Por John M. Ackerman
Las coyunturas críticas como las que atraviesa hoy el país exigen a los ciudadanos elevar la mira y generar nuevas coordenadas para la discusión pública. En primer lugar, es necesario superar las lógicas maniqueas, racistas e intolerantes que dividen la nación entre ilustrados y vándalos neotribales, entre verdaderos estudiantes y encapuchados violentos, o entre maestros bien portados, respetuosos y guerrilleros o delincuentes resentidos. Más allá de pronunciamientos viscerales en favor o en contra de acciones específicas tomadas por grupos disidentes, urge debatir a fondo la situación nacional.
El principal problema que enfrenta el país no es que un grupo de jóvenes haya roto una ventana en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ni que miles de maestros traicionados por el gobierno hayan atacado las sedes de los principales partidos políticos en Chilpancingo, o que normalistas hayan repartido refrescos y frituras a transeúntes en Morelia. Lo que nos tiene postrados como nación es el férreo control autoritario y corrupto de un puñado de políticos desprestigiados, monopolios impunes y medios manipuladores. Este trípode constituye la minoría que realmente tiene secuestrado al país y todos nuestros esfuerzos deberían ir canalizados a desmontar, de manera inteligente y pacífica, su dominación sobre el espacio público.
La buena noticia es que la actual situación de radical exclusión e injusticia no es sostenible en un país como México, con una sofisticada conciencia social y una historia colmada de luchas populares. Llegará el día en los medios electrónicos que tanto desprecian al pueblo mexicano serán obligados a ceder su lugar a nuevos medios comprometidos con un debate público de altura. Llegará el día en que la clase política nacional tendrá que despedirse para abrir espacio a nuevos liderazgos juveniles firmemente comprometidos con las causas sociales.
Pero hoy la ocupación de la rectoría de la UNAM, las agresiones a las sedes partidistas y el hurto y reparto de productos de trasnacionales, perjudican la necesaria articulación nacional de un frente social que pueda interpelar de forma más contundente a las elites políticas y económicas. Estas acciones precipitadas facilitan el trabajo sucio a los medios dominantes para descalificar la resistencia popular, a los gobiernos para criminalizar la protesta social y a los grandes empresarios para privatizar la educación pública.
Lo que hace falta hoy no es radicalizar los métodos de protesta, sino ampliar y articular las diversas exigencias populares a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, ya hemos argumentado en favor de la proyección nacional de las justas demandas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) respecto de la defensa de nuestro derecho constitucional a un trabajo digno y socialmente útil (análisis completo aquí: http://ow.ly/kuVED). De acuerdo con el artículo 123 constitucional, todos los jóvenes del país deberían tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización.
De acuerdo con estudios recientes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), hoy existe un enorme rezago en la oferta de empleos para profesionistas. Si la economía se mantiene con su tendencia de escuálido crecimiento, los que hoy estudian una carrera universitaria tendrán muy pocas probabilidades de acceder a un empleo y casi nula para contar con una plaza digna en su área de especialización. Los expertos calculan que para 2020 solamente 44 por ciento de los jóvenes egresados con licenciatura encontrarán algún empleo, y únicamente 6 por ciento un trabajo de calidad. Con toda razón entonces, los jóvenes universitarios de hoy se encuentran tan dispuestos a movilizarse en favor de la justicia social y en contra de las políticas neoliberales del nuevo PRI.
Respecto de la UNAM, los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) deberían levantar inmediatamente su campamento para evitar el desalojo violento y la violación a la autonomía universitaria que tanto desea el régimen. Esta muestra de buena voluntad de parte de los estudiantes también permitiría iniciar la construcción de un movimiento más amplio en favor de la plena democratización de la máxima casa de estudios, incluyendo desde luego los CCH. Hoy todas las autoridades universitarias, desde el rector hasta los directores de escuelas, facultades e institutos, son nombradas por una Junta de Gobierno opaca y antidemocrática que además elige a sus propios miembros. Las consultas que periódicamente se celebran con la comunidad académica son meramente simbólicas.
Como universitarios deberíamos tener el derecho a elegir directamente a nuestras autoridades o, en su caso, por lo menos participar directamente en la construcción de las ternas de candidatos para cada puesto. Una autoridad elegida siempre cuenta con mayor legitimidad que una autoridad impuesta y además es mucho menos vulnerable a los chantajes de pequeños grupos de choque. No es suficiente sólo defender la autonomía universitaria, sino que también habría que fortalecerla y complementarla con una mayor rendición de cuentas al interior de la universidad.
La manera en que se resuelva el conflicto actual de los CCH enviará un claro mensaje no solamente a la comunidad universitaria, sino a todo el país. ¿En el México de Peña Nieto se priorizará el garrote o la propuesta, la represión o el debate? Mientras, la comunidad universitaria debería mostrar la madurez necesaria para pasar de un visceral no al vandalismo a la articulación de una lucha más amplia por la plena democratización de la universidad nacional.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: La Jornada
