Por Luis Javier Valero Flores
Inmersos en el proceso de entrega-recepción de los diversas instancias de gobierno, asoman, ya, los primeros indicios de lo que puede ocurrir en el corto plazo en el ámbito del quehacer público.
No será una etapa tranquila, al contrario, mucho dependerá de lo que suceda al interior del todavía partido gobernante en Chihuahua –y ya no el mayoritario, en virtud de los resultados electorales del pasado 5 de junio–, al que el futuro no pareciera depararle buenas noticias, al contrario.
¿Ese futuro será el ahora representado por el excandidato a diputado, Fermín Ordóñez, quien lideraba a un grupo de jóvenes en la noche del 15 de septiembre en la Plaza del Ángel, prestos a impedir cualquier protesta en el curso de la ceremonia local del Grito de Independencia? ¿O ese mismo Ordóñez dando cuenta de supuestas incongruencias de la declaración patrimonial de Javier Corral?
¿O será el representado por las reflexiones de Leonel Castro Reyes en su columna publicada en el Facebook?
¿El grupo político que se va del gobierno en tan desangeladas condiciones intentará mantener el control de lo quede del aparato priista, del cual ni los vehículos aparecen, y tampoco los salarios de sus empleados? (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 16/IX/16).
¿Podrán construir una alternativa competitiva para las elecciones del 2018, para las que les importan directamente, las locales, que les permitieran recuperar espacios de frente al siguiente relevo gubernamental?
¿Cuál será la postura política que asumirán frente al gobierno de Corral?
¿Cuál será el perfil del nuevo gobierno? ¿Acaso el descrito por Javier Corral en la reunión de regidores y síndicos electos, en el que anunciara que, ante perfiles semejantes, para ocupar cargos en la administración estatal, tendrían prioridad los militantes del PAN?
¿Avanzaremos, en Chihuahua, en la construcción de la transición democrática en el siguiente quinquenio?
¿Será capaz, la coalición gobernante, de iniciar un profundo proceso de transformación democrática de Chihuahua?
En ese esfuerzo y esa orientación, ¿qué papel jugarán los diputados del PRI –los cinco, en caso de que no se cambie la asignación de las diputaciones, u ocho en caso contrario–, las respaldarán, o simplemente harán lo necesario para, al mismo tiempo de oponerle trabas al nuevo gobierno, tratar de constituirse exclusivamente en la oposición alternativa al gobierno de Corral?
Es un error pensar que las elecciones las perdió el PRI solamente a causa de sus errores, o fundamentalmente los de los del equipo gobernante –al que dejaron actuar con plena libertad–.
No, este partido ha quedado a deber a la sociedad chihuahuense una gran factura: el deterioro del entramado institucional, de la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones, en los políticos, en la política; la enorme desconfianza hacia el modo en que se ejercen los recursos públicos; el avasallamiento de la división de poderes (la formal, la que tenía una endeble existencia) el atropellamiento a la ciudadanización de los organismos autónomos, el desprecio a las manifestaciones ciudadanas, a sus quejas; el derroche y los actos faraónicos y, sobre todo, en el caso de la capital, haber destruido el sistema de transporte urbano.
Bueno, pues en todos esos asuntos –y muchos más– el PRI tiene una enorme deuda con la sociedad chihuahuense, su problema estriba no solamente en intentar recuperar los espacios perdidos, sino en el modo en que pueda recuperarlos.
Si opta por el viejo camino del patrimonialismo a través de las delegaciones federales y el presupuesto del gobierno de Peña Nieto, es decir, al viejo método del uso de las despensas y las minúsculas canonjías obtenidas de las dependencias gubernamentales, que le permitirán, a lo mejor, conservar a sus electores de las capas sociales más pobres, cosa que no es segura o, si por el contrario, se sube al vagón de las profundas reformas democratizadoras necesarias para Chihuahua.
Y en ello estriba el reto de Corral y su coalición gobernante: hacer la tarea, en Chihuahua, que ni Fox ni Calderón se atrevieron a abordar, el de la reforma del entramado institucional, que pasa, necesariamente, por otorgarle a la sociedad mayores espacios para compartir el gobierno, a través de la profunda democratización, no solo de las instituciones y organismos, sino, sobre todo, de los mecanismos de elección y designación de quienes deban asumir tareas de responsabilidad compartida en el gobierno, ejemplos de lo cual pueden ser la elección de los integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información; los denominados Consejos de Vialidad y Transporte; los necesarios para que acompañen y fiscalicen los procesos de licitación de la obra pública y proveeduría de los organismos gubernamentales; la reforma del informe del gobernador y los alcaldes, para convertir estos actos en verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y oportunidad para que se realice un verdadero debate entre los legisladores –receptores del informe– y el gobernante, del cual puedan extraerse verdaderas informaciones acerca de la gestión del mandatario.
La reforma a la norma que rige a los institutos municipales de planeación, para convertirlos en órganos especializados en la planeación urbana, blindados en dos aspectos, el de la obligatoriedad de sus resoluciones y el de la debida incorporación de las propuestas ciudadanas.
Y todas esas reformas –y otras– necesarias para la profundización de la vida democrática de Chihuahua, deberán ir de la mano del resto de la obra gubernamental la que, por las condiciones de las finanzas estatales, podrá estar disminuida, dado el elevado déficit que acarrean, del orden de los 4.5-5 mil millones de pesos.
No le será fácil a la nueva administración afrontarlo; pueden recurrir al apretón presupuestario –obligadamente– en el que encontrarán verdaderos nichos millonarios, que podrían significar ahorros de poco más de mil 500 millones de pesos, uno de los cuales –señaladamente– es el del gasto en comunicación social y el otro es el de la pesada y costosa operación gubernamental, en la que hubo ocasiones que era más costosa la inauguración y la difusión de determinadas obras, que la construcción de éstas.
El gobierno de Javier Corral se enfrentará al problema del enorme gasto educativo, de salud y seguridad pública, rubros en los que la actual administración ha presumido un enorme crecimiento presupuestario, particularmente en lo referente a educación media y superior, pero que se ha afrontado con los mecanismos del endeudamiento directo y el de la bursatilización de los ingresos carreteros, que para los efectos prácticos, ambos se consideran deuda, más allá de que no afectan los ingresos propios o los derivados del presupuesto federal.
Así, por lo menos en los últimos tres años el déficit presupuestal se subsanó con ese mecanismo, el reto de Corral será continuar o no en esa misma senda, así sea en cantidades menores, dados los niveles deficitarios del presupuesto.
Una de las primeras señales de su comportamiento lo ha dado su coordinador del equipo de transición, Gustavo Madero, quien declaró que “Habrá oportunidad de hacer otra bursatilización en el nuevo gobierno… siempre y cuando se hagan con la finalidad de sanear las finanzas y no para saldar deudas de corto plazo”. (Nota de Alberto Aguinaga Cruz, ahoramismo.mx, 6/IX/16).
Y todo lo anterior en medio de las elecciones del 2018, cruciales para el país pues será la oportunidad para que los nuevos gobernantes redefinan las reformas “estructurales” impulsadas por Peña Nieto, a todas luces un auténtico fracaso, y las de mitad de sexenio local, en las que el PRI, previsiblemente, intentará convertirse en una opción frente al PAN, de lo contrario, si pierde la presidencia de la república –cosa previsible– y no recupera sus posiciones locales, no tendrá el mejor escenario para recuperar la gubernatura en 2021.
Se abre, así, un momento político, ideal para las transformaciones democráticas en Chihuahua; Javier Corral deberá sopesarlo adecuadamente y actuar congruentemente; se trata, no solamente, de administrar bien el presupuesto, diseñar y ejecutar la obra pública necesaria –y posible– sino de encabezar la transformación democrática de Chihuahua, a través de una profunda actividad legisladora y de la incorporación de vastos sectores de la población interesados en el buen quehacer gubernamental.
A su vez, el panismo –así, en lo general– deberá asumir que sus triunfos electorales no les corresponden, ni siquiera mayoritariamente, que son el resultado del hartazgo de todo un pueblo a una forma de gobernar, que muchos de quienes ahora son funcionarios electos resultaron ganadores, casi, sin efectuar grandes campañas electorales –otros muchos sí las efectuaron, pero, igual, en el pasado las efectuaban así y el resultado era, mayoritariamente, la derrota– y que a la hora de elaborar y ejecutar políticas públicas deberá hacerlo no con base en la doctrina –ideológicamente hablando– panista, sino en los reclamos y aspiraciones de los chihuahuenses.
Eso esperamos muchos.
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