Por Luis Javier Valero Flores
Pareciera una perogrullada, no lo es. El triunfo de Javier Corral en la elección de gobernador de Chihuahua no se puede explicar sin la decisión de miles de electores que optaron por su candidatura, ante el riesgo de que prevaleciera la continuidad del gobierno de César Duarte en la persona de Enrique Serrano.
Ciertamente la derrota del PRI no se podría explicar sin la existencia de una amplia capa de electores panistas, plenamente convencidos de la ideología y la práctica política del PAN, pero cuyo número no les alcanzaba para ganar.
Y menos, como en el caso de Chihuahua el año pasado, con la irrupción de una tercera opción, la de José Luis “Chacho” Barraza, que alcanzó el 18 por ciento de la votación, en plena competencia con el panismo pues, tanto el voto blanquiazul, como el opositor al PRI, tuvieron a la mano dos opciones, la del empresario y la del senador Corral.
¿Cuál fue la diferencia? Los priistas que votaron por el que apareció como el líder opositor -por lo menos en la boleta electoral-, más los ciudadanos no identificados con partido alguno y los llevados por la aparición de destacados dirigentes sociales y políticos de la izquierda chihuahuense.
Hay otro factor, no valorado suficientemente: el de que muchos chihuahuenses no apreciaron que Jaime García Chávez no apoyó la candidatura de Corral. Para ello influyó el hecho de que no hizo mayor esfuerzo en deslindarse de ella. Así, para muchos, el abogado, auténtico líder opositor a Duarte, formaba parte de las fuerzas nucleadas alrededor de Corral.
Todo ello conformaba, entonces, una oferta política extraordinariamente atractiva; muchos pensaron que no se trataba de otra candidatura panista más, sino la de un hombre que lideraba a un conjunto de fuerzas democráticas y de izquierda, además de las progresistas al interior de su partido.
No era menor el reto, el PAN chihuahuense de mediados del 2015 no atravesaba precisamente por uno de sus mejores momentos, es probable que si la candidatura hubiese recaído en otro de sus miembros, no pudiera haber alcanzado el triunfo y menos con la aparición, en la escena chihuahuense, del expresi dente nacional panista, Gustavo Madero, a quien se le llegó a mencionar frecuentemente como el candidato de la nueva concertacesión, en pago a los servicios prestados en la elaboración y firma del “Pacto por México” .
Corral ofrecía aquella plusvalía. Pero no solo, su amistad y cercanía con las posturas de las fuerzas democráticas en variados temas, en especial con las de los medios de comunicación y la reforma energética, lo que le había valido el establecimiento de estrechos vínculos con varios liderazgos de la izquierda nacional, hacía esperar un gobierno comprometido con el restablecimiento del Estado de Derecho, del pleno respeto a la división de poderes, del alejamiento de las prácticas patrimonialistas, de la no aceptación a las cuotas partidistas, de la desaparición del nepotismo en las esferas de gobierno, de la no subordinación a los poderes fácticos y en la más escrupulosa de las laicidades.
No era -no es- fácil la tarea, menos, si a los factores externos se le suman los internos del PAN, en los que los distintos grupos existentes buscan aprovechar la correlación de fuerzas para la reelección inmediata y la posterior búsqueda de la candidatura en 2021, para lo cual requieren ubicar al mayor número de los suyos en las candidaturas del próximo año que, recordemos, se celebrarán todas, con la excepción de la gubernatura.
Para afrontar todo lo anterior era necesario, por tanto, irrumpir como un candidato no tan identificado con el PAN (evidentemente sin romper con él), pero que arrostrara el hecho de que sus resultados como gobernante no tenían como objetivo beneficiar electoralmente a su partido, como lo ha dicho repetidamente en los eventos partidistas.
Diversos acontecimientos y toma de decisiones y posturas nos llevan a la conclusión que ha decidido -o las fuerzas internas lo han orillado- a optar por las posiciones de su partido.
Los escándalos generados por el secretario de Educación, Pablo Cuarón, (las propuestas son del corazón, no de la razón); los contratos de los familiares del síndico Miguel Riggs; las contrataciones de empresas intermediarias para la compra de espacios en los medios de comunicación, las adjudicaciones de contratos en Comunicación Social por encima de lo marcado por la ley; los señalamientos de las sanciones administrativas en contra del fiscal Peniche y la secretaria Stefany Olmos; las defenestraciones de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda (ampliamente comentada por el escribiente, que era ilegal hacerlo por esa vía, pero necesaria llevarla al cabo), y del Instituto Chihuahuense de Transparencia, Rodolfo Leyva, las denuncias públicas sobre la masiva incorporación de familiares de los funcionarios a la nómina pública, hasta el nombramiento de Ignacio Rodríguez como nuevo auditor superior del Estado (ASE).
No sin antes recordar su actitud frente al gasolinazo y las fuertes y masivas manifestaciones de los chihuahuenses en contra de esa medida. En lugar del acompañamiento, como cabía esperar, las medidas represivas lo marcaron y lo alejaron de una parte importante de los activistas sociales de Chihuahua, los que tuvieron a la mano, además, las varias medidas recaudatorias elaboradas por el gobierno de Corral y aprobadas por el Congreso del Estado.
Sin olvidar, finalmente, la decisión de regresar los nombres de padre y madre a las actas de nacimiento y la de orillar a los contrayentes homosexuales a recurrir al amparo para casarse, algo que el exgobernador César Duarte ya había superado, ante el “peligro” de que causaran jurisprudencia y entonces sí, a pesar de los dichos del coordinador de los diputados locales, Miguel La Torre, obligarían al Congreso del Estado a legislar sobre los matrimonios igualitarios.
Pero la última designación es, sin duda, fiel reflejo del modo con el que el panismo pretende gobernar Chihuahua.
Los chihuahuenses del campo de la democracia esperábamos que la designación del profesionista encargado de auditar las finanzas públicas, siguiendo el tono y fondo de los discursos de los panistas hechos gobierno en Chihuahua, no fuera alguien de las cercanías y filias del PAN.
Finalmente, los grupos del PAN presentaron dos opciones, la del hombre identificado con Palacio de Gobierno, antiguo integrante del grupo gobernante de Francisco Barrio, Armando Valenzuela, y la de los grupos opositores a Corral, Ignacio Rodríguez. En la definición final, resolvieron dejar de lado a quien había obtenido la mayoría de votos en la Junta de Coordinación Política, Manuel Siqueiros, integrante de Morena, identificado con el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, y quien fuera subcontralor del gobierno del D.F. en tiempos de López Obrador.
Pero, en las prisas por salir avantes en la confrontación política, o por soberbia, los diputados panistas “insurrectos”, aliados con los priistas y los asociados de éstos, designaron a Rodríguez.
Se les olvidó, o no tomaron en cuenta, un “pequeñísimo” detalle: la observancia de la ley.
Es inelegible para el cargo de auditor pues fue candidato a diputado plurinominal suplente en las elecciones del 2016, en la fórmula que encabezaba el exdirigente estatal, Mario Vázquez Robles.
La ley es tajante:
“ARTÍCULO 9. El nombramiento del auditor superior recaerá sobre la persona que cumpla los requisitos siguientes:
…
VIII. No haber sido dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los comicios, ya sea federal o estatal, inmediato anterior a la designación; y”.
Es de tal magnitud la confrontación interna, que fue el mismísimo diputado panista, Jorge Soto, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien dio a conocer la gravísima violación a la ley cometida por la nueva mayoría legislativa del Congreso.
¿Y en lo de las actas de nacimiento y los matrimonios igualitarios? Fue una decisión encubierta para oponerse a la adopción de niños por los matrimonios homosexuales, tema que fue, quizá, el más aplaudido por la selecta (por lo seleccionado de la invitación y por el escaso número de asistentes) concurrencia al acto del balance de los seis meses, lo que denotó la composición de la asistencia, al igual que en el acto de toma de posesión, en el que el más ovacionado fue Diego Fernández de Cevallos.
Ni duda cabe, es una concesión a las fuerzas regresivas y una muy grave violación a los derechos humanos a una minoría de la población; dicho así, con tintes provocadores: los derechos de las minorías no están sujetos a la decisión de las mayorías, son derechos solamente y se deben respetar, así, sin más.
Un gobierno democrático lo haría, no solamente porque está obligado, sino porque forma parte de sus propias convicciones. En sus obligaciones incluye el de contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática y la tolerancia.
¿Dónde están las fuerzas de la “Alianza Ciudadana”, los hombres y mujeres de izquierda, participantes del gobierno, precisando sus posiciones frente a tan importantes y tan preocupantes acontecimientos?.
