La justicia en Estados Unidos espera que el juicio dure de dos a tres meses. Buscará un “jurado anónimo y parcialmente secuestrado” como en el caso de El Chapo Guzmán
La audiencia contra Genaro García Luna, el gran estratega del combate a los cárteles entre 2006 y 2012, puede suponer el inicio de un juicio explosivo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha convocado para el próximo 7 de octubre una nueva auditoría donde presentarán las evidencias de los presuntos vínculos entre el máximo jefe de la policía mexicana y el Cártel de Sinaloa.
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Las autoridades estadounidenses han presentado 189,000 páginas de documentos más voluminosas comunicaciones interceptadas entre García Luna y supuestos narcotraficantes. Entre éstas se encuentran las 17 llamadas del súper policía y la organización criminal entonces liderada por Joaquín el “Chapo” Guzmán e Ismael el “Mayo” Zambada.
En la próxima audiencia —abierta al público— se determinará la fecha en la que podría iniciar la causa contra el ex secretario de Seguridad Pública, y que el gobierno del EEUU espera que dure aproximadamente 12 semanas (tres meses).
Pruebas exculpatorias
189,000 documentos, toneladas de llamadas interceptadas son algunas de las pruebas incriminatorias clave por las que el ex jefe de la policía mexicana (2006-2012) podría ser acusado de brindar protección al Cártel de Sinaloa.
El pasado 19 de agosto, al menos 17 grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas a García Luna fueron presentadas como pruebas, en la corte de Brooklyn Nueva York, donde se lleva acabo el proceso judicial en su contra.
Las evidencias también incluyen dos páginas entregadas al juez federal Brian Cogan, y al abogado del estratega del combate contra el narcotráfico entre 2006 y 2012.
Dichos documentos contienen información referente al historial financiero de Genaro García Luna. Ni el contenido de las grabaciones interceptadas, ni el de los expedientes han sido dados a conocer.
García Luna enfrenta hasta cuatro cargos por corrupción y crimen organizado. El 8 de diciembre del 2019, el ex espía y súper policía, de 51 años, que gustaba de las Harley Davidson y los Mustangs fue detenido en Texas, Estados Unidos. Un mes después, en su primera comparecencia ante la Corte federal de Nueva York, García Luna se declaró inocente, lo que abrió la puerta a un inminente juicio.
Precisamente en ese juzgado, sonó públicamente su nombre por primera vez, durante el proceso contra Joaquín el “Chapo” Guzmán.
Jesús el “Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, socio de “El Chapo” Guzmán, declaró en febrero de 2018 que el Cártel de Sinaloa había sobornado con pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.
El primer soborno, según el “Rey” Zambada, fue de USD 3.000.000 y se produjo en un restaurante en 2005. Para entonces García Luna ocupaba un cargo de alta responsabilidad: director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Dos años más tarde, ya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, se produjo otro pago de USD 5.000.000.
Los sobornos tenían como propósito, según la versión del líder narco, conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán a una persona de confianza del Cártel de Sinaloa, para así tenerlo en su bolsillo.
La justicia estadounidense acusa al ex secretario de seguridad de ser el brazo del gobierno mexicano que facilitó al cártel más poderoso de México operar con impunidad en el país, incluyendo los cargos de distribución y posesión de cocaína, además de declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración.
Al terminar el gobierno de Felipe Calderón, en 2012, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami (EEUU), donde dirigía varias compañías de consultoría sobre seguridad junto a antiguos ex funcionarios del FBI, la CIA o la DEA. Hasta había comenzado los trámites para obtener la nacionalidad estadounidense.
La Ficalía estadounidense anunció que al arribar a la Unión Americana, el ex funcionario había amasado una fortuna personal que era incomparable con el salario de un funcionario público en México.
Fuente: Infobae