Autoridades mexicanas y estadunidenses estiman que en la década reciente han ingresado ilícitamente a territorio mexicano más de 2 millones 500 mil armas de fuego, y que ese trasiego, al igual que el incremento en la adquisición legal de armamento para abastecer a corporaciones estatales y municipales, beneficia a organizaciones delictivas y potencia los niveles de violencia en el país.
De acuerdo con cifras gubernamentales y de organizaciones civiles nacionales y de Estados Unidos, se considera que en México, de enero de 2009 a octubre de 2019, se han registrado 228 mil 584 homicidios dolosos, la mayor parte de ellos cometidos con armamento considerado de uso exclusivo de las fuerzas armadas, las cuales ingresaron ilícitamente al país y llegaron a manos de miembros de la delincuencia organizada.
Fue este panorama el que llevó a los gobiernos de ambos países a aplicar el operativo Frozen, que comenzó el 21 de diciembre pasado, con el objetivo de tratar de contener el flujo transfronterizo de armas.
En días pasados el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González, afirmó que de más de 2 millones de armas que se estima ingresaron ilegalmente al país se recuperaron 332 mil 689 mediante operativos de combate a los grupos delictivos, así como en las campañas de entrega voluntaria y a través de las cuales los ciudadanos intercambian despensas por sus rifles, armas de asalto, pistolas y cartuchos.
En ese panorama, faltan por asegurar o recuperar un millón 679 mil 884, la mayor parte consideradas de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Se estima que son utilizadas por grupos como el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y la organización de Los Zetas (en la cual uno de sus grupos se ha identificado como cártel del Noreste).
Datos de la Sedena refieren que en diez estados se concentra 71 por ciento de las armas que circulan ilegalmente en el país: Tamaulipas, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Chihuahua.
La mayor parte de estas entidades destacan por sus altos niveles de violencia generados por los grupos delictivos señalados, así como por La Familia Michoacana (y sus derivaciones como Los Caballeros Templarios, la Nueva Empresa y H-3), el cártel de Juárez (con su brazo armado La Línea), Los Rojos, Guerreros Unidos y Los Ardillos, que surgieron de escisiones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los informes gubernamentales nacionales refieren que 70 por ciento de estos artefactos provienen de Estados Unidos y el 30 por ciento restante de países europeos, destacando entre estos últimos, empresas que tienen sus centros de producción en Italia, España y Austria.
Reportes de noviembre pasado dados a conocer por la Sedena señalan que grandes cantidades de armas y cartuchos ingresan a través de los corredores San Diego-Tijuana; El Paso-Ciudad Juárez; Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros, y las investigaciones estiman que 41 por ciento de estos equipos se adquirieron en tiendas o ferias de armas en Texas, 19 por ciento en California, 15 por ciento en Arizona y el resto de otros puntos de Estados Unidos.
El tráfico de armas y dinero ilícito se realiza por las mismas rutas que los cargamentos de droga que son enviados desde México a Estados Unidos, ocultos en contenedores de enseres domésticos o productos enviados en ferrocarril y por carretera ocultos en camiones y vehículos particulares, ya sea en compartimentos especiales o dentro de los neumáticos.
Las armas procedentes de Europa ingresan por vía marítima en embarques que arriban a los puertos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, Altamira, en Tamaulipas, y Manzanillo y Colima.
El investigador y activista de los derechos humanos y la desmilitarización de la política estadunidense en América Latina, John Lindsay Poland, de la organización Stop US Arms to México, publicó recientemente un estudio denominado Cómo Italia alimenta la conflagración en México, en el cual dice que “en los pasados 12 años dicho país ha sido el segundo exportador de armas no-militares, rifles y municiones a México; muy lejos están otros exportadores importantes tales como República Checa, España, Francia, Austria, Bélgica, Corea del Sur e Israel. “En promedio, entre 2007 y 2018, México ha sido, después de Brasil, el segundo mayor cliente latinoamericano de armas militares producidas en Italia. Aparte de los sistemas grandes de armas fabricadas por Leonardo, el Grupo Beretta domina las exportaciones militares italianas a México”.
Y añade: “En el mismo periodo, Beretta vendió armas con un valor de por lo menos 50 millones de euros” a las fuerzas armadas mexicanas, y en su mayoría los embarques sirvieron para dotar de armamento a corporaciones municipales o estatales, pero destaca que parte del mismo llegó a grupos delictivos o fue utilizado en contra de integrantes de movimientos sociales.
En ese contexto, Lindsay Poland asegura que “los usuarios finales de armas Beretta incluyen a policías con historiales documentados de violaciones de los derechos humanos y de colusión con grupos de delincuencia organizada. Un ejemplo son los policías municipales que atacaron y desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Según el expediente judicial, estos policías estaban armados con 74 rifles de asalto SCP70/90 de Beretta.
“Recibos de comercialización de armas divulgados por Sedena indican que más de 6 mil 500 armas de Beretta fueron vendidas a policías en Guerrero entre 2007 y 2014. Esto, a pesar de la documentación de la colusión entre autoridades y células del crimen organizado, así como de los extensos abusos por parte de policías en ese estado”, refiere John Lindsay Poland, quien desarrolló la investigación junto con Carlo Tombola, del Observatorio Permanente de Armas Largas y Políticas de Seguridad.
Los investigadores destacan respecto al armamento que se adquiere a Beretta a través de la Sedena, que “hay un aspecto aún más desconcertante: desde 2006, más de 20 mil de esas armas han desaparecido, es decir han sido robadas y muchos de ellos hayan caído en manos de criminales”.
Estudios de organizaciones de México y Estados Unidos, como Stop US Arms to México, Center for American Progress y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coinciden: existe una correlación directa entre la importación de armas y el crecimiento en el número de homicidios cometidos en nuestro país a lo largo de la década pasada.
Sin embargo, los analistas señalan que sería poco efectivo que México tomara medidas más estrictas de control, pues este tipo de políticas no han funcionado para combatir otros tráficos ilícitos en la frontera norte, como es el trasiego de drogas, y para ello se requiere que Estados Unidos modifique su legislación e impida la venta de armas de grueso calibre a sus ciudadanos.
Fuente: La Jornada
