Por Jesús Cantú
La absoluta exoneración del PRI fue únicamente la muestra fehaciente de que su estrategia de recuperación del control de la autoridad electoral rindió frutos. La implementación de la misma la iniciaron en la reforma constitucional y legal de 2007, cuando particularmente respecto al tema de fiscalización le arrebataron la función al Consejo General y se la depositaron a una unidad dentro de la rama ejecutiva (Proceso 1622) y la continuaron con la designación de los consejeros electorales en febrero y agosto de 2008 (Proceso 1632 y 1659) y en diciembre de 2011 (Proceso 1832), donde se aseguraron de contar con un grupo fiel de tres consejeros electorales y dos más que en las decisiones cruciales se inclinarían a su favor.
Los priistas siempre responsabilizaron a la autoridad electoral de su derrota en las elecciones presidenciales de 2000 y nunca le perdonaron la histórica multa de mil millones de pesos por el llamado Pemexgate. Ambos hechos los hicieron valer para vetar a todos los integrantes del Consejo General de 1996-2003, durante la renovación del mismo en octubre de 2003 pero sobre todo se aprovecharon de la inconformidad de la izquierda tras las elecciones presidenciales de 2006 para empezar a aplicar una estrategia que le permitiera introducir cambios estructurales que les aseguraran dicho control, más allá de los consejeros.
Así en la reforma de 2007 dejaron la labor de fiscalización en una unidad en manos de un titular designado por el Consejo General del IFE, pero cuyas labores de revisión de los informes e integración de los expedientes y elaboración de dictámenes de las quejas vinculadas al manejo de recursos, dependiese totalmente del secretario ejecutivo y ya no de una Comisión del Consejo General, como fue entre 1997 y 2007. Los consejeros electorales conocen los expedientes y los proyectos de resolución al mismo tiempo que los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, por lo cual poco pueden hacer para impulsar o exigir investigaciones más exhaustivas y minuciosas, como se evidenció en la pasada sesión del Consejo, por lo menos en lo que respecta a los cuatro consejeros que impulsaban la sanción al tricolor.
El primer problema con el que se enfrentaron los consejeros partidarios de la multa fue la integración de un expediente deficiente que se limitó a lo más elemental. En primera instancia (y cuestión que ni siquiera requería de investigación alguna) era el hecho de que en el contrato que entregó el propio PRI queda claro que obtuvo un financiamiento –así está señalado explícitamente en el párrafo segundo de la cláusula segunda: “Adicionalmente ‘Alkino’ otorga un financiamiento a ‘el partido’…”– del que no informó conforme a la ley y los lineamientos emitidos por el IFE (Proceso 1865), además de la violación a otras normas y lineamientos, como no haber pasado dichos recursos a través de cuentas a nombre del mismo partido.
Pero en segundo lugar la investigación se limitó a los elementos que le aportó el mismo partido y bajo el pretexto de que “…la autoridad electoral no es competente para resolver aspectos relacionados en materia fiscal, en específico, por la discrepancia fiscal por operaciones de aportantes sean personas físicas o morales cuyos egresos sean mayores que sus ingresos…”, no revisó la evidente construcción de un entramado financiero en el cual se pierden el origen y destino de los recursos. El entramado se trasluce con la presencia de empresas fantasma, algunas de las cuales simplemente son mencionadas marginalmente en el mismo dictamen.
A pesar de estas dos evidentes deficiencias: durante la discusión del punto en la sesión del pasado miércoles 23 se confirmó que sí usaron las tarjetas Monex, que sí estaban involucradas algunas de las empresas mercantiles señaladas en el financiamiento y la dispersión de los recursos, que dichos gastos deben estar dentro de los de campaña y que desconocen el destino de al menos 44 millones de pesos.
Todo esto está documentado en el mal estructurado expediente y fue el argumento que utilizaron los cuatro consejeros (Benito Nacif, Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y María Marván) que proponían imponer una multa de 105 millones de pesos al PRI y al PVEM; pero las evidencias sucumbieron frente la lealtad o la debilidad de cinco consejeros, entre ellos el consejero presidente, que optaron por exonerar al tricolor y al verde.
Por las intervenciones de los consejeros los votos de los cuatro que defendían la sanción eran totalmente previsibles; también lo eran los dos priistas (Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños); Leonardo Valdés no se pronunció, aunque no sorprendió a nadie su voto por la exoneración; y la sorpresa en la primera votación fue la de Macarita Elizondo, quien en sus intervenciones se alineó con los cuatro que impulsaban la multa, pero en el voto se fue con los priistas, con lo cual la votación se empató.
Y entonces fue cuando la designación de priistas de cepa, como Sergio García Ramírez, cobró más sentido y rindió frutos para el tricolor. El consejero, quien se ausentó de la discusión por su relación de amistad con los socios (Gabino Fraga) de una de las empresas implicadas en el caso, decidió que era el momento de actuar para evitar la multa. Ingresó al salón y, con la venia de todos sus compañeros consejeros, desempató la votación a favor del tricolor.
En ese momento se cristalizó la mayoría priista en el Consejo General del IFE: dos por su reconocida militancia en el tricolor (Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez), uno por su evidente cercanía con insignes militantes (Manlio Fabio Beltrones y Felipe Solís Acero) de dicho partido (Marco Antonio Baños) y dos más porque su formación, trayectoria y personalidad los lleva a votar siempre al lado de los tricolores (Leonardo Valdés y Macarita Elizondo). El consejero presidente seguramente también consideró muy cuidadosamente cuál de sus posiciones abonaba más a una posible reelección en el cargo en octubre de este año, cuando además de dicha designación se hará la de otros dos consejeros electorales que ya terminan su encomienda (Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero).
El miércoles 23 simplemente se concretó la reconquista tricolor del Instituto Federal Electoral. De nada sirven los lamentos y quejas de panistas y perredistas. Particularmente ellos fueron cómplices (conscientes o inconscientes) de tal situación, pues sus legisladores votaron favorablemente todas las decisiones que condujeron a esto.
Fuente: Proceso
