En respuesta a los cuestionamientos que los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano hicieran al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en una reunión que sostuvieron el pasado 2 de mayo, sobre las reformas educativa, hacendaria, política-electoral, energética y en telecomunicaciones, el gobierno federal contestó dichos cuestionamientos.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó las respuestas a la Conferencia del Episcopado Mexicano, las cuales abordan de forma detallada las principales reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.
Respecto a la reforma en materia político-electoral, el gobierno federal explicó que pese a que en el país se vive en una democracia electoral en la que el derecho al sufragio se ejerce con efectividad, el régimen político y las reglas electorales necesitan cambios para incentivar la construcción de acuerdos.
En ese sentido, el gobierno explica que se trata de fomentar una mayor participación ciudadana y celebrar elecciones más equitativas, competitivas y transparentes.
Por ello, con el propósito de consolidar una democracia de resultados, se aprobó la Reforma Constitucional en materia política- electoral que realiza los siguientes cambios: modificaciones al régimen político, a la autoridad electoral.
El gobierno de la República también explicó a los prelados que la reforma energética busca modernizar el sector energético para promover la inversión, la asimilación de tecnología, la productividad, así como para aumentar los ingresos del Estado y canalizarlos a programas sociales, crear empleos y aumentar la competitividad de México.
“El objetivo de la Reforma es aprovechar nuestros recursos naturales con el fin de impulsar un desarrollo equitativo, armónico y sostenido en beneficio de las familias mexicanas”, detalló.
En el caso del tema de telecomunicaciones, se explicó que en el país este sector tiene una elevada concentración, lo que limita el desarrollo económico, social y cultural del país, y genera ganancias extraordinarias en detrimento del bienestar de la población.
La reforma constitucional en telecomunicaciones, añade la explicación del gobierno federal, contiene nuevos derechos fundamentales para integrar a México a la sociedad de la información y el conocimiento.
“Las telecomunicaciones y la radiodifusión son ahora servicios públicos de interés general, que deben prestarse en condiciones de competencia efectiva, calidad, buenos precios, cobertura universal, acceso libre y sin injerencias arbitrarias; se debe propiciar la cultura, la oportunidad y la pluralidad de la información.
Dentro de los objetivos, se encuentra el lograr que, en condiciones de competencia efectiva, por lo menos 70% de todos los hogares y el 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, tengan acceso a Internet de banda ancha, con calidad y precios competitivos.
Fuente: El Universal
