El primer paso para demoler los derechos de los trabajadores ya está dado: diputados del PRI, PAN, Partido Verde y Panal aprobaron –en el viejo estilo aplanadora- la reforma laboral calderonista que todavía tiene que transitar hacia el Senado. Hasta el sector “obrero” priista y los representantes de Nueva Alianza (partido creado por una líder sindical) avalan los cambios que dejarán a la fuerza laboral inerme y humillada ante los patrones. Legisladores de oposición comentan a Proceso que ésta es la primera de las reformas estructurales que Salinas de Gortari quiso aplicar desde 1991 y que apenas ahora van a ver cristalizadas.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Impulsada por Felipe Calderón y avalada este fin de semana por los legisladores del PRI, la reforma laboral “empieza a cerrar el círculo” de las llamadas reformas estructurales que Carlos Salinas de Gortari echó a andar en 1991.
Los cambios, también respaldados por el PAN, el PVEM, el Panal –creación esta última de la líder sindical Elba Esther Gordillo– y todos los diputados cetemistas, lesionan a la clase trabajadora y benefician en todo a los empresarios. Una reforma planeada y aprobada sin recato para servir a todo lo que huela a patrón: a los organismos financieros internacionales, a las corporaciones trasnacionales, a los grandes empresarios nacionales, al gobierno que va a empezar y sobre todo –dice la oposición en el Congreso- al proyecto de país que imaginó Carlos Salinas de Gortari desde 1988.
Entrevistados por este semanario diputados del Frente Legislativo Progresista afirman que antes de que concluya el gobierno de Calderón la clase trabajadora en México habrá perdido sus derechos mínimos, como la certeza de contar con seguro social, vivienda o una pensión digna; además sus posibilidades de mantener la estabilidad laboral habrán decrecido, la antigüedad será más difícil de lograr y el salario será menor debido al pago por hora.
En contraparte, sostienen, al dueño de la empresa se le cancelan obligaciones laborales: se abre la puerta para los despidos discrecionales, para evitar el pago de pensiones y de séptimo día y le ensanchan la rendija para evadir impuestos y el pago de cuotas obrero-patronales, afectando directamente las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social gracias a la legalización deloutsourcing sin restricciones.
La mano de Salinas
Pasado el trago amargo de la recriminación continua del fraude electoral de 1988, Carlos Salinas de Gortari inició con la LV Legislatura la segunda parte de su sexenio. “Y ahí es cuando arrancan las contrarreformas constitucionales”, recuerda Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien era uno de los 40 diputados perredistas de ese Congreso.
Hoy, de nuevo en San Lázaro por el mismo partido y como parte de la LXII Legislatura, Huerta Ladrón de Guevara acusa al exmandatario de ser el artífice de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y de empezar a consumar sus ofrecimientos como cabildero de organismos transnacionales como el BID, la OCDE o el FMI, así como de las empresas de corte mundial.
“Salinas fue el gran usurpador de la Presidencia en 1988; para las elecciones intermedias de 1991 utilizó todas las mañas electorales de la época para ganar la mayoría en el Congreso y ahí empezó las reformas que tanto daño han hecho a la nación, como los cambios al artículo 127 de la Constitución y al tercero para privatizar la educación”, dice.
“Los 40 diputados del PRD dimos el debate”, afirma, “pero como ahora, nos echaron la aplanadora del PRI respaldados por el PAN”. En aquella ocasión Salinas pactó con el panista Luis H. Álvarez a cambio de que le darían la Presidencia. “Es cierto que Fox ganó con el voto en 2000, pero la gubernatura de Guanajuato fue la primera concertacesión”, asegura.
“No es totalmente cierto que esta reforma laboral haya sido un pacto Calderón-Peña, sino más bien es el cumplimiento de la orden de Carlos Salinas. En la Comisión del Trabajo los diputados del PRI y del PAN actuaron como Salinas: ‘Ni los veo ni los oigo’ y ya Peña nos amagó con que en diciembre viene la reforma energética”.
“Outsourcing”, un hoyo de evasión
El PRI aceptó de buena gana legalizar la figura del outsourcing o empresa subcontratista. Desde 2010, cuando Javier Lozano era secretario del Trabajo, el PAN propuso una reforma laboral que preveía el reconocimiento de esta figura; sin embargo el PRI se negó siquiera a discutir un posible cambio a la Ley Federal del Trabajo.
Ahora el eje de la iniciativa calderonista, basado en la productividad, fue de nuevo la subcontratación. En largas discusiones de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la Revolución Democrática lograron poner cuatro candados para evitar que los patrones que subcontrataran a otra empresa, lo hicieran afectando a los trabajadores.
Los priistas encabezados por Carlos Aceves del Olmo, secretario general suplente de la CTM (sector obrero del PRI), aceptó junto con el PAN que el trabajo a realizar no tuviera nada que ver con “el objeto social” de la empresa que contrataba.
Además no podía abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollan en el centro de trabajo ni comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los empleados al servicio del beneficiario, pero sobre todo debía justificar el carácter especializado que “agregue un insumo adicional a los proceso de producción o de servicios”.
La artífice de los cuatro candados fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján. Pero el gusto les duró apenas un día. La noche del viernes 28, cuando el tema llegó al pleno de la Cámara –en medio de protestas– fue eliminado de un plumazo.
Según Alcalde, la Coparmex estuvo desde temprana hora presionando a los panistas para que echaran abajo los candados y así tener mano libre para subcontratar, sin importar que a otro empleado se le robe la materia de trabajo. Todo en nombre de la productividad.
El diputado perredista Silvano Blanco explica lo lesivo de esta figura: “Con esto se legaliza una práctica que se ha venido dando en los últimos años. Se trata de contratar a trabajadores con menores prestaciones que las de la ley, con salarios más bajos y como consecuencia con un impacto negativo en todos sus derechos, como vivienda, salud y pensiones. La realidad es que estas empresas ni siquiera dan de alta a sus empleados ante el IMSS, no cotizan para el Infonavit, sus aguinaldos se ven reducidos y se les dificulta lograr antigüedad”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1874, ya en circulación)
Fuente: www.proceso.com.mx
