Por Jesús Cantú
Hace poco más de tres años se aprobó la reforma laboral –la primera de las llamadas reformas estructurales que, según sus promotores, catapultaría el crecimiento económico del país y mejoraría sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos– pero los indicadores de la economía mexicana muestran que, hasta el momento, nada ha cambiado.
El presidente Enrique Peña Nieto (como antes hizo su antecesor Felipe Calderón) se aferran a los datos de creación de empleos y defienden el bajo crecimiento argumentando que otros países incluso decrecen.
Calderón, por ejemplo, señalaba en su último informe, en septiembre de 2012: “Hoy, México está en la ruta del crecimiento, a diferencia de lo que se ha visto en otras naciones”. Usó ese argumento para defender un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 2% anual.
A su vez, el martes 23 Peña Nieto justificó el crecimiento de 2.5% en 2015, que acababa de dar a conocer el Inegi, lo que significa que, en promedio, durante su gobierno el PIB ha aumentado 2% cada año: “Ciertamente todavía no en los números o en el nivel que quisiéramos estar, pero lamentablemente en el contexto mundial en donde hoy hay desaceleración económica, aquí estamos creciendo, cuando en gran parte del mundo los países no lo están haciendo; y muchos otros, incluso, no sólo no crecen, sino su economía ha decrecido”.
También los dos se compararon con sus antecesores para magnificar la variación en el número de empleos. Calderón apuntó en su último informe: “A pesar de la crisis económica global, en lo que va de esta administración se registró un máximo histórico en el número de afiliados al IMSS, al crearse un millón 859 mil 563 plazas formales, más del doble que en el mismo periodo de la administración anterior”.
Por su parte, Peña Nieto declaró el 9 de octubre del año pasado, al participar en la Semana Nacional del Emprendedor 2015: “Si midiéramos el empleo que se ha generado en estos primeros 34 meses de un millón 614 mil empleos, comparado con los empleos creados en las cuatro administraciones anteriores, en el mismo periodo evaluado, en los primeros 34 meses, ésta es la cifra de empleos más alta comparada en las cinco últimas administraciones”.
Pero lo que ninguno de los dos aclara es la calidad de los empleos, pues de acuerdo con un análisis realizado por Héctor Magaña, coordinador de análisis del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, difundido por el periódico regiomontano El Norte, en su edición del pasado miércoles 24, “entre el cuarto trimestre de 2014 y el mismo período de 2015 se agregaron 891 personas al total de trabajadores que perciben sólo un salario mínimo (…) mientras que el número de quienes ganan hasta dos salarios mínimos aumentó en 628 mil”.
De esto se puede deducir que gran parte de los nuevos empleos implican una remuneración, cuando mucho, de dos salarios mínimos, que de acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), significa “una remuneración ligeramente superior al umbral de la pobreza extrema”, ya que México es el único país de América Latina donde el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con el análisis antes citado, un total de 7.6 millones de trabajadores reciben sólo un salario mínimo; y 12.7 ganan hasta dos salarios mínimos, así 20.3 millones de trabajadores perciben un ingreso por debajo o en el mismo umbral de la pobreza extrema.
A estos datos hay que agregar que, según las cifras del Inegi, el empleo informal entre el último trimestre de 2014 y el mismo periodo de 2015 creció en 1.14 millones de personas, lo que significa un incremento de 4%, para llegar a 30.5 millones personas (58.8% del total de la población ocupada); y que otras 4.4 millones de personas se encontraban subocupadas, es decir, no trabajaban 40 horas a la semana. En este contexto se entiende por qué 63.8 millones de mexicanos (3.2 millones más que en 2012) recibieron ingresos por debajo de la línea de bienestar, como reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en julio del año pasado.
Las últimas medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y el gobernador del Banco de México, a pesar de que no afectan los programas sociales –como reiteradamente repiten los integrantes del gabinete federal– sí impactarán el crecimiento económico estimado para 2016. Todo indica que, en el mejor de los casos, se situará entre 2 y 2.5%. En contrapartida, la devaluación del peso frente al dólar ya llega casi a 50% desde el inicio del sexenio; el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó el monto más alto desde que se tiene registro, y la deuda pública ha crecido en más de 33% desde el inicio del sexenio.
Así parece que las buenas noticias asociadas a las promesas que se hicieron con las reformas estructurales se limitan a la disminución de las tarifas telefónicas y eléctricas; las primeras, producto de la apertura en telecomunicaciones y las decisiones del órgano regulador, y las segundas, por la elevación del subsidio a la Comisión Federal de Electricidad.
Aunque desde el inicio se señaló que el mayor impulso en el crecimiento económico se daría hasta el último año del sexenio, no contaban con el derrumbe en los precios de los hidrocarburos, que hoy pone en riesgo incluso la inversión de las concesiones ya otorgadas en la llamada ronda 1.
En este contexto de desesperación por los magros resultados económicos, el gobierno sigue apostando a la reforma energética y, por ello, acelera el paso y se brinca etapas, aunque el entorno internacional sea desfavorable. La desesperación jamás es buena consejera y las consecuencias pueden ser muy lamentables.
Fuente: Proceso
