Por Luis Javier Valero Flores
Para cualquier mediano conocedor de los mecanismos del poder, cuando lo ejerce el PRI, las señales son más que obvias.
La presidenta nacional del PRI, prima del presidente Peña Nieto, Carolina Monroy, lanzó un contundente mensaje: Es falto de “ética” interponer obstáculos a la transición gubernamental, en lo que fue la más clara advertencia al gobernador veracruzano, Javier Duarte, a propósito de su intención de nombrar al fiscal anticorrupción.
Muchos sostendrán que el mensaje es para allá, para el sur.
Pueden estar equivocados.
¿Será posible que un integrante del gabinete presidencial ampliado pudiera acudir al relevo de uno de sus delegados, en una entidad en la que el conflicto con el gobernante en activo fue permanente sin que informara al presidente de ese evento, o que, por lo menos, el secretario de Gobernación, como jefe del gabinete, estuviese informado? ¿Y que, además, en la ceremonia no estuviese presente el gobernador local?
La anterior –la de Jorge Esteban Sandoval– se hizo con todo el boato de la clase gobernante, encabezada por el gobernante.
¿Y que, además, el funcionario federal lanzara un mensaje conciliador al gobernador electo, sabiendo que el PRI local impugnó la elección?
¿Alguien puede creer que son meras coincidencias?
En términos del lenguaje del priismo tradicional, la visita de José Reyes Baeza, director general del Issste, para darle posesión a Sergio Granados como delegado de la dependencia, y las declaraciones realizadas con motivo de la alternancia gubernamental no tienen otra interpretación: el grupo gobernante, encabezado por Peña Nieto no desea más conflictos en Chihuahua, la transición debe realizarse de la manera más tersa posible.
No se necesita ser muy buscador de los “mensajes ocultos” de los priistas.
La impugnación presentada por el PRI estatal al triunfo de Javier Corral está convertida en el principal obstáculo para efectuar la transición, porque, se aprecia, como el mecanismo para ello, de ahí la persistencia del dirigente estatal, Guillermo Dowell, en litigarla públicamente y que ahora, en el colmo, sostenga que si el Tribunal Estatal Electoral (TEE) la falla en su contra, Javier Corral será un gobernador “ilegítimo”. Así lo dijo: “Si los tribunales definen que las pruebas que son irrefutables no son suficientes para anular la elección, estaremos ante alguien que llega a la gubernatura sin certeza e ilegitimidad”.
¿También será una coincidencia que el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz, salga a darle respuesta a las impugnaciones del PRI acerca del número excesivo de boletas que ninguno de los representantes del PRI, en ninguno de los niveles de la estructura electoral, pudo ver?
Dos son las lecturas, incontrovertibles, que se pueden obtener de las elecciones del 5 de junio y de los violentos sucesos del 22 del mismo mes:
Por una parte, el extendido rechazo al gobernador Duarte y, por otra, los niveles de indignación popular por el mismo motivo, acrecentados, en el caso de la capital del estado, por los diversos acontecimientos de las últimas semanas, en particular el servicio de transporte urbano y el desabasto de combustibles, que son, a final de cuentas, dos de los numerosos que aparecen por todas partes y que denotan el fin de un gobierno que excedió los límites de los controles ejercidos por el titular del Poder Ejecutivo –que de por sí en los gobiernos priistas son excesivos–: la cacería de los taxistas sobre los “socios” del Uber; la anunciada “toma” de casetas por los usuarios de ¡todos los distritos de riego de la entidad! a causa de la falta de la aportación estatal –de 14 millones de pesos– para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento 2015; la suspensión del subsidio del gobierno estatal a los productores de avena –por un monto aproximado de 12 millones de pesos–; la crisis del ViveBus –a causa de la falta de diversos pagos a los choferes y otros trabajadores–; además de los sucesos del 22 de junio en Palacio de Gobierno.
Por si fuera poco, al gobernador Duarte se le ocurrió otorgarle la entrevista a la periodista Dennise Maerker en la que debió aceptar varias cosas:
La ratificación de la existencia de un patrimonio “familiar” de 65 millones de pesos, en un fideicomiso que eventualmente podrían convertirse en acciones del Banco Unión Progreso –si esto se concretase–; que no autorizó el movimiento de dinero del Gobierno del Estado a través de cuentas en la Unión de Crédito Unión Progreso (UP); que él no estaba al tanto y que desautorizaba a su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, por hacerlo; que podría nombrar al fiscal anticorrupción, aunque se desprende que al decir que se haría “en el paquete de la transición” podría interpretarse como resultado de una negociación con el nuevo gobierno; que no existe un mínimo de autocrítica en cuanto a las concesiones de las carreteras obtenidas del gobierno federal, aceptó que se convirtieron en “ingresos a futuro” y que resolvieron gastarlos ahora.
Y ese será el problema central de los próximos años. Las finanzas de Chihuahua tienen un problema estructural, a consecuencia, fundamentalmente, del voluntarismo del gobernante.
Durante largos años se presumió de varios logros de la actual administración, entre ellos, el de la cobertura total en materia educativa, los avances en salud y la preservación de la seguridad pública.
Ahora sabemos –Jaime Herrera nunca lo ha negado– que los diversos endeudamientos y compromisos financieros –los abarcados en la designación de la deuda directa y los “financiamientos” obtenidos a partir de ingresos futuros (término que el gobernador Duarte le aceptó a la periodista Denisse Maerker), derivados de los fideicomisos carreteros y del Impuesto Sobre Nómina– se destinaron fundamentalmente a aquellos rubros, es decir, a lo que en la Economía clásica se le llama gasto corriente.
Todo ello originó que una parte sustancial del presupuesto de egresos (entre 4 y 5 mil millones de pesos) se sustancie con aquellos financiamientos, que para el caso presente fueron aprobados en diciembre pasado, tanto en la Ley de Ingresos, como en el Presupuesto de Egresos de 2016.
Recursos que son distintos a lo que se discutió a principios de la semana, cuando el Congreso del Estado –con mayoría calificada del PRI y sus aliados– aprobó la derogación de un artículo transitorio de la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado y la de un nuevo artículo transitorio, que le permitió al gobierno de César Duarte eludir el pago total de la deuda de corto plazo (la bancaria) tres meses antes del término de su gestión, habida cuenta que esas deudas las deben saldar los gobiernos locales en el curso del año en que fue solicitada y cuyo vencimiento tienen como fecha la del 31 de diciembre.
Con la aprobación de tal modificación el nuevo gobierno estará obligado a pagar las últimas tres mensualidades –por un monto de poco más de mil millones de pesos– debido a que, de acuerdo con la información del secretario de Hacienda, Jaime Herrera (entrevista al escribiente, Aserto Radio-Antena 102.5FM, 1/VII/16), el monto de ese adeudo es de un poco más de 2 mil 900 millones de pesos.
Sin embargo, ese no es el principal problema –entendemos que es un mundo de dinero a pagar al inicio de la gestión– sino el otro, el de los 6 mil millones de pesos, ya presupuestados, que pudieran disminuirse a la mitad, dice Herrera (ibídem) y cuya falta pudiera llevar a que en la primera quincena de julio se apreciaran las primeras consecuencias, como la falta de pago a maestros y empleados de gobierno.
De ese modo, las consecuencias de haber estructurado un presupuesto con tales características será el primer gran problema que habrá de resolver la administración de Javier Corral, quien le ha apostado a que por la vía de erradicar la corrupción –o por lo menos atenuándola a niveles ínfimos– se obtengan muy importantes ahorros, antes de aplicar el despido de trabajadores (todos pensamos que habrá una seria revisión a los ingresos de los funcionarios de los primeros niveles).
Y es que, cuando algunos sostenemos, ahora también el gobernador electo lo ha hecho oficialmente, que deba realizarse lo más pronto la Entrega-Recepción no nos estamos refiriendo, solamente, al hecho concreto señalado en la ley, sino a la disposición de ambos gobernantes a efectuarla más allá de tales límites, los que podrían ser que el saliente ya no tome decisiones cuyas consecuencias vayan más allá de su gestión.
El mejor ejemplo de ello es el sistema de transporte de la capital. ¿Cómo anunciar su desaparición a tres meses del final del gobierno? ¿Y luego anunciar que siempre no, que unas semanas más tarde, será “el regreso de las viejas rutas”?
Si inicialmente se aplaudió el hecho de “bajar” las iniciativas acerca de la bursatilización de los remanentes carreteros y del PAFEF, con la presentación de la impugnación, en la práctica se interrumpió el proceso que de modo totalmente contrario se realiza en Juárez y Chihuahua.
Todo lo anterior pasa por un hecho cardinal: la aceptación del PRI de su derrota. Debe dar paso, el gobernador Duarte en primer lugar, a la transición gubernamental, ya.
