El Estado continúa violando la ley en aras de una política comunicativa efectista en materia de seguridad y justicia, de acuerdo con el Observatorio que da seguimiento al Acuerdo de los Medios para la Cobertura Informativa de la Violencia. Es urgente resolver la falta de coordinación y la confrontación entre instituciones, señala. Hay avances muy positivos: medios cierran espacios a la propaganda del crimen organizado, pero aún persiste una cobertura insuficiente en los ataques a la prensa.
El Observatorio que da seguimiento al Acuerdo de los Medios para la Cobertura Informativa de la Violencia cumple un año y medio de funcionamiento. Su sexto informe coincide con el fin de un periodo presidencial y el principio de otro. De allí que el Consejo del Observatorio considera conveniente hacer una recapitulación del cumplimiento del Acuerdo suscrito por cerca de 700 medios de comunicación el 24 de marzo de 2011.
De acuerdo con un comunicado del Observatorio del ACIV, son de destacar en este periodo:
1. Importantes avances en el tratamiento de la violencia por parte de los miembros del Acuerdo, con una progresiva observancia de los criterios convenidos y de las recomendaciones emitidas en estos meses con miras a integrar un catálogo de buenas prácticas de comunicación de la violencia.
2. Persistencia de violaciones a la ley por las fuentes oficiales de todos los órdenes de gobierno en aras de una política comunicativa de corte efectista, a través de filtraciones de investigaciones en proceso y vulneración de los derechos tanto de personas detenidas como de víctimas de la violencia. Asimismo, se registran situaciones extremas de confrontación y de faltas de coordinación entre los órganos de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.
Sexto Informe julio-octubre 2012
Durante el periodo julio-octubre, el Observatorio documentó graves deficiencias en la política de comunicación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los diferentes niveles de gobierno. Destacan los casos del ataque a funcionarios estadounidenses en Tres Marías; la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano y la presentación de presuntos responsables de delitos en el parque El Colibrí, en Chalco, Estado de México.
Las malas prácticas en la política de comunicación gubernamental se han traducido en:
a) violaciones a la ley por parte de autoridades, con la filtración de documentos e información de investigaciones en curso;
b) doble victimización: maltrato de las instituciones gubernamentales a las personas afectadas por la violencia;
c) juicios mediáticos;
d) especulaciones y generación de rumores;
e) generalizaciones infundadas respecto al involucramiento de las víctimas de violencia en actos delictivos; y
f) pérdida de credibilidad.
En este escenario, en algunos de los casos analizados diversos medios de comunicación no sólo no cumplieron con su función de vigilar la actuación del Estado, sino que incluso potenciaron los vicios de la comunicación gubernamental que afectan al proceso de procuración e impartición de justicia en el país.
Cobertura insuficiente de ataques a la prensa
Durante el periodo analizado continuaron las amenazas y agresiones contra la prensa, llegando incluso a medios de alcance nacional. Si bien se ha desarrollado una importante red de solidaridad entre los medios de comunicación ante los ataques contra el gremio, el Observatorio documenta que la calidad de la cobertura periodística en torno a estos ataques resulta deficiente y no constituye una prioridad en la agenda de los medios, sino más bien, una temática que se aborda de manera coyuntural.
El Observatorio propone a los medios de comunicación reafirmar su solidaridad con el gremio a través del seguimiento constante a los ataques contra la prensa y la actuación de la autoridad, estableciendo este tema como prioridad en la agenda informativa.
Presiones a medios en Tamaulipas y Nuevo León
A partir del seguimiento constante a la cobertura mediática, así como a través del intercambio con medios y periodistas, el Observatorio concluye que en estados como Tamaulipas continúa imponiéndose el silencio informativo como política editorial ante la indefensión en que se encuentra el gremio periodístico frente a los embates del crimen organizado. El Observatorio destaca los tres ataques dirigidos contra un medio de comunicación en Nuevo León durante el periodo, así como la inexistencia de condiciones para el desarrollo del trabajo periodístico de manera libre en Veracruz.
Veracruz: dudas respecto al esclarecimiento de los asesinatos de periodistas
El Observatorio manifiesta su preocupación respecto a las irregularidades denunciadas por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en torno a los procesos judiciales relativos al esclarecimiento de los casos de periodistas asesinados en el estado de Veracruz.
La falta de credibilidad ante la actuación de la procuraduría local encuentra fundamento en la existencia de un patrón, basado en una estrategia de comunicación que privilegia los juicios ante la opinión pública por encima de los juicios ante los tribunales, sobre la base de investigaciones deficientes que violentan el derecho al debido proceso de los inculpados y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y familiares.
Fallas en el caso de los rumores en Luvianos y el video del alcalde de Teloloapan
Asimismo, se registraron casos en los que algunos medios de comunicación fallaron en verificar y contrastar la información que difundieron, disciplina que constituye la esencia del periodismo. El Observatorio registró con particular preocupación la construcción de noticias con base en rumores y filtraciones, como el caso del supuesto “enfrentamiento” en Luvianos, Estado de México. También reflexiona respecto a la reproducción de contenidos de fuentes anónimas, a partir de la difusión de un video en que presuntamente un grupo delictivo amenaza al alcalde de Teloloapan, Guerrero.
Las buenas prácticas de Animal Político, Excélsior, Milenio y El Universal
Sin embargo, el Observatorio también identificó trabajos periodísticos que destacan por su calidad y presentan un mosaico distinto que nos acerca a las historias de las víctimas de la violencia, evidenciando las omisiones y abusos de la autoridad, contrastando el discurso gubernamental y ampliando el espectro del entendimiento de las problemáticas ligadas al crimen organizado, entre los que se encuentran trabajos de Animal Político, Excélsior y Milenio. Asimismo, se destaca el esfuerzo de El Universal por visibilizar la grave situación que enfrenta el gremio periodístico.
El Observatorio considera prioritario que el Estado mexicano instrumente una política integral para prevenir y sancionar los ataques contra medios y periodistas, cuyo eje central sea el combate a la impunidad. En este sentido, hace un llamado urgente al Congreso de la Unión a aprobar la ley reglamentaria de la reforma al artículo 73 constitucional que faculta a la Procuraduría General de la República para investigar los delitos contra periodistas y medios de comunicación. Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo realizar las reformas necesarias a sus reglamentos internos en aras de garantizar la adecuada instrumentación de la mencionada reforma.
Al mismo tiempo, el Observatorio hace un llamado al Gobierno Federal para que el tardío y desarticulado Mecanismo de Protección a Periodistas funcione de manera efectiva en brindar asistencia oportuna a reporteros y comunicadores en situación de riesgo.
Los documentos del Ovservatorio del ACIV se pueden consultar en los siguientes enlaces:
