Entre el primero y último año de la administración de Felipe Calderón, el Gobierno federal triplicó el número de líneas telefónicas espiadas legalmente para investigar y combatir a las organizaciones criminales. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) intervino 3 mil 101 líneas telefónicas, previa autorización de los jueces especializados en medidas cautelares.
Sin embargo, mientras que en 2007 las autoridades judiciales giraron 20 órdenes para intervenir las comunicaciones privadas de 379 líneas, en los primeros 10 meses de 2012 se reportaron 175 autorizaciones para espiar legalmente mil 279 teléfonos, publica Reforma.
Los juzgadores tienen promedios muy altos en la concesión de esta medida cautelar, casi comparable con los arraigos, pues en el periodo mencionado recibieron 476 solicitudes; autorizaron 443 y negaron 33, es decir fueron concedidas en el 93% de los casos.
“Lo anterior se traduce en la solicitud para intervenir 3 mil 581 números telefónicos, que autorizaron sólo 3 mil 101 casos y negaron 480 intervenciones, por lo que la efectividad de la SEIDO con los jueces en el rubro de líneas telefónicas es de 86.5%”, según el rotativo.
“Si se observa la evolución estadística de esta medida cautelar, se advierte que sólo en 2008 y 2009, entre la salida de Noé Ramírez Mandujano y la llegada de Marisela Morales a la SEIDO, decreció el número de líneas telefónicas intervenidas, pues en esos años sólo fueron 17 y 61, respectivamente”, se explica en la nota de Reforma.
Sin embargo, a partir del 2010 las líneas telefónicas intervenidas fueron 528, al año siguiente 837 y en los primeros 10 meses del 2012 se autorizó la vigilancia de mil 279 líneas.
Así como Omar Fayad, miembro de la Comisión de Justicia del Senado, criticaron que el uso del espionaje legal no se traduzca en expedientes judiciales sólidos.
Fayad dijo estar de acuerdo con el uso de esta medida cautelar, sin importar si se trata de sus teléfonos los que deban estar intervenidos, siempre y cuando la PGR consiga el propósito de detener a los responsables.
“Si el número sube este año, mejor, porque quiere decir que están trabajando, y si el resultado son gente consignada, bien justificado”, cita Reforma.
