Por Luis Javier Valero
Justamente cuando el país entero arde de indignación –y unas regiones, literalmente, arden– los diputados federales nos confirman que obtuvieron –legal, legítimamente, dicen– 10 millones de pesos mediante los cuales pueden ejercer, a cabalidad, discrecionalmente, una parte del presupuesto.
“En el Presupuesto de Egresos 2015, cada diputado recibió, por gestión propia, 10 millones de pesos para aplicarlos en el desarrollo de obra en sus respectivos distritos, declaró el legislador federal por Chihuahua, Pedro Domínguez Zapata… En su caso, las obras las ejecutará el Ayuntamiento de Chihuahua, luego de ser debidamente consensuadas para dar transparencia en la entrega y ejecución de los recursos. ‘Cada diputado gestionó y obtuvo; aprobamos los 10 millones de pesos, en mi caso fue para ejecutar once obras específicamente para infraestructura educativa’, refirió”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 18/XI/14).
¿Con base en qué ordenamiento un diputado resuelve, por sí solo, o de acuerdo con su dirigencia, o con el alcalde de su elección, o con su mujer, o su mamá, el destino de 10 millones de pesos del erario federal, de los cuales no están obligados a informar en qué los gastaron? ¡Ah, la clase política! ¿Qué no se dan cuenta que existe un estado de verdadero encrispamiento en la sociedad mexicana?
¿Que el asesinato y la desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en un hecho que ha cimbrado a la sociedad internacional, se ha convertido en el detonante de la indignación generalizada, porque se cruzan, a la vista de todos, los peores defectos de la sociedad mexicana y la podredumbre de la clase gobernante, en el que la corrupción, la impunidad, la colusión y la complicidad con el crimen organizado de ésta aparecen como sus rasgos preponderantes?
¿Acaso no se recuerda el escándalo protagonizado por algunos diputados federales, que pedían un “moche” para otorgar las obras que se construyeran con la partida de los 10 millones de pesos, en otra modalidad de la entrega indiscriminada de despensas, como mecanismo para “ganar conciencias” y simpatías electorales?
Bueno, pues en lugar de desaparecer esa partida, ahora vienen a informarnos que persisten, justamente cuando la sociedad está protestando –de distintas maneras y grados, incluso hasta niveles verdaderamente violentos– fundamentalmente por una causa común: La corrupción gubernamental.
¿Quién o quienes se verán beneficiados por la entrega de estos recursos? Pues fundamentalmente los más cercanos a cada diputado, los allegados al partido, los sectores en donde se encuentren sus principales fortalezas político-electorales, en un momento en el que la sociedad mexicana está presenciando, rabiosa, indignada, harta, uno de los episodios más indignantes –por lo relevante– de lo que aprecia como ejemplo de la corrupción gubernamental.
Eso y no otra cosa es el conocimiento de la existencia de la “Casa Blanca” del matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.
A simple vista no parecieran tener hilos conductores la residencia de la “pareja presidencial”, los 10 millones de pesos que ejercerá cada diputado federal y los normalistas desaparecidos. Es todo lo contrario, forman parte del mismo entramado, el producido por el régimen político, ya caracterizado, a los ojos de la mayoría, por la inmensa corrupción. Uno de cada 3 ciudadanos, según Mitofsky, opina que el gobierno, para recuperar la confianza ciudadana, debe combatir la corrupción y la impunidad. ¿Y entonces en qué país vive la pareja presidencial?
Cándidamente, la señora Rivera nos informa que siendo la novia oficial del gobernador del Estado de México, Peña Nieto, le solicitó al principal contratista del gobierno de su prometido, que le construyera una casa y que cuando la terminara celebrarían el contrato de compra venta.
¿Qué contratista, de qué gobierno, le diría que no a la casi inminente esposa del principal aspirante a la Presidencia de la República? ¿Y más, si ese contratista firmó contratos con el gobierno de Peña Nieto por más de 8 mil 500 millones de pesos?
Po’s si, pa’ luego es tarde. ¡Iníciese de inmediato la construcción!
Y no quería la construcción en cualquier lugar; no, ahí atrasito. En el ínterin, la empresa televisiva, en la que participan prácticamente todos los más importantes empresarios del país, que impulsaba a Peña Nieto a la presidencia le “regala”, por su trabajo, una mansión –la casa chica– y más de 80 millones de pesos ¡Ah, pero ya casados, es decir, amarrado el trato!
Unos meses después, al terminar la gubernatura, Peña se encamina a la candidatura y en agosto del 2012, a unos meses tomar posesión como presidente, “visitan la obra terminada”.
Pero antes, en la campaña, los aviones y helicópteros del hombre que le construyó la casa a la “Señora Angélica”, trasladaron al candidato del PRI a todas partes. Descubierta la maniobra ¿financiera?, el presidente Peña se encrespa y nos espeta que todo es producto de un intento de desestabilización del país –¡Oh, fantasma de Díaz Ordaz, ya regresaste!–, de quienes se oponen al proyecto de su gobierno y que quienes protestan forman parte (casi lo dijo) de un “compló”.
En tanto, a los diputados, para que no sientan fuera “de la jugada” les otorgan las migajas del presupuesto federal y las usen como un mecanismo para mantener su “clientela”.
Y luego se molestan porque la gente protesta…
