Por Luis Javier Valero
Son de no entenderse las señales enviadas por la Presidencia de la República en relación a Chihuahua, en una semana que debiera ser del olvido absoluto para el gobernador César Duarte.
Primero, suceden dos cosas en las que uno supondría que por lo menos hubo comunicación con la oficina de la Presidencia de la República. Por una parte, la entrevista de Duarte con Carlos Loret de Mola y su exclusión de la reunión con el dirigente priista, Enrique Ochoa, y por otra, la posposición, hasta en dos ocasiones, de la audiencia de Peña Nieto a Javier Corral.
No pareciera que fueran coincidencias, ¿o sí? Primero, que amaneciendo la semana, se presentara un reportaje y la entrevista con el gobernador de Chihuahua, César Duarte, como el platillo fuerte del inicio del nuevo programa de Carlos Loret de Mola.
¿Por qué asistió el ballezano?
No era muy cuesta arriba imaginar que la entrevista podía tener ribetes ásperos para el gobernador. ¿Exceso de confianza?
Al día siguiente no fue invitado a la reunión del nuevo presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, con los actuales gobernadores y los electos. Tampoco invitaron al otro Duarte, a Roberto Borge, de Quintana Roo, ni al otro Moreira, Rubén, de Coahuila.
La exclusión de ellos a la citada reunión se dio unos muy pocos días después del anuncio del Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre el inicio de una investigación fiscal a cinco gobernadores y, también, el del Comité Nacional del PRI, de haber iniciado una investigación con motivo de la petición de un militante para expulsar del PRI a los actuales gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.
Son muchos hechos, se antoja difícil creer que sean coincidencias.
En ese entorno se presentó César Duarte a la entrevista de Televisa y ahí ratificó una antigua promesa, también expresada a una reportera de esa empresa, que haría públicas sus declaraciones patrimoniales, las de los 12 años que ha sido funcionario público.
Lo negativo, para el mandatario, fue que en la entrevista develó varios hechos que fortalecieron su impopularidad y elevaron la percepción popular acerca del oscuro origen de su fortuna, algunos por lo novedoso y otros por lo difícil de creer.
En primer lugar, el monto de su riqueza, calculada por él mismo –a instancias del reportero– en 100 millones de pesos; luego, algo que podía intuirse pero que ahora sabemos es un hecho, el de que ha atendido personalmente, en la PGR, la denuncia presentada por Jaime García Chávez.
Enseguida, el de la actividad de, sostuvo, ser el mayor vendedor de autos de la frontera, que inició (haciendo cuentas) a la edad de ¡17 años! Así lo dijo: “Del 83 al 93 facturé como el mayor vendedor de autos”.
Otra. Al defenderse de la acusación presentada en las Cortes Españolas, derivado de la cual ordenaron un embargo a diversos bienes, adujo que era falso el embargo y sostuvo que ese “es un asunto de (sic) García Chávez y Corral han creado”.
No es cierto, la denuncia de García Chávez se refiere a Unión Progreso y al fideicomiso de 65 millones de pesos, de su propiedad, para ser empleados en el momento en que UP se convierta en banco y ese dinero se transforme en acciones de la nueva institución bancaria.
Una más. En 1999, dijo, vendió 3 mil 900 vehículos, lo que significa un promedio, en días hábiles, de alrededor de 20 vehículos diarios. ¿Él solo? ¿No contaba con socios? ¿Cómo lo pudo hacer, a pesar de sus dichos de que se encontraba en plena bonanza y al escribiente le consta que había caído en cartera vencida, en un fraccionamiento de su propiedad en Parral, del que recibió notificaciones de un posible embargo, a fines de los 90?
Que tuviera esas ventas sólo se puede explicar a partir del decreto del gobierno federal para permitir la libre internación al país, de los años 86 al 89 del siglo pasado, de “vehículos de trabajo” y cuyos beneficiarios inmediatos fueron los integrantes de la CNC, la central campesina del PRI, lo que provocó la inundación, por vez primera, de los carros “chocolate”.
Sólo así se podría explicar cómo un empresario-dirigente social podía pasar de ser un deudor caído en cartera vencida entre los años 1997-1998; en el 1999 vender la friolera de casi 4 mil vehículos en el año y al año siguiente casi convertirse en candidato del PRD a la diputación.
Va casi como de cuento:
Corrían las primeras semanas del año 2000 y los dirigentes de la vieja central campesina priista, la CNC, amenazaban con romper con el PRI.
Exigían un mayor número de posiciones en la Cámara de Diputados, coqueteaban con el PRD y los partidos aliados de éste, y llegaron a establecer, con la dirigencia nacional perredista, un pacto mediante el cual una buena parte de los dirigentes nacionales y estatales cenecistas, de todo el país, se convertirían en candidatos del perredismo.
Duarte podía ser el candidato del PRD en el distrito con cabecera en Parral, así como ocupar un lugar preferente en la lista plurinominal.
Para lograr tal cosa, con dificultades, se había convencido a la dirigencia, a la base y al candidato perredistas parralenses a aceptar ese acuerdo.
El día límite para registrar las listas plurinominales, en su calidad de dirigentes estatales del PT, del PRD y de la CNC, Rubén Aguilar, el escribiente y Duarte, respectivamente, esperaron por largas 6-7 horas, juntos, el desenlace de la hipotética alianza de estos partidos y organizaciones campesinas.
Al final, como algunos lo preveíamos, la CNC reculó y aceptó los puestos ofrecidos por Francisco Labastida, el candidato presidencial del PRI.
A Duarte le dijeron que debería ocupar el lugar 16 de la lista plurinominal. Lo aceptó con la firme convicción de que era sólo de relleno, sin ninguna posibilidad de convertirse en diputado.
La sorpresa es que el PRI fue derrotado contundentemente y Duarte accedió milagrosamente a la diputación. Así obtuvo su primera diputación federal, por tanto, la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
En 2004 accedería a la diputación local por el distrito de Parral y, sin terminar su gestión, ganó la diputación federal por esa zona en 2006. El último año fue designado –gracias a la determinación de Emilio Gamboa Patrón, líder de los diputados federales priistas– presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Ahí construyó los reflectores necesarios para convertirse en el candidato al gobierno de Chihuahua.
De esa manera, las declaraciones patrimoniales presentadas por Duarte abarcan toda la década inicial del siglo XXI y los primeros 6 años de la actual, no son 12, como lo pedían los periodistas de Televisa; a lo largo de 16 años ha debido presentarlas y deben estar resguardadas por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Chihuahua.
En ellas debe estar contenida toda la información que haría posible que se desmintiera lo que es hoy una certidumbre popular –la que no necesita comprobación alguna–: la de que los recursos económicos del mandatario chihuahuense fueron obtenidos de manera ilícita.
Puede desmentirlos si hiciera públicas esas declaraciones patrimoniales.
Entonces podríamos comprobar si efectivamente fue capaz de vender casi 4 mil vehículos en el curso de un año; si sus ranchos son solamente los que él enumera, si manejó tal cantidad de dinero en los años que arguye, si los 65 millones de pesos del fideicomiso tienen origen lícito, si es cierto que no compró la infinidad de ranchos, hoteles, farmacias y propiedades que le achaca la voz popular, etc.
Pocos casos como éste son tan emblemáticos de las bondades de la propuesta de crear la obligatoriedad, para los servidores públicos, de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales; la sociedad tendría en sus manos la posibilidad de comprobar la trayectoria de los gobernantes, desde el punto de vista patrimonial, y éstos podrían ahorrarse infinidad de señalamientos, como los que recibió César Duarte a lo largo de casi todo el sexenio.
¿Podremos acceder a ellas, como se lo prometió al conductor Carlos Loret de Mola y su auditorio, cosa a la que nunca se comprometió con la sociedad chihuahuense?
Hacerlo le depararía la posibilidad de tener futuro político, hoy, a la luz de los hechos, no lo tiene, al contrario.
A diferencia de otros mandatarios –por cierto muy pocos, la inmensa mayoría culmina sus gestiones con muy bajas calificaciones–, César Duarte no aparece como una de las opciones del PRI chihuahuense para ocupar la candidatura al senado en dos años.
Menos, si se analiza el panorama político, poco favorable para el PRI, tanto nacional, como localmente. En estos momentos el PRI aparece abajo de las preferencias electorales nacionales y en Chihuahua crece, por minutos, el descontento popular hacia el gobierno de Duarte.
De ese modo, lo dicho por el gobernador Duarte, de “que me comprueben si soy corrupto”, podría encontrar un fuerte respaldo si, al hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, el desarrollo de sus finanzas personales y familiares guarda congruencia con sus actividades empresariales.
Y ese se convirtió, por decisión propia, en el más importante de sus retos.
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