El brote de sarampión en el oeste de Texas no ocurrió por casualidad.
Esta enfermedad, fácilmente prevenible y declarada erradicada en Estados Unidos en el 2000, azotó comunidades de más de 20 condados texanos, en parte porque los departamentos de salud carecían de los fondos necesarios para llevar a cabo los programas de vacunación, dicen funcionarios.
“Desde hace años no hemos tenido un programa de inmunización sólido que realmente pueda hacer mucho trabajo de campo”, dijo Katherine Wells, directora de Salud Pública en Lubbock, que se encuentra a 90 minutos en automóvil del epicentro del brote.
Los programas de inmunización a nivel nacional se han visto debilitados debido a años de estancamiento en la financiación por parte de los gobiernos a nivel federal, estatal y local. En Texas y en otros lugares, esto contribuyó a preparar el terreno para el brote de sarampión actual e impulsó su propagación. Ahora, los recortes a la financiación federal amenazan los empeños para prevenir más casos y más brotes.
Los departamentos de salud recibieron un flujo de dinero en efectivo para combatir el COVID-19, pero fue insuficiente para compensar años de negligencia. Además, la confianza en las vacunas se ha erosionado. Las autoridades sanitarias advierten que la situación tiene los elementos para empeorar.
Los recientes recortes del gobierno del presidente Donald Trump han retirado miles de millones de dólares de fondos relacionados con el COVID-19, y 2.000 millones de dólares de esos fondos estaban destinados a programas de inmunización contra diversas enfermedades. Quien supervisa los recortes es el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien saltó a la fama por encabezar un movimiento antivacunas. Si bien Kennedy ha dicho que quiere que la agencia a su cargo prevenga futuros brotes, también ha declinado transmitir un mensaje constante y contundente que ayude a lograrlo: motivar a la gente a vacunar a sus hijos contra el sarampión y recordarles que hacerlo es seguro.
Al mismo tiempo, legisladores en Texas y cerca de dos tercios de los estados han presentado leyes este año que facilitarían la renuncia voluntaria a las vacunas o que cuando menos obstaculizarían el vacunar a más personas, según un análisis de The Associated Press. Esto socava aún más los intentos para mantener las enfermedades infecciosas bajo control, señalaron funcionarios sanitarios.
Los más de 700 casos de sarampión reportados este año en Estados Unidos ya superaron el total del año pasado. La gran mayoría —más de 540— han ocurrido en Texas, pero han surgido casos en otros 23 estados. Dos niñas texanas han fallecido. Una niña de 6 años del condado Gaines, epicentro del brote, falleció en febrero, la primera muerte por sarampión en Estados Unidos en una década. Una niña de 8 años de la misma localidad, Seminole, murió este mes.
Por lo general, en Estados Unidos se exige que los niños estén vacunados para ir a la escuela, lo que en el pasado garantizaba que las tasas de vacunación se mantuvieran lo suficientemente altas para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas como el sarampión. No obstante, un número creciente de padres ha omitido las vacunas para sus hijos. La proporción de niños exentos de los requisitos de vacunación ha alcanzado un máximo histórico, y sólo el 92,7% de los niños de jardín de infantes recibieron las vacunas obligatorias en 2023. Esta cifra está muy por debajo del nivel de cobertura del 95% que mantiene a raya a las enfermedades infecciosas.
