Por Jenaro Villamil
Ningún gobernante presume sus logros como censurador o enemigo de la libertad de expresión. En el lenguaje político de las simulaciones, la censura siempre se aplica de manera indirecta: vía presiones a los dueños de los medios, bloqueos publicitarios o informativos (como los que ha vivido Proceso desde hace lustros), amenazas veladas a través de terceros o guerras de lodo aplicadas por otros medios o comunicadores contra quienes son señalados por el dedo flamígero del gobernante.
En el episodio de la expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo en MVS Noticias se está aplicando al pie de la letra el manual del censurador: sobredimensionar un conflicto menor (el “uso de la marca”); obligar al concesionario a morder el polvo como responsable de la expulsión (los Vargas); negar en todo momento que haya una violación a la libertad de expresión o a los derechos de los periodistas (los vergonzosos “lineamientos” de Noticias MVS que privilegian los derechos empresariales por encima de los derechos de información); polarizar y escalar el conflicto hasta el grado de hacer imposible la reconciliación.
Los recientes comunicados de Grupo MVS para embestir contra Aristegui reflejan no el estilo del corporativo de medios de radiodifusión y de telecomunicaciones sino el estilo del sexenio para quienes se atrevan a desafiar el consenso oficial.
MVS no argumenta, insulta en sus comunicados. En sus primeros mensajes de este episodio no mencionó por su nombre a la periodista. Una vez que la corren, llama a Aristegui “mentirosa”, la acusa de “desviar recursos” en beneficio de su portal informativo y de caer en “conflicto de interés” (término clave en la cobertura de los grandes escándalos inmobiliarios del gobierno peñista como la Casa Blanca, la casa de Ixtapan y la casa de Malinalco, por ponerles nombres).
MVS cancela toda posibilidad de diálogo y reconciliación, especialmente tras los comunicados del viernes 20 y domingo 22 de marzo. Se exhibe públicamente como una empresa vengativa, rencorosa, insidiosa. Algo que no coincide con sus anteriores posiciones públicas en otros conflictos, incluyendo el que tuvo con la misma Aristegui en 2011, a raíz de su salida por preguntar al aire si Felipe Calderón tenía problemas con la bebida.
Como bien apuntó Fabrizio Mejía en su cuenta de Twitter: “he oído mayor respeto en un pleito de pulquería que en los comunicados de MVS contra Aristegui”.
Sin embargo, lo que más llama la atención en este talk show de la censura es que MVS decide quemar sus naves de credibilidad para emprender su odio contra quien hasta hace quince días era su principal conductora, su mina de oro de rating y la más galardonada y reconocida periodista en medios masivos.
Evidentemente, MVS hizo caso omiso al llamado de la Secretaría de Gobernación en su comunicado del 17 de marzo de 2015. De manera tardía, Gobernación señaló lo siguiente “respecto al diferendo” entre Aristegui y MVS:
“Es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana.
“El gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo, y seguirá haciéndolo, con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país”.
Gobernación escurre el bulto y su responsabilidad en un asunto fundamental: un “diferendo” de este tipo no es sólo un litigio “entre particulares” porque MVS es una concesión de un servicio de interés público y porque el noticiario de Aristegui está tutelado por los principios del artículo 6 constitucional, no por los “lineamientos” de una empresa.
Si tanto le preocupa a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Peña Nieto “el ejercicio crítico y profesional del periodismo” ¿por qué no mediaron de forma pública para restablecer las relaciones entre Aristegui y MVS? ¿Por qué no exhortaron a la reinstalación de la periodista? ¿Por qué se pronunciaron cuando ya estaba consumado el golpe?
Aquí está la clave de un estilo personal de censurar: esconder la mano y simular preocupación.
El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresó ante Proceso que es una responsabilidad del gobierno federal velar por la libertad de expresión y por el derecho a la información de los ciudadanos. Consideró que si el gobierno de Peña está interesado en fortalecer los valores democráticos debió intervenir para evitar la ruptura entre MVS y Aristegui.
No lo hizo porque todos los indicios señalan que alentó y presionó para esa ruptura, no al revés.
El golpe a Aristegui refleja un rostro sombrío de retroceso autoritario en un el seno de un gobierno que no sabe cómo revertir la severa crisis de credibilidad entre la población. No ha cumplido ni tres años en el poder y ya tiene los índices más bajos de aceptación, según todas las encuestas.
El peñismo sigue convencido que basta con cambiar al mensajero para que el “mensaje” se transforme. Pretenden “vender” los logros de las reformas estructurales con promesas y propaganda inducida o abierta en los medios, no con hechos. No lo han logrado.
El estilo personal de censurar de Peña se enfrenta a una prensa internacional que analiza con lupa este episodio y otros casos de presunta corrupción y violaciones graves a derechos humanos como el expediente de Ayotzinapa.
The Economist, la misma revista británica que alabó a Peña y ahora encabeza la más dura crítica contra su administración, sentenció en un párrafo lo que está sucediendo:
“Crece la sospecha de que el gobierno –que lucha contra un decrecimiento de su popularidad menos de tres meses antes de las elecciones intermedias- puso presión sobre MVS Radio. El despido de Aristegui vino pocas semanas después de que el presidente Peña nombró a Eduardo Sánchez, ex abogado de la propia compañía, para encabezar la coordinación de comunicación social de la Presidencia. MVS negó enfáticamente cualquier relación con el asunto”.
Fuente: Homozapping
