Por Ricardo Raphael
La amnistía tiene sus límites: los procesos judiciales que iniciaron antes de la actual administración continuarán su curso. Así lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un caso que es emblemático es el de la empresa Odebrecht, el cual, excepto en Venezuela y en México, tuvo consecuencias penales para muy altos funcionarios y políticos latinoamericanos.
La administración actual se halla impedida para dar la espalda a este escándalo: la investigación está terminada, los culpables han sido señalados, el expediente cuenta con una tonelada de pruebas, varias de las acusaciones no han prescrito y el daño, tanto al erario nacional como al sistema electoral, sería notorio.
El lunes 16 de octubre del año 2017 el exprocurador Raúl Cervantes Andrade pronunció un discurso ante el Senado donde mencionó sin ambigüedades que la dependencia a su cargo “había concluido la investigación del caso de corrupción más importante de América Latina”.
Dijo también que los delitos electorales y los delitos de corrupción debían combatirse con imparcialidad y que la fiscalía de delitos electorales (FEPADE), entonces encabezada por Santiago Nieto, era una institución eficaz que actuaba con absoluta autonomía.
Horas después de esa tonante pieza de oratoria, Raúl Cervantes renunció a su puesto y días más tarde Santiago Nieto fue apartado de su cargo como fiscal.
Mientras en otras naciones decenas de políticos, funcionario y hasta presidentes caían por el caso Odebrecht, en México –afirma Santiago Nieto– sólo dos cabezas rodaron desde la cúspide: la suya y la del procurador Cervantes.
Y paradójicamente ocurrió así porque hicieron bien su trabajo: durante la investigación realizada, la FEPADE confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recibió en cuentas propias, o de personas morales en las que él estaba de algún modo relacionado, alrededor de 16 millones de dólares (más de 300 millones de pesos) por parte de Odebrecht.
Estos depósitos se habrían realizado entre el 2010 y el 2014, de acuerdo con declaraciones de Marcelo Odebrecht, antiguo CEO de la empresa que lleva el nombre de su familia. Según testimonio de ese mismo personaje, las aportaciones a favor de Emilio Lozoya habrían tenido como objetivo patrocinar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a cambio de obtener jugosos contratos por parte de su gobierno.
En diciembre de aquel año Emilio Lozoya recibió la dirección de Pemex y existe evidencia de que Odebrecht fue una empresa beneficiada durante su gestión.
En su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2018), Santiago Nieto reconoce que, con las pruebas existentes, faltaba muy poco para demostrar el ingreso de recursos ilegales a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Sin embargo, fue justo en ese tramo de la investigación donde, de golpe, Cervantes presentó la renuncia y su sucesor corrió al fiscal responsable del caso.
Esta es la breve historia del primer capítulo en la investigación mexicana sobre la corrupción de Odebrecht.
El segundo capítulo está todavía ocurriendo: siete meses después de que Nieto fuera despedido, el candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2018 lo invitó a sumarse a su campaña y, una vez que obtuvo el triunfo, le ofreció que se hiciera cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El gesto político no puede pasar desapercibido: el fiscal que fue responsable de investigar a Lozoya es ahora el encargado de perseguir los casos más relevantes de corrupción a partir de los movimientos financieros realizados por antiguos y actuales funcionarios.
La expectativa presidencial pareciera clara: Lozoya será uno de los primeros casos de corrupción que López Obrador enfrentará con todo el peso de la ley.
Será así porque reúne varias características: 1) porque implica delincuencia electoral; 2) porque involucra actos de corrupción relacionados con el sector energético; 3) porque la investigación fue frenada desde muy arriba para asegurar impunidad; 4) porque internacionalmente es un escándalo que el caso Odebrecht no haya tenido consecuencias penales en México y; 5) porque el presidente requiere de al menos un caso relevante para confirmar que su lucha contra la corrupción va más allá de las palabras.
Argumenta Santiago Nieto en su libro que, aun si los delitos electorales en que incurrió Lozoya bajo la legislación vigente entre 2010 y 2014 podrían en su mayoría haber prescrito, el presunto delito de cohecho cometido por el exdirector de Pemex continúa vigente.
A menos que un evento extraordinario e impredecible ocurra, este año caerá Lozoya.
Fuente: Proceso
