Luego de siete años de su deportación, la defensora de derechos humanos de migrantes Elvira Arellano regresó a territorio estadunidense para solicitar una visa humanitaria debido a que es perseguida política en México. Arellano tiene dos hijos: uno de ellos nacido hace ocho meses en México y el otro de 15 años, originario de Estados Unidos. Con ambos cruzó la frontera para internarse a la Garita Internacional de Otay, California.
Antonio Heras/ La Jornada
Deportada en septiembre de 2007 tras ser detectada en una iglesia de Los Ángeles convertida en santuario de migrantes, esta mujer michoacana fue separada de su hijo por lo que su vida dio un vuelco al confirmar su activismo en este país, prueba de ello es que otras 15 personas la siguieron para pedir asilo político y, en su caso particular, “una visa humanitaria al gobierno de Estados Unidos porque en mi país soy perseguida por ser una defensora de los derechos humanos”.
El grupo de mexicanos cuenta con asesoría legal de un abogado por lo que se confía en que puedan obtener los beneficios legales para residir de manera temporal en ese país. a este contingente pretendió unirse una mujer que huyó de la violencia de Michoacán pero fue rechazada al carecer de soporte jurídico su caso.
Arellano participó en protestas y manifestaciones con otros activistas de ambos lados de la frontera para convocar a los migrantes a mantener una actitud crítica sobre la política de Estados Unidos y exigir una reforma migratoria. En sus últimas acciones en territorio mexicano, se unió a las expresiones de los “dreamers”, jóvenes mexicanos que estudiaron en Estados Unidos pero fueron expulsados por su situación migratoria pues carecían de documentos oficiales para arengarlos a regresar “sin papeles, sin miedo”.
En una entrevista a La Jornada, previa a su deportación y a tan sólo tres metros de la frontera con Tijuana, Arellano explicó que el gobierno estadunidense se sintió atado de manos ante el anuncio de una gran marcha que culminaría en Washington. Debido a eso, agregó, fue perseguida de manera insistente.
Expresó que al ser los migrantes uno de los pilares de la economía de Estados Unidos, ese gobierno está obligado a reconocer sus derechos, al igual que a otros residentes en su territorio.
Sobre su detención narró: “caminamos varias cuadras en el carro y yo sentí que nos venía siguiendo alguien, le bajé la presión y me asomé pero no se veía nadie ya que los vidrios eran polarizados, y después mi pastor se bajó y volvió a subir al carro pero cuando iba a arrancar llegaron los agentes de migración y solamente nos arrestaron a Roberto López y a mí”. La sentencia de Arellano fue de 20 años de castigo para realizar trámites que le permitan reingresar a Estados Unidos.
Fuente: La Jornada
