Por Alvaro Delgado
No es la Procuraduría General de la República (PGR), tampoco el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y menos José Antonio Meade y el PRI. El responsable del escándalo de corrupción contra Ricardo Anaya es uno: Se llama Enrique Peña Nieto.
Peña podrá no ser un hombre ilustrado, pero es políticamente hábil y si no es el orquestador para que la PGR y el SAT involucren a Anaya en lavado de dinero –un delito legalmente muy gelatinoso–, es responsable como jefe jerárquico de esas instituciones conforme a la Constitución.
Peña no es sólo jefe del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, un empleado, y del SAT, Osvaldo Santín, otro empleado, sino de otros personajes de peso que claramente están involucrados en la trama: El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz.
Hace tres meses, al iniciar enero, en este espacio se advirtió que el ascenso de Navarrete Prida a la Secretaría de Gobernación, al frente de un grupo de políticos mexiquenses que han estado al servicio de Carlos Salinas y Arturo Montiel, sólo consolida la línea de endurecimiento del gobierno de Peña y una operación de Estado para levantar e imponer a Meade, el anodino candidato priista.
Escribí: “La propia reincorporación de Javier Lozano Alarcón al PRI, quien tras 12 años de beneficiarse del PAN volvió a su entraña, explica también que las más sucias prácticas políticas se intensificarán, al mismo tiempo que se fortalece la alianza de Felipe Calderón con Peña, en un nuevo capítulo del amasiato que iniciaron ambos en la elección de 2006, con Margarita Zavala como un factor en el cálculo.
“No es fortuito que, además de Lozano Alarcón, una de las estrategas de Meade sea Alejandra Sota, la vocera de Calderón en la Presidencia de la República y contratista millonaria de Luis Videgaray, el personaje que articuló todas las relaciones del panista y Peña desde el Estado de México.
Añadí: “Navarrete Prida, que de suyo es un político truculento y que fue procurador de Justicia de Montiel –tío de Peña–, llega a la secretaría de Gobernación acompañado de dos personajes que, ni duda, operarán políticamente contra los opositores y en favor de Meade: Uno es el subsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales, y el otro Alberto Bazbaz Sacal, director general del Cisen.
“La relevancia de Bazbaz no es sólo por su actuación como procurador de Peña en el caso de Paulette Gebara Farah, la niña que primero dijo que fue asesinada, luego que plagiada y al final que se asfixió en el hueco de una cama que fue multirrevisada sin que nadie la haya visto, sino también por su cargo de responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada del combate y prevención del lavado de dinero.
“Bazbaz ha acumulado en ese cargo un arsenal de información que eventualmente será utilizado, en el curso de la campaña, como golpeteo o chantaje contra opositores, sobre todo estando al frente del órgano de espionaje del gobierno que, como se ha visto, está al servicio de los intereses políticos, no de la inteligencia para combatir a los grupos criminales”.
Ha quedado claro a qué llegó Bazbaz al Cisen y Navarrete a la Segob, por más que Peña y su vocero, Eduardo Sánchez, nieguen participación en la trama contra Anaya, con independencia de si éste cometió un delito que no le ha sido imputado y por tanto es, por ahora, una víctima a la que pronto se sumarán otros.
Este martes, Peña se quejó de la rigidez del marco legal para los servidores públicos en temporada electoral. “Prácticamente no podemos fijar posición, cuando la tenemos, sobre lo que ocurre en el proceso electoral”.
Pero esta es una coartada: Peña está más metido en el proceso electoral que el propio INE. Pero llama la atención que Anaya y sus allegados no lo identifiquen a él como el artífice de la que han llamado persecución, y sólo han promovido al encargado de despacho de la PGR.
Anaya nunca, jamás, ha dicho una sola palabra contra Peña. Siempre habla de la corrupción y de la ineptitud con generalidades y, si acaso, culpando al PRI.
Encubrir a Peña sólo alienta la hipótesis, que yo no creo pero que va tomando fuerza, en el sentido de que convertir a Anaya en un perseguido político es, en realidad, una maniobra torcida para convertirlo en el verdadero candidato contra Andrés Manuel López Obrador…
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Fuente: Proceso
