Por Luis Javier Valero
Conforme se acerca el inicio de la campaña electoral crece el encono entre las dos principales fuerzas políticas de la entidad, el colmo lo constituyó el aún no resuelto asesinato de Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, el fin de semana anterior en la capital chihuahuense, cuyos cuerpos fueron encontrados cerca del libramiento oriente con tiros de gracia, amordazados y atados.
Martín Colmenero fue presidente de la Comisión de Doctrina, ex candidato por el distrito 16 en el año 2010, delegado de la Reforma Agraria y elegido consejero Estatal del PAN en las elecciones internas del 2014; también recibió el Premio a la Juventud “Agustín Melgar” en 2009, de manos del entonces alcalde Carlos Borruel. A su vez, Aguilar Siller era militante desde el año 2011.
Cuando aún la autoridad investigadora no presentaba informe alguno sobre las pesquisas, varios de los diputados federales priistas se adelantaron y al tiempo que ofrecían sus condolencias a los panistas y a las familias de las víctimas, advertían que era un tema que podía ser “politizado” y se lamentaban que así pudiera ocurrir.
Por supuesto que sus contrapartes acusaron al clima de inseguridad prevaleciente en la entidad, fruto de la incapacidad del actual gobernante. A su vez, el mandatario estatal y diversos funcionarios públicos y partidistas argumentaron el mejoramiento de la seguridad pública en Chihuahua y expusieron como evidencia extrema el crecimiento de la inversión privada y del empleo en el estado.
Hasta ahí se podría plantear que la controversia estaba dentro de los límites “normales”; pero el fiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz Ortiz, seguramente queriendo aparecer como muy eficaz, informó públicamente que el doble crimen de los militantes del PAN, tenía un móvil presuntamente pasional, derivado de la relación homosexual y sentimental que mantenían ambos, aderezado porque, además, dijo, Colmenero mantenía, o mantuvo relaciones homosexuales con otros dos hombres.
Y ardió Troya. Con ello la homofobia, de uno y otro lado.
El fiscal cometió una imperdonable falta, está impedido legalmente a informar de un asunto que está bajo investigación; además, cometió diversas infracciones a las leyes, a la de Atención y Protección a Víctimas del Estado, a la de protección de datos, etc.
¿Qué pretendía al otorgar esa información? ¿Que la comunidad le ayudara a localizar a las personas señaladas? ¿Cómo, si ni siquiera dio a conocer los nombres?
O, peor aún ¿pretendía desactivar las previsibles acusaciones del panismo, de posibles motivaciones políticas en los homicidios?
¿Acaso recurrir a una de las estratagemas, usadas muy frecuentemente en el pasado, cuando, para desacreditar a un político, se le calificaba de homosexual?
¿Qué caso tenía informar de esa línea de investigación, incluso si fuera la cierta –cosa que todavía a estas horas no se ha demostrado– a sabiendas de que podría desatar, como lo hizo, una hiperreacción del panismo, y de algunos otros sectores de la sociedad?
La homofobia en todo lo alto.
De aquellas características fue la reacción del panismo. Pero no sólo, a juicio del escribiente también cayeron en la homofobia, pues deploraron, en voz de la diputada federal, Rocío Reza, en la Cámara de Diputados, que se diera a conocer esa línea de investigación “por demás absurda”, diría en una conferencia de prensa, al tiempo que pidió la destitución del fiscal Almaraz, porque busca “desprestigiar (a) los panistas asesinados, Martín Colmenero y Francisco Javier Aguilar, con argumentos de que fue un crimen pasional”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 27/III/15).
Fue explícita, dijo que “No vamos a permitir que traten de empañar la imagen de jóvenes inocentes a quienes les arrebataron la vida. El Gobierno por tratar de seguir simulando sus logros, en un área por demás irreal, ha sido capaz de dar una versión con elementos sin fundamento, atentando contra los derechos humanos y sin tener mayor recato al dolor de sus familias”. (Ibídem).
Es decir, dar a conocer, en su versión, que las víctimas eran homosexuales es un intento por “empañar la imagen” de los jóvenes.
Más. Dijo que “En Chihuahua el mensaje es: después de muerto viene el desprestigio, se pierde la dignidad y el buen nombre”.
Todo porque la autoridad presume la homosexualidad de los caídos.
No cayó en tales señalamientos el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, César Jáuregui Moreno, quien afirmó que la Fiscalía perdió credibilidad “con los comentarios torpes y homofóbicos del funcionario. Ahora a los familiares de los finados debe preocuparles lo que la autoridad vaya a decir”.
Y con tal de defender a la causa partidaria, sin importar cuántas fallas cometan los funcionarios públicos emanados de su partido, la también diputada federal, pero del PRI, Minerva Castillo Rodríguez, pidió que la sociedad se solidarizara “en este asunto y dejar que las investigaciones se den de manera conveniente, como está ocurriendo”. No pasa nada, todo está bien.
Todo ello a pesar de que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, también presumió una probable violación a la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado.
Interrogado acerca de la petición de la diputada Reza, el fiscal Almaraz insistió en que la única línea de investigación que se sigue es la del crimen pasional y prometió resultados muy prontamente.
Sin embargo, la falta cometida por el fiscal no motivó la menor autocrítica en la administración estatal. El secretario de Gobierno, Mario Trevizo, afirmó que la continuidad del funcionario no dependía de presiones. Mas aún, aseveró que la “instancia estatal no sucumbirá ante presiones de grupos”, como si quienes pidieron la renuncia del funcionario fueran un grupo cualquiera de la sociedad y no la segunda fuerza política de la entidad.
No pareciera que la contienda electoral se vaya a desarrollar en los marcos de la civilidad democrática; las descalificaciones serán el eje central de las campañas y echarán mano de todos los recursos a su alcance.
En esa orientación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio una invaluable ayuda al PAN estatal; la Sala Especializada del Tribunal “levantó la suspensión que el Instituto Nacional Electoral (INE) había decretado contra los spots del PAN donde critica al Gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte”. (Nota de José David Estrada, Reforma, 27/III/15).
La resolución fue sobre los spots del PAN transmitidos en el ámbito nacional, por decisión de la directiva encabezada por Gustavo Madero, quien decidió que no se difundieran, en Chihuahua, los spots “nacionales”, sino los que, basándose en la denuncia presentada por Jaime García Chávez, acusan al gobernador César Duarte de enriquecimiento ilícito y con los recursos habidos por esta vía convertirse en accionista de Unión Progreso.
Inicialmente, la Comisión de Quejas del INE había ordenado “bajar” los spots. Los magistrados del TEPJF consideraron que están “apegados a la libertad de expresión y que no tienen como fin principal promover la plataforma electoral del partido”. (Ibídem).
Pero este caso puede dar un vuelco. Un día antes del inicio de la asamblea nacional bancaria el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, aseguró que la CNBV no encontró problema en la autorización para la creación del banco Unión Progreso.
Textualmente, en lo que pareciera ser el predictamen sobre la denuncia, González Aguadé afirmó que “… En lo que a nosotros nos corresponde por ley y norma revisar, no encontramos ningún problema en esa autorización; no porque sea o deje de ser gobernador está imposibilitado para ser socio, además, como se sabe, ese dinero estaba dentro de un fideicomiso constituido con su dinero.
Lo revisamos y así estaba aprobado por las diferentes autoridades: Secretaría de Hacienda y Banco de México y, al final, la junta de gobierno que le dio la autorización. Por nuestro lado y hasta donde podemos llegar dentro de nuestra esfera de competencia, no había ningún problema”.
La declaración del funcionario bancario tiene un inmenso valor. Esa institución debe investigar la licitud de los recursos económicos aportados por los integrantes de los nuevos bancos a integrar y, además de realizar sus propias investigaciones, la unidad financiera de la PGR (dependencia que se supone está realizando la investigación sobre la denuncia presentada) debe basar una buena parte de sus investigaciones en los dictámenes de la CNBV.
Pero a final de cuentas, y no obstante que se trataba, así lo decían todos sus fundadores y principales impulsores, de un esfuerzo ciudadano, la fundación de la Unión Ciudadana, nacida, decían, para combatir la corrupción de la presente administración, se convirtió en la principal bandera electoral del PAN en Chihuahua.
Y seguramente lo será en el curso de las próximas semanas, que se constituirá en una candente preparación de la campaña electoral del próximo año, la elección que más les importa a los principales actores políticos locales y a la que los priistas locales entran con algunas desventajas, una de ellas la escasa importancia que la dirigencia nacional les asignó en la contienda de este año, reflejada en que por la vía plurinominal Christopher James Barousse fue ubicado en el lugar 11 de la lista de la circunscripción en que se encuentra Chihuahua.
Pero de los primeros 12 lugares (los que pueden acceder por el PRI a la Cámara de Diputados, a menos de que este partido perdiera una gran cantidad de distritos, como en el año 2000 cuando César Duarte llegó por primera vez a la diputación federal a pesar de ser el número 16 de la lista), tres son de Sinaloa (lugares 1, 3 y 12); tres son de Jalisco (4, 5 y 9); dos de Baja California (7 y 10), y uno por cada entidad: Baja California Sur (2), Durango (6), Sonora (8) y Chihuahua en el número 11, en auténtica zona de riesgo de no entrar, si el PRI obtuviera los triunfos que sus dirigentes y Peña Nieto avizoran, pero que las encuestas, todas, desmienten.
