Por Denise Dresser
Algo que celebrar, algo que lamentar. Algo que aplaudir, algo que criticar. Así hay que evaluar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Un paso hacia adelante, pero un paso muy pequeño. Un movimiento en la dirección correcta, pero no la sacudida que el país quería y necesitaba. Insuficiente para lidiar con el pesado fardo que la corrupción nos coloca. Un país donde en 2014 se registraron 200 millones de actos de corrupción. Un país que ocupa el lugar 77 de 99 países en materia de sobornos, según el World Justice Project. Donde la corrupción cuesta 1.4 mil millones de pesos al año. Donde cada semana surge otro síntoma de la podredumbre. La Casa Blanca. La Línea 12. La Casa en Malinalco. La Estela de Luz. La licitación del tren México-Querétaro.
Actos cotidianos de corrupción que involucran a la policía, a los legisladores, a los contratistas, a los gobernadores, a los empresarios que prestan aviones, a los que reciben “moches” y ofrecen “mordidas”. Actos que rara vez son investigados o sancionados y que llevan a México a ocupar el lugar 58 de 59 países miembros de la ONU en materia de impunidad. En un sitio similar a Filipinas, Colombia, Turquía y la Federación Rusa. Un sitio en el cual –como dice José Merino– la transición democrática dejó sin tocar cosas relevantes que atañen a la corrupción. Dejó intacto un andamiaje institucional que no atacaba la corrupción. La permitía. La solapaba. La promovía.
Entre lo positivo está la construcción de un nuevo sistema de cooperación entre diversas entidades encargadas de combatir la corrupción. Entre lo loable está el fortalecimiento de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. Entre lo aplaudible está que la ASF puede revisar en qué gastan los gobiernos estatales y municipales, así como hacer auditorías en tiempo real. Particulares involucrados en actos de corrupción podrán ser sancionados e inhabilitados. El secretario de la Función Pública tendrá que ser ratificado por el Senado y no sólo según el libre albedrío del presidente, como fue el caso de Virgilio Andrade.
Pero para que el nuevo andamiaje funcione hará falta voluntad política. Hará falta tiempo y dicen que el sistema no entrará en función plena sino hasta 2018. Hará falta la captura de algunos peces gordos y muchos charales. Hará falta –como ha argumentado Luis Carlos Ugalde– que el Congreso ejerza su papel de contrapeso en lugar de comportarse como cómplice. Con demasiada frecuencia, en la era de la transición democrática, el Congreso se ha vuelto uno de los peores culpables de la corrupción. Con los pagos irregulares a legisladores. Con las “subvenciones” a los grupos parlamentarios. Con prácticas administrativas opacas y discrecionales. Con la etiquetación de partidas del presupuesto que desencadenaron la práctica de los “moches”. Y es ese Congreso el que tendrá que vigilar y vigilarse a sí mismo, castigar y castigarse a sí mismo, combatir la corrupción, incluso la que emana de sus propias curules.
Una misión imposible desde el momento en el cual las bancadas del PRI y del PVEM votaron en contra de la eliminación del fuero. Una tarea incumplible desde el momento en el cual la mancuerna de dos partidos parecidos votaron en contra de la posibilidad de que el Presidente fuera procesado por actos de corrupción. Peor aún cuando se negaron a incorporar la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. Y con esas tres acciones convirtieron al Sistema Nacional Anticorrupción en el Sistema Nacional Para la Protección. Protección para fortunas acumuladas desde el poder público, desde el gabinete, desde los partidos, desde las presidencias municipales. Allí quedó ese corredor de impunidad que va desde la Colina del Perro hasta la Casa Blanca. Allí queda el presidente protegido e impune, haga lo que haga, contratista que beneficie tras contratista que beneficie. Grupos Higa ad infinitum.
Junto con lo que quedó fuera y nos prometen que se abordará en la legislación secundaria. Ponerle topes y candados a la comunicación social. Crear esquemas más amplios de participación ciudadana en la denuncia y el combate a la corrupción. Crear un sistema sancionatorio. Responsabilizar a personas morales, como las empresas. Establecer nuevos mecanismos para sancionar la corrupción en el Poder Judicial. Desarrollar inteligencia financiera. Y dicen que “faltan algunas pequeñas partes”. Y dicen que “faltan algunos pedacitos”. Y todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración del nuevo sistema se congratulan de que exista. Y argumentan que era mejor aprobar la legislación incompleta que se elaboró que permitir que los gobernadores la bloquearan. Desde luego es mejor que sea así. Pero parecería que volvemos a caer en la misma trampa de ir cojeando de una reforma incompleta a otra. De argumentar que la nueva ley es una mejora sustancial sobre las leyes vigentes. De darnos palmadas en la espalda porque algo es mejor que nada.
Y el “algo” aprobado todavía tiene muchos huecos, lagunas, recovecos y espacios para que la corrupción florezca sin sanción. El Sistema Nacional Anticorrupción va a operar en un sistema político con una ausencia alarmante de mecanismos de rendición de cuentas, de auditores autónomos, de medios que en lugar de vigilar al poder se vuelven sus escribanos. Quienes le apuestan a la efectividad del nuevo sistema piensan que el único peligro que enfrenta son “los coletazos de los dinosaurios locales”, que tratarán de impedir la legislación y que podrán monitorearse mediante un “anticorruptómetro” para medir avances. Pero el problema es que el Sistema Nacional Anticorrupción trata sólo de colocarle una correa al dinosaurio y no lo logra al permitir que persista la práctica del fuero que lo volvió tan voraz. Como escribió Enrique Berruga: “Deja un mal sabor de boca que el Congreso haya dejado abierta esa gran ventana a la impunidad”. El fuero seguirá permitiendo el desvío de fondos, la concesión de contratos a cambio de casas, el uso de bienes públicos para fines privados.
Más grave aún, el Sistema Nacional Anticorrupción falla al dejar libre al dinosaurio más grande de todos. Al líder del país que debería ser ejemplo de honestidad y apego a la legalidad. Al Peñanietozauros Rex. Al que la nueva ley no podrá tocar. Y por ello, lo que veremos en el futuro quizá sea algún castigo por la construcción de covachas, pero jamás una remoción por la construcción de Casas Blancas.
Fuente: Proceso
