Por Octavio Rodríguez Araujo
No es un consejero el que falta por nombrarse en el Instituto Federal Electoral (IFE) por la renuncia del priísta Sergio García Ramírez. En realidad, el único consejero que merece tal nombre es, de acuerdo con las evidencias, Alfredo Figueroa, a quien, por cierto, no conozco personalmente. Todos los demás (o casi todos), aunque sea por vergüenza, deberían haber renunciado junto con García Ramírez.
Figueroa fue el único que votó en contra del dictamen de la Unidad de Fiscalización (UF) del IFE referido a los gastos de campañas federales de 2012. Y lo hizo, según nota de La Jornada (16/7/13), por haberlo considerado ilegal e inconstitucional y porque los demás consejeros actuaron con parcialidad evidente.
En ese dictamen resultó que Andrés Manuel López Obrador fue el único candidato presidencial que rebasó el tope de campaña (ídem), lo cual es una aberración que le ha torcido la mano a la realidad que todos conocemos: AMLO usó aviones comerciales (no privados ni helicópteros) y la mayor parte de sus recorridos fueron por carretera y austeros, pueblo por pueblo, en todo el país. Es imposible pensar que gastó más que Enrique Peña Nieto, incluso si nos cayera mal el candidato de la coalición Movimiento Progresista, que no es el caso para mí.
La historia de este absurdo viene de atrás, desde que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se negó a atender las denuncias sobre el caso Monex, aduciendo que tenía que proteger el secreto bancario. La CNBV ignoró olímpicamente el artículo 41 constitucional, inciso V, que señala que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del IFE (Unidad de Fiscalización) y que en el cumplimiento de sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal (las cursivas son mías). Se dijo en agosto del año pasado que la Unidad de Fiscalización del IFE no sólo investigó lo del asunto Monex sino que hizo más de 400 requerimientos de información que trascendían el secreto bancario.
Sin embargo, la UF se lavaba las manos pues los resultados de su investigación se darían a conocer después de la calificación de las elecciones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (el famoso TEPJF, por sus tristes actuaciones). Y para entonces, ¿para qué si ya no se podría anular ninguna candidatura por rebasar los gastos de campaña? El mismo consejero Figueroa reconoció que el esquema de fiscalización debía revisarse, puesto que el dinero es uno de los elementos básicos de de la equidad electoral.
No deja de ser una ironía que la legislación electoral vigente contemple la cancelación del registro de precandidatos si exceden los gastos de precampaña (Cofipe, 214.4) y que, en cambio, la única sanción a los candidatos que también se excedan en los gastos de campaña sólo sea una multa cuando ya no se puede hacer nada en relación con los resultados electorales.
Si los resultados de las investigaciones de irregularidades, incluyendo el rebase de los topes de campañas y el lavado de dinero en el transcurso de éstas, se dan después de la calificación de la elección presidencial, ¿de qué sirve? ¿Multas que se cobrarían dos o tres años después, como ya ocurrió con lo de Pemexgate y los Amigos de Fox? Así fue, la mayoría de los consejeros del IFE deben haber pensado que cumplieron supuestamente con la ley y que todos quedaron con las manos limpias cuando, en realidad, ahora se trata de cosa juzgada y ninguna candidatura quedó invalidada. Dije supuestamente, pues contra la opinión del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, el consejero Alfredo Figueroa afirmó que lo investigado por el instituto no fue, de ninguna manera, exhaustivo y que es falso que haya investigado y valorado toda prueba y argumento de las partes (Reforma, 29/08/12).
Se tardaron menos tiempo en emitir su dictamen que en los casos del Pemexgate y de Amigos de Fox, pero este lapso más corto no le quita lo aberrante al dictamen. Señala La Jornada del martes que el legislador del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía sostuvo que el dictamen es ‘‘parcial, irracional, revanchista, inconstitucional y encubridor. Parcial, por el trato diferenciado entre coaliciones y candidatos presidenciales; irracional, porque privilegia criterios absurdos para favorecer al candidato del PRI’’, y es claro que tiene razón.
Se está hablando ahora de la necesidad de reformar otra vez la legislación electoral. Mucho resta por hacer, pero la ley es una cosa y su manipulación a conveniencia es otra. Mientras las personas no cambien, de poco servirá que la ley sea incluso perfecta, si acaso puede haber leyes perfectas.
El método seguido en el IFE para aprobar el dictamen en cuestión es el típico de toda organización donde una mayoría puede aplastar a una minoría sin tener que expresar argumentos y convencer con ellos. Es muy frustrante, y lo sé porque me ha pasado varias veces, la última en un órgano colegiado de tipo académico en el que uno de los consejeros me dijo que no estaban ahí para ser convencidos. Renuncié a esa comisión y, desde luego, aprobaron lo que por consigna tenían que aprobar. En esos momentos pensé que se trataba de un caso único, excepcional, pero con el tiempo he podido comprobar que así ocurre en casi todos (por no decir todos) los cuerpos colegiados, donde unos tienen intereses compartidos y otros, siempre en minoría, son verdaderamente independientes. Es una pena, pero así son las cosas y el IFE no es, de ninguna manera, un paradigma de conciencias libres, independientes y honestas (con algunas excepciones).
Fuente: La Jornada
