Por Néstor de Buen
Confieso que no acabo de entender el problema del petróleo que, por lo visto, será discutido en estos días en el Congreso de la Unión, con base en un proyecto presidencial.
Aparentemente, se trata de permitir que empresas privadas –nacionales o extranjeras– puedan intervenir en la industria petrolera, supongo que con la capacidad de explorar, explotar y vender el producto, quedarse con el valor de la venta, y pienso que con la obligación consecuente de pagar al Estado una parte del valor del producto que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, es del dominio directo de la nación.
Habrá que leer los términos del proyecto de reforma constitucional para determinar si es o no contradictorio con lo establecido en la Constitución a partir de la expropiación petrolera que en su momento promovió el presidente Lázaro Cárdenas, con el pago de indemnizaciones a las diversas compañías que llevaban a cabo la tarea.
Me temo que se trata, simple y sencillamente, de autorizar que sociedades particulares, nacionales o extranjeras, lleven a cabo esas tareas que hasta ahora, en forma exclusiva, ha realizado Pemex.
Me pregunto, con curiosidad malsana, cuáles serán los procedimientos para determinar el volumen de la extracción y el valor de la venta, y si se establecerá algún mecanismo de control para que no haya engaños costosos y, en ese caso, cuales serán las medidas que podrán tomarse para exigir el exacto cumplimiento de las obligaciones asumidas por esas sociedades y, en su caso, ante qué organismo nacional o internacional.
En todo caso parece evidente que Pemex tendrá que crear un equipo de inspectores con claras facultades para si es preciso, ordenar la suspensión de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones que asuman los nuevos explotadores.
Es evidente que habrá que revisar el vigente contrato colectivo de trabajo para determinar si el nuevo sistema invade, como supongo, alguna facultad atribuida al sindicato, por ejemplo, en relación con la cláusula de exclusión que necesariamente se verá comprometida con la aparición de nuevos empresarios que ciertamente se verán en la necesidad de firmar los contratos colectivos que les impongan los sindicatos representativos de los trabajadores que contraten.
Es obvio que esta nueva situación afectará a las relaciones laborales establecidas antes con respecto a cada zona de trabajo actualmente vigente a cargo de Pemex, salvo que se pretenda que no ceda ningún campo de trabajo, lo que me parece difícil que pueda ocurrir.
Aquí se ponen de manifiesto diversos problemas que, me temo, no serán tan fáciles de resolver con el riesgo de que las nuevas empresas, seguramente las más importantes en el mundo internacional, presionen de todas las maneras posibles, con el apoyo de sus países de origen pudiendo generar, sin duda, conflictos internacionales.
Lo bueno de esto es que he vuelto a leer el artículo 27 constitucional que, se me había olvidado, es enormemente largo.
He sentido un poco la impresión de que estamos cancelando una parte importantísima de nuestra historia, que ha sido motivo de orgullo desde 1938, en el famoso 18 de marzo que dio fecha a la expropiación.
¿Qué hará el actual sindicato petrolero? Porque de lo que no cabe duda alguna es que tendrá que modificar su estructura de sindicato de empresa para convertirse en sindicato de industria, con todas las consecuencias que ello puede suponer.
Y si, como lo supongo, el Estado ha planeado ya su estrategia o se la han exigido los próximos concesionarios, el asunto se va a poner divertido.
Fuente: La Jornada
