Por Fermín Alejandro García
El PAN quiso negociar la libertad de Anaya a cambio de la militarización
La causa real del enojo del líder panista Marko Cortés Mendoza que lo llevó a la ruptura con el PRI, es que el PAN quería negociar con la 4T la ampliación de la presencia del Ejército en las tareas de seguridad pública a cambio de que se dieran las condiciones para el regreso a México de Ricardo Anaya Cortés, el excandidato presidencial que huyó a Estados Unidos para evitar un proceso penal en su contra por enriquecimiento inexplicable. Y cuando menos se lo esperaba, el tricolor se adelantó y pactó lo mismo, pero a cambio de evitar el desafuero y posible encarcelamiento de Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, el presidente del tricolor.
En el fondo el PAN quería hacer lo mismo que hizo Alito, pero sin generar la ruptura de la coalición opositora. Es decir, quería negociar con la 4T y al mismo tiempo, fortalecerse rumbo a la contienda presidencial de 2024, con el posible “perdón” a Ricardo Anaya Cortés.
La anterior es una versión que se cuenta entre dirigentes del PRI que, aunque parezca poco lógico, la ruptura de Va por México ha sido un movimiento que se ve muy favorable para el tricolor, pues este partido se empezaba a mostrar incomodo e inseguro en la coalición opositora por la soberbia panista de sentir que el albiazul debía llevar el control de esta formación política.
Se sabe que Cortés Mendoza había planeado impulsar un discurso favorable a la necesidad de afianzar a la Guardia Nacional para mejorar la seguridad pública del país, mediante la intervención de las fuerzas armadas, y al mismo tiempo, en lo oscurito, pactar el que se frenen los procesos penales contra Anaya Cortés, mismos que le fueron iniciados por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto y provocaron que el panista se autoexiliara en Estados Unidos, para evitar comparecer ante la Fiscalía General de la República.
Para el PAN no era un tema difícil, toda vez que fue el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa el que le abrió totalmente las puertas al Ejército y la Marina para que intervinieran en su llamada “guerra contra las drogas” e incluso se llegó al exceso, del entonces mandatario, de vestir indumentarias militares como una expresión de culto a la personalidad de los generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La posibilidad de proponer una reforma constitucional para ampliar la presencia del Ejército en la seguridad pública hasta 2028 –tal como se aprobó la semana pasada por los diputados federales del PRI y Morena– no parecía ser un tema ajeno a las simpatías del panismo, toda vez que en el gobierno de Calderón el país se llenó de sangre por una intervención de los militares en una guerra sin estrategia y que al final resultó, según la narrativa de la justicia estadounidense, en una manera de favorecer y fortalecer al cártel de Sinaloa, pues se eliminaron a los enemigos de esta organización criminal.
Esa necesidad surge por algo muy elemental: Marko Cortés es un político michoacano que inició con una carrera meteórica –que le permitió a los 28 años convertirse en senador de la República— que primero la impulsó Felipe Calderón y después Ricardo Anaya, siendo con el segundo de ellos con quien más estrechó sus relaciones personales.
Cortés fue el coordinador de campaña de Anaya cuando el segundo fue candidato presidencial en 2018 y más tarde llegó a la presidencia nacional del PAN, todavía por influencia del ex contendiente por la titularidad del Poder Ejecutivo federal.
Ahora, en el PAN se enfrenta el problema de que no hay una figura relevante que pueda ser un buen candidato presidencial en 2024 y al mismo tiempo, sea de las confianzas de Marko Cortés. El único que podría llenar esos vacíos es Ricardo Anaya, pero esa posibilidad se ha cebado, por el momento.
Con lo que no contaba Marko Cortés, es que hubo más habilidad y capacidad de negociación de Alito y de Rubén Moreira, el coordinador de los diputados federales priista que se ha convertido en el brazo derecho de Moreno Cárdenas.
Los priistas persiguieron dos objetivos:
Primero: el salvarle “el pellejo” a Alito, que estaba al filo de la navaja por el proceso de desafuero en su contra, por las tres denuncias por presuntos actos de corrupción que presentó en su contra la Fiscalía General de Campeche y por el vapuleo al que lo tiene sometido la gobernadora Layda Sansores San Román por la serie de audioescándalos que se difundían cada martes en La Hora del Jaguar.
Segundo: porque el PRI ya estaba muy incomodo en Va por México por la soberbia del PAN y de Marko Cortés.
En los últimos meses, dentro de la coalición opositora el PAN había adoptado una posición de encabezar todo y exigir, que en los procesos electorales de 2023 y 2024, el albiazul llevara el control de las principales candidaturas.
Una muestra de ello es que en el estado de México el panismo ya se había adelantado a postular al diputado local panista Enrique Vargas del Villar para que fuera candidato a gobernador y había desplazado al tricolor, sin importar que esa entidad ha sido un bastión del priismo más tradicional.
En Puebla pasaba lo mismo. Hace un mes se reunieron todas las corrientes internas del panismo local y habían acordado cerrar filas para que el PAN, en 2024, se queda con las candidaturas a gobernador, así como las de alcaldes de Puebla, Atlixco, Tehuacán, San Pedro y San Andrés Cholula, entre otras. Es decir, tomó una actitud el albiazul de dejarle –desde ahora– al PRI las posiciones menos importantes.
Ahora con la crisis de la ruptura, se sabe que el PRI ha mandado mensajes al PAN de que, si se quiere restablecer la coalición, el tricolor reclama tener la mitad de las candidaturas importantes.
Y en el PAN, hay un pánico de los grupos internos, pues saben que sin los votos del PRI la oposición queda desarmada para competir por el poder político en los próximos dos años.
Fuente: La Jornada de Oriente
