Por Pedro Miguel
Te quejas amargamente, apreciado Servicio de Administración Tributaria (SAT, para los amigos) porque cinco millones seiscientas mil personas físicas (40 por ciento del total) no quieren pagar impuestos, lo que los hace merecedores a ingresar en la categoría causantes de riesgo con niveles de peligrosidad alto, medio y bajo. En cuanto a causantes empresariales, de un total de un millón 316 mil, 227 mil son deriesgo bajo, un millón 41 mil, de riesgo medio, y 47 mil 384, de riesgo alto. Eso quiere decir, nos cuentas, que millones de contribuyentes cautivos y de compañías se la pasan calculando la manera de omitir el pago de impuestos mediante engaño o aprovechamiento de errores, declaraciones de ingresos menores a los realmente obtenidos y simulaciones de operaciones inexistentes. Y nos dices que la respuesta de la autoridad ha sido ejecutar órdenes de aprehensión por delitos fiscales como contrabando, defraudación y otros que le han costado a Hacienda poco más de 200 millones de pesos (La Jornada, 7/4/14, p. 29).
Hay que empezar diciendo, estimado SAT, que te equivocas palmariamente: aquí y en China el 100 por ciento de los causantes odia pagar impuestos; no por nada éstos se llaman como se llaman. Por eso las declaraciones son siempre un juego entre la autoridad fiscal y el particular, en el cual la primera trata de convencer al segundo de que aplique literal y estrictamente el código y le entregue 100, el segundo busca todos los resquicios posibles para dar 0, y todo queda en un 50. En ese regateo, ambas partes ejercen un gran margen de discrecionalidad porque todo mundo buscará meter un paquete de chicles como deducible –rubro gastos de viaje, por ejemplo–, sabiendo que no lo es y, en rigor jurídico, tal acción puede ser considerada evasión.
Lo que se ha dado en llamar cultura fiscal es en realidad, mi buen, la resignación social ante poderes establecidos y una tácita moderación de ambas partes en el rigor y la laxitud a la hora de leer los reglamentos. Esos acuerdos entre gobernantes y gobernados requieren, sin embargo, de que los primeros cumplan con una porción razonable de sus deberes legales, es decir, que cuenten con coartadas mínimas para exigir a la población que colabore en el mantenimiento de unas instituciones que de algo sirven a la colectividad.
El problema en México, querido SAT, es que al grueso de la población el gobierno no le sirve para nada: no cumple con sus obligaciones constitucionales de garantizar la educación universal y gratuita, brindar servicios de salud (aunque tu jefe Peña Nieto presuma de que 120 por ciento de los mexicanos ya cuenta con ellos), dar seguridad pública, hacer efectivo el derecho al trabajo, procurar e impartir justicia digna de ese nombre, cuidar la soberanía nacional, legislar con probidad y sentido de nación, proteger la planta productiva (¿habrás oído hablar de una empresa que se llamaba Mexicana de Aviación?), garantizar el derecho al libre tránsito. Y de promover la cultura mejor ni hablamos.
Tal vez no hayas pensado que la disposición ciudadana a pagar impuestos se ve impactada en forma negativa por la desviación de fondos priistas (aportados por todos los contribuyentes) para el pago de servicios sexuales para solaz y esparcimiento de gerifaltes del tricolor.
Lo mismo ocurre con el gasto multimillonario en una propaganda mentirosa sobre reducciones en los precios de la electricidad y el gas a cambio de que el país se dejara robar su petróleo; con los cientos de miles de millones de pesos que se han gastado el IFE y el tribunal electoral en organizar y calificar elecciones sin limpieza, equidad, credibilidad ni confiabilidad; con los impuestos que se irán a liquidar los 10 mil millones de pesos que cuesta el nuevo avión presidencial (el más caro del mundo, diez veces más que la aeronave presidencial brasileña y cuatro veces más que el A330 empleado por el jefe de Estado de Francia); con el ingreso mensual de 233 mil 216 pesos y 16 centavos que se otorga mensualmente al sempiterno señor presidente de una comisión oficial, Basilio González, para que año con año lleve a cabo la abnegada tarea de agregarle dos pesos al salario mínimo; con los tres mil 334 millones de pesos que le condonaste el año pasado a Televisa, y que son 16 veces más de lo que te han costado las raterías fiscales de los contribuyentes a los que metiste a la cárcel por defraudación.
Son sólo algunos ejemplos, pero admitamos que, salvo el último, ningún otro es de tu incumbencia y que tú te limitas a cumplir órdenes superiores. Por lo demás, nos haces el inmenso favor de mantener gratuitos los trámites de pago de impuestos y el resto no es tu bronca. Pienso que somos ingratos, que no te merecemos y que serías mucho más feliz si vivieras en Finlandia.
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Fuente: La Jornada
