Por Luis Javier Valero Flores
Lo impactante, sí fue la nota informativa publicada el mismo día en la revista Proceso y en el periódico capitalino La Jornada. Por primera ocasión se develó en alguno de los medios de comunicación más importantes del país lo que ha sido la realidad cotidiana de los habitantes del occidente y del noroeste del país desde hace años: Los grupos criminales ahí asentados, en una vasta zona de la sierra Tarahumara.
No sólo existen, desde hace años imponen su ley; al paso de los años han ido conquistando cada vez más territorio.
En un buen número de municipios, los policías son designados por ellos o los dirigen; sus retenes resuelven acerca del tránsito de vehículos por las zonas por ellos vigiladas; llevan un control puntual de los vehículos existentes y de los visitantes, los que después de determinadas horas deberán dar cuenta de sus traslados.
Eso era el pasado, ahora, de acuerdo con el reportaje publicado en ambos medios de comunicación, han resuelto ascender en la escala de sus aspiraciones, resolvieron ubicar a los suyos en algunas alcaldías:
“Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores del trasiego de droga, de acuerdo con la lista que dio a conocer el Comité Directivo Estatal del tricolor el pasado fin de semana.
Desde principios de febrero, antes de la emisión de la convocatoria del PRI, los aspirantes más fuertes a las presidencias municipales de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura recibieron mensajes intimidatorios, presuntamente del crimen organizado, ordenándoles no participar en los procesos internos ‘porque sólo habría un candidato’.
En Bachíniva, en el noroeste del estado, pistoleros identificados con Arturo Quintana, El 80, se encargaron de hacer llegar la advertencia. Para ese municipio sería postulada por el PRI Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que desde hace seis años tiene el control territorial en ese y otros municipios. En Namiquipa, Arturo Quintana aplicó el mismo método para respaldar la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza.
En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara, el precandidato que registró el PRI es Juan Miguel Salazar Ochoa. Semanas antes, a cuatro varones que tenían intenciones de buscar la candidatura del PRI les advirtieron: ‘Más vale que se calmen; el presidente municipal va a ser Juanito. Nadie más se apuntó, ni en el PRI ni en el PAN’, declararon a La Jornada habitantes de esa localidad, a condición del anonimato”. (Nota de Miroslava Breach Velducea, La Jornada, 4 de marzo de 2016).
Más aún, en Chínipas “competiría Juanito, sobrino del líder de Los Salazares. Abogado de profesión, Juanito es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazares, tras la detención, en noviembre de 2012, de su hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez”. (Ibídem).
Entre la lista de municipios con el mismo problema, se ubica a Buenaventura, Gran Morelos, Uruachi y Urique. A su vez, Mario Vázquez, presidente del Comité Estatal del PAN, identificó a los municipios de Chínipas, Bachíniva, Namiquipa, Buenaventura, Rivapalacio y Balleza, “por la injerencia directa de grupos criminales en el proceso electoral para renovar alcaldías”. (Ibídem).
Es de tal gravedad lo informado por las reporteras, es de tal magnitud lo que se advierte, por la información, que lo más deplorable será que el asunto se convierta en, sólo, parte de la controversia electoral, pues denota la aguda pérdida de espacios por las instituciones, a manos del crimen organizado y, también, que estamos frente a un escalamiento de los grupos criminales en la búsqueda de los espacios del poder institucional.
En otras palabras, podría decirse que algunas zonas de la entidad son vivo ejemplo de lo que se ha denominado “El Estado Fallido”, porque las instituciones del Estado mexicano han sido sustituidos por esos grupos, quienes pretenden, ahora, intervenir directamente en la designación de todos los gobernantes, por los menos a nivel municipal, y llegar a acuerdos con las autoridades del nivel inmediato superior, en aras de una supuesta gobernabilidad.
Hoy estamos frente a una etapa “superior”. De acuerdo a la información publicada y a lo que se sabe en la región, los jefes de los grupos delictivos están resolviendo, de facto, quiénes serían los candidatos del PRI en algunos municipios, por la vía de amenazar a los aspirantes priistas que son ajenos a sus pretensiones y obligando a que el resto de los partidos se desista de proponer candidatos a las alcaldías para que sólo se postulen los aspirantes que ellos resuelven.
Y tal parece que avanzan en sus pretensiones, por lo menos en el caso de Bachíniva y Chínipas, dos municipios gobernados por el PAN, este partido resolvió no postular candidatos a las alcaldías debido a las amenazas a sus militantes.
¿En cuántos ocurrirá lo mismo?
De ahí lo preocupante del giro imprimido al discurso de los principales protagonistas del PRI para enfrentar a quien aparece, hasta ahora, como su principal adversario, Javier Corral, del PAN.
Y no sólo. En medio de los señalamientos de la prensa del centro del país, acerca de las desapariciones ocurridas en Cuauhtémoc, el mandatario estatal, César Duarte, acusó al alcalde de esa ciudad, Heliodoro Juárez, a asumir una conducta permisiva, que ha llevado a que la policía municipal cuauhtemense, trabaje “para los intereses del crimen organizado”, como lo afirmó en el noticiero Primero Noticias, de Carlos Loret de Mola, de Televisa.
Ante ello, el diputado de Cuauhtémoc -emergido, como el alcalde Juárez, del PAN- Humberto Pérez Mendoza, recordó que el jefe de la policía municipal fue nombrado por el Congreso del Estado y que los exámenes de confianza por los que pasan los policías municipales son aplicados por la Fiscalía General del Estado.
La pregunta es obvia.
Cualquier ciudadano, de tener esa información en las manos, debiera denunciarlo, pero el gobernante no está en esa situación, está obligado no sólo a denunciarlo, sino fincarle cargos, no bastan los señalamientos públicos, si sólo en éstos, querrá decir que sus intenciones no son las de combatir las conductas delictivas, sino las del lucro electoral, de ahí que tales señalamientos se perciban, sólo, como un mecanismo para desprestigiar a los protagonistas del partido contendiente.
Lo mismo ocurre con otro señalamiento realizado inicialmente por el Gobernador Duarte, y del cual se han hecho eco, no sólo el candidato Enrique Serrano, sino hasta el mismísimo dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, el realizado en contra de Javier Corral, cuando, para atacarlo dijo: ‘‘Yo lo único que sé, es que los hermanos de Corral estuvieron en la cárcel por narcotraficantes”, en respuesta al anuncio de Javier Corral que, en caso de ganar, arrancaría proceso judicial en contra de César Duarte por corrupción.
Más cuidadoso de las formas, porque sabe que la prensa nacional recogerá puntualmente sus palabras, Beltrones lo acusa de tener un hermano narcotraficante.
Y lo hace con el mismo objetivo, el de descalificar al candidato panista.
Y aquí se hace necesario el emplazamiento: Ambos pertenecen al partido gobernante, los dos gozan -uno más que el otro- de la confianza del Presidente Peña Nieto ¿Porqué no le piden a la PGR que investigue si sus acusaciones son ciertas?
Además ¿No se darán cuenta que al hacerlo victimizan al candidato blanquiazul, amén de que éste y sus hermanos podrían demandarlos, en virtud de haber compurgado sus penas más de 14 años atrás?
La respuesta del PAN no es menos estremecedora. El dirigente estatal, Mario Vázquez, adujo que el gobernador Duarte tendría que responder, también, por los lazos familiares, pues quien fuera el jefe de la policía municipal de Ciudad Juárez en la administración del Teto Murguía, Saulo Reyes Gamboa, quien fue detenido por la policía norteamericana por tráfico de drogas, en ese momento “estaba casado con su sobrina Estela Gánem Duarte, hija de Carmen Sofía Duarte Jáquez, hermana del gobernador de Chihuahua”, dijo Mario Vázquez Robles. (Página oficial del Comité Estatal del PAN, 12/III/16).
Pensar que el asunto del narcotráfico es un tema trivial, que puede formar parte de las discusiones electorales sin más trascendencia, es negarse a realidades como las aquí relatadas de los municipios de la Tarahumara.
Los chihuahuenses hemos sufrido bastante como para que este tema sea, solamente, parte de las “chirinolas” de los partidos en temporada electoral.
