El domingo 29 se realizará la elección extraordinaria de Tixtla, después que la de junio se anulara por la quema de varias casillas en protesta por la falta de justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa. En un contexto de guerra entre bandas delictivas y cuando la población reclama la protección de las Fuerzas Armadas, policías estatales y federales realizaron un operativo que terminó en salvaje golpiza contra otros normalistas… De nuevo, la violencia atizada desde el Estado.
Por Ezequiel Flores Contreras/ Proceso
La crisis político-social y la ola de violencia continúan en el estado, a unos días de la elección extraordinaria en la presidencia municipal de Tixtla, que se realizará el próximo domingo 29.
A la conmoción y las reacciones generadas durante más de un año por el ataque y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se sumó esta semana la brutal golpiza con que culminó un operativo de agentes federales y estatales para frustrar el secuestro de una pipa cargada de combustible.
Todo ello ocurre en el contexto de la interminable confrontación de las bandas delictivas que se disputan las zonas de producción y trasiego de narcóticos en la Sierra de Guerrero, que provoca el desplazamiento masivo de personas y la formación de grupos de autodefensa, ante la indiferencia y, peor, los presuntos nexos de las autoridades y las Fuerzas Armadas con el narco.
La situación tocó fondo el jueves 12, cuando más de mil personas de los municipios Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo retuvieron a unos 200 soldados, después de que éstos desarmaran y arrestaran a guardias comunitarios que se enfrentaban con una célula criminal liderada por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano en el poblado de El Naranjo, en el municipio de Castillo.
Los pobladores denunciaron públicamente que los soldados, adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, se abocaron a neutralizar a los guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en vez de capturar a los delincuentes.
Alrededor de un millar de personas, la mayoría hombres armados de los poblados de Yextla, Izotepec, Jaleaca, Los Morros, Filo de Caballos y el Ranchito, interceptaron a los militares en Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Los comisarios de al menos 20 comunidades de la región de la Sierra informaron en un comunicado que, tras horas de tensión, los pobladores liberaron a los 60 comunitarios retenidos y recuperaron las armas que les habían decomisado los elementos del Ejército.
No obstante, los serranos enfurecieron cuando se enteraron de que, tras la detención de la autodefensa en El Naranjo, la banda de los Villalobos asesinó a 15 policías comunitarios de Ojo de Agua, pueblo considerado la guarida de esa banda, que días antes fue expulsada por la fuerza de Polixtepec, en General Heliodoro Castillo.
La gente acusó al Ejército de actuar en contubernio con la organización delictiva y retuvo a los militares porque se negaron a regresar a Ojo de Agua para verificar la información.
Los soldados fueron liberados la mañana del viernes 13, cuando infantes de Marina arribaron a la Sierra y realizaron un operativo en la zona de influencia de los Villalobos. Sin embargo, los marinos no confirmaron la ejecución masiva de comunitarios y sólo encontraron rastros de la batalla, entre ellos cuatro camionetas incendiadas.
En las inmediaciones de Ojo de Agua se localizó a tres policías comunitarios que se ocultaron en los cerros y fueron reportados como desaparecidos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2037, ya en circulación)
