según datos del gobierno facilitados a EL PAÍS. En un informe presentado la víspera en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) critica duramente tanto las condiciones en esos centros como la práctica oficial de detener de forma “arbitraria y automática” a los menores y sus familiares que cruzan ilegalmente la frontera estadounidense.
Según el proyecto CARA, por el que abogados trabajan en la defensa gratuita de indocumentados, cerca de 195 familias han permanecido en estos centros por más de 20 días. “El Departamento de Seguridad Nacional no ha tomado los pasos necesarios para cumplir con la orden de la corte”, denunció este viernes la organización.
“El Departamento de Seguridad Nacional ha trabajado diligentemente para cumplir con todos los aspectos de la orden del tribunal”, replicó Jennifer Elzea, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las autoridades federales, que han objetado la decisión de la juez Gee, se han aferrado a una de las cláusulas del fallo de la magistrada para intentar evitar tener que poner en libertad a los indocumentados retenidos en estos centros.
En su fallo, Gee especifica que, si los menores no pueden ser liberados y puestos en manos de un familiar, deberán permanecer en establecimientos con licencia para cuidado infantil. En Texas, el responsable de otorgar estas licencias es el Departamento de Familias y Protección. En septiembre, emitió una norma de emergencia que exime del cumplimiento de estándares mínimos a los centros de Karnes y Dilley, que están administrados por empresas privadas. Entre otros, la decisión estatal les permite a estas empresas no cumplir las normas de separar la residencia de niños y niñas ni permitir más de cuatro personas por habitación, entre otras condiciones.
De este modo, el estado puede convertir los centros de Karnes y Dilley en establecimientos con licencia para el cuidado infantil, con lo que sobre el papel estaría cumpliendo con la decisión de la juez Gee.
Grupos de derechos civiles como Grassroots Leadership iniciaron sin embargo una demanda en contra de la medida. Más de 39 organizaciones de derechos civiles se unieron en una carta para exigir al gobernador de Texas, Greg Abbott, que no otorgue las licencias.
“Esto es inaceptable y el estado le negó a los residentes de Texas la oportunidad de comentar en este tema”, aseguró Cristina Parker, directora de programas de inmigración para Grassroots Leadership. “Texas usó reglas de emergencia no para proteger a los niños, sino para proteger al gobierno federal mientras enfrenta una condena de las cortes y el público”.
En la carta, las organizaciones afirman que Texas está exponiendo a los menores a “situaciones de abuso”.
“Esto será un reflejo de que el estado estará cediendo a la presión del gobierno federal y apoyando una práctica vergonzosa”, acusó Jonathan Ryan, director ejecutivo de RAICES.
Patrick Crimmins, portavoz del Departamento de Familias y Protección de Texas, aseguró a EL PAÍS que “no se han otorgado las licencias, hasta ahora”. Lo más probable, explicó, es que eso suceda en diciembre. La agencia comenzó a realizar inspecciones a los establecimientos este mes.
Mientras, la prensa local asegura que decenas de familias están siendo trasladadas desde los centros de detención en Texas a un tercero situado en Pensilvania, pero fuentes del Gobierno consultadas al respecto no quisieron confirmar ese extremo.
Fuente: El País
