Curioso país éste donde un partido político, desconfiado de las instancias de un gobierno inmerso en la corrupción, halla una vía legal para reunir recursos y hacerlos llegar a miles de damnificados de los sismos de 2017, y por ello es sancionado por una autoridad electoral cuya competencia es dudosa en el asunto.
El caso, que ha generado una sanción de 197 millones de pesos del INE a Morena, motivado por el supuesto financiamiento paralelo a ese partido, comenzó cuando ciudadanos militantes o cercanos a ese partido conformaron el fideicomiso “Por los demás”, para ayudar a damnificados, atendiendo un llamado de Andrés Manuel López Obrador. El fideicomiso tiene carácter privado, aun cuando haya sido convocado por AMLO.
El PRI denunció ante el INE la entrega de recursos provenientes del financiamiento público de Morena al fideicomiso. Esa fue la queja fundamental priista, pero en la propia resolución sancionatoria se declara expresamente infundada. En sentido estricto, ahí debió terminar la indagación de la Unidad de Fiscalización, pero decidió continuarla debido a aparentes irregularidades en el fideicomiso. Sin embargo, concluida la investigación, el INE tampoco logró probar desviaciones para financiar campañas políticas.
Es decir, si el INE no acreditó que el dinero del fideicomiso proviniera de Morena, ni que su destino fuera alguna campaña, resulta al menos discutible la competencia de la autoridad electoral para investigar los actos de un fideicomiso privado.
Ciertamente, el fideicomiso es operado por ciudadanos que son militantes o afines a Morena, pero es claro que su máximo dirigente y hoy virtual Presidente electo discurrió la forma de llevarles apoyo económico a miles de damnificados, ya que no podía hacerlo directamente con los recursos de Morena ni quiso confiárselos a alguna instancia gubernamental. ¿Es esto un fraude a la ley? Para el INE sí lo es, pero también puede leerse como una forma de ayudar a los damnificados, sin pasar por instancias inconfiables para el impulsor del apoyo.
La identidad partidaria de los involucrados en la donación y operación del fideicomiso, en la que se insiste reiteradamente en la resolución del INE, parece obvia. ¿O era de esperarse que priistas y panistas, por ejemplo, aportaran o manejaran un fideicomiso promovido por un partido adversario?
El INE no conoce el destino de los dineros, pero al decir del representante de Morena ante el Consejo General, Horacio Duarte, en el expediente están los nombres de miles de beneficiarios apoyados por el fideicomiso. Duarte le dijo a Carmen Aristegui: el banco le entregó al INE las actas del comité del fideicomiso y ahí están los beneficiarios del dinero, alrededor de 27 mil, pero el INE no quiso ir a preguntarles si habían recibido el recurso (https://bit.ly/2NqAr8v). Y sí, era difícil preguntarle a 27 mil, pero obviamente, pudo hacerse un muestreo. Y el INE incurrió en otra omisión inexplicable: tampoco le preguntó al Comité Técnico del fideicomiso. ¿No consideró necesario respetar la garantía de audiencia de un ente involucrado?
El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, único que votó en contra de la resolución del INE, calificó a ésta de trama novelesca. Una novela que injustamente ya dañó el prestigio de un partido y en la cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tras de graves pifias parece querer reencauzar el camino, tendrá mucho que decir.
Es probable que en el fideicomiso haya habido irregularidades, pero quizá el INE debió limitarse a lo que también hizo en su resolución: dar vista a las autoridades hacendarias y financieras, que sí tienen competencia sobre fideicomisos privados. Comoquiera, aun considerando desacertada la resolución del INE, creo que la actitud de las entidades fiscalizadoras debe ser justo la de este caso: esforzarse por levantar el velo que oculta asuntos turbios, pero -claro- se precisa detectar bien la turbiedad.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma
