Por Raymundo Riva Palacio
Todo empezó en 2005. El 12 de septiembre, para ser exactos, cuando Alejandro Medina, hermano del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, constituyó River States, una pequeña empresa en San Antonio, con un capital de 10 mil dólares en una casa humilde en el 101 de la calle Sunflower. En 2006 y 2007, surgieron otras cuatro, HMAM LP –las siglas de Humberto Medina Ainslie, el padre de Rodrigo y Alejandro–, Mesa Investments, LLC, Two Creeks 78, LTD., y TC78, LLC. (“T” de Two y “C” de Creeks), en otras direcciones de oficinas austeras. Para entonces, Rodrigo Medina era un político al alza que en 2007 era secretario general de Gobierno en la administración de Natividad González Parás, y su familia iba construyendo un imperio inmobiliario a la par de su carrera.
El 3 de noviembre de 2009, escaso un mes después que Rodrigo Medina asumió la gubernatura, el pequeño negocio que había arrancado años antes cambió de escala. Ese día, Alejandro Medina presentó una solicitud de cambio de dominio en la Secretaría de Estado de Texas, para consolidar las cuatro empresas existentes y ampliar la propiedad a otras cuatro más. Documentos del gobierno texano muestran cómo el primer socio estadounidense de los Medina desapareció, y surgió uno nuevo, George Cisneros, hermano del primer gobernador de origen hispano en San Antonio, Henry Cisneros, que años después fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el gobierno del presidente Bill Clinton.
Para cuando Medina empezaba su gobierno, el grupo de empresas había crecido a nueve, con cuatro nuevas: HMAM Management GP, LLC, Investement de MF Group LP, Post River Sundance Ranch, LTD, y Dos Countries Management GP, LLC. En la actualidad, en el epílogo de su administración, había cuatro más, Factsa, LLC, Northlake Holdings, LLC, registrada por Alejandro Medina en las Islas Caimán, y dos que sumó Cisneros al grupo, The State at Huntress Lane LP, y Huntress Lane Development, LLC.
Durante los años de poder de Medina en Nuevo León, las empresas familiares ampliaron sus operaciones inmobiliarias. El escándalo del imperio de los Medina en bienes raíces fue detonado en plena campaña electoral en Nuevo León por Aldo Facsi, ex líder del PRI en Monterrey y ex subprocurador en el gobierno de González Parás. Dos semanas antes de las elecciones, dio a conocer la estructura de las empresas de los Medina, y la forma como el hermano de gobernador Alejandro creó un holding en las Islas Caimán, un paraíso fiscal en el Caribe, Northlake Holdings, LLC, y su padre otro, Mesa Investments, donde incorporaron entre noviembre de 2007 y diciembre de 2013, varias de las compañías familiares.
Facsi no acusó a la familia Medina de corrupción, pero sugirió abiertamente el lavado de dinero al formular una pregunta: ¿de dónde salieron los mil millones de pesos que tienen en sus negocios inmobiliarios en dos países? De acuerdo con sus estimaciones, la familia Medina tiene propiedades en San Pedro Garza García, municipio conurbado de Monterrey, con un valor comercial estimado en 228 millones y medio de pesos; el valor de las de San Antonio lo calcula en 682 millones de pesos, conservadoramente. Poseen ejidos en Nuevo León por 35 millones de pesos, y propiedades menores que se suman a la cifra multimillonaria. Conforme a documentos del gobierno texano, son dueños de cuando menos 110 propiedades en la zona metropolitana de San Antonio.
Las operaciones inmobiliarias de los Medina levantaron la sospecha en México y Estados Unidos por la ingeniería financiera que se utilizó para que el imperio fuera creciendo, pero se acentuó el interés cuando apareció un nombre conocidos por las autoridades que los colocó sobre la pista de la familia del gobernador, Álvaro Briceño, un abogado que es representante legal en varias de las empresas registradas en el Departamento de Estado de Texas. Alejandro Medina y él comparten la misma dirección de oficina en San Antonio.
El nombre de Briceño ha sido vinculado por el FBI a la investigación contra Javier Villarreal, acusado de lavado de dinero cuando fue tesorero en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira. Villarreal, quien se declaró culpable en noviembre pasado, realizó varios depósitos a cuentas de Briceño, según las pesquisas preliminares. Esta conexión es lo que hizo que el FBI volteara a ver a los Medina e iniciara una investigación sobre sus negocios inmobiliarios. Varias pistas se han ido siguiendo a lo largo de los últimos meses, pero aún no se concluye el caso antes de ser envido a un juez federal.
Los Medina, en cualquier caso, ya no pasaron desapercibidos. Cuando menos en Estados Unidos. En México, hasta ahora, no se ha abierto una vía legal pública que empiece a responder las preguntas abiertas: ¿De dónde salieron los recursos para adquirir las propiedades? ¿Existe relación directa entre el ascenso al poder de Rodrigo Medina con el boom inmobiliario de su padre y su hermano? ¿Pagaron impuestos sobre sus ingresos? Cuando comenzaron a salir las acusaciones en la prensa que sugerían corrupción, el gobernador Medina dijo que pasadas las elecciones aclararía todas las imputaciones y demostraría su inocencia. Hasta ahora, su reacción ha sido limitada y en los medios de comunicación afines a él. Medina sigue debiendo esa explicación; las autoridades mexicanas, la investigación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
Fuente: El Financiero
