Por Víctor M. Quintana S.
La pregunta no es si el Estado mexicano está infiltrado por el crimen organizado. La pregunta es cuál parte del Estado está infiltrada por cual mafia criminal y cuál por otra.
La visión del estado desde el análisis académico y político y la visión desde la Tierra Caliente de Michoacán, desde el estado de Guerrero o desde el noroeste de Chihuahua se pueden complementar perfectamente.
Mientras en ciertos medios se discute si el Estado mexicano es ya un estado fallido o solamente debilitado, en la experiencia cotidiana de muchas localidades, de muchas ciudadanas y ciudadanos, ese Estado es inexistente para lo que más les urge, para lo que más les interesa. O peor, aún, si se hace presente es en perjuicio de ellos.
En la Tierra Caliente el Estado estuvo ausente o de plano cooptado por los Caballeros Templarios durante mucho tiempo. Los vacíos que dejó los tuvo que llenar la ciudadanía formando autodefensas. Con sus aciertos y errores, a pesar de no contar con los recursos financieros, logísticos, jurídicos, de armamento del Estado, las autodefensas lograron contener la penetración y dominación del crimen organizado. Cuando lo más difícil está hecho, llega otra parte del Estado –aparentemente la no cooptada por los templarios– y toma el control de la zona. Luego arremete contra dos de los tres principales líderes de las autodefensas. Primero encarcela a Mireles, y recientemente a Hipólito Mora.
En Guerrero, ahora lo sabemos con certeza, no son sólo los órdenes municipal o estatal de gobierno que por acción directa o por negligencia contribuyen a la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Se da el concurso abierto de las fuerzas federales en la detención ilegal y desaparición de los jóvenes y en el asesinato de otros. Hasta la fecha ningún orden de gobierno ha sido capaz de encontrar a los desaparecidos ni de responder por las decenas de cadáveres encontrados en fosas clandestinas, ni mucho menos de hacer justicia.
En el noroeste de Chihuahua, pese a que las cifras de los gobiernos estatal y federal muestran significativas reducciones en la delictividad, hay una permisividad o complicidad abierta del Estado con el crimen organizado. Por los menos hay dos poblaciones cuyos habitantes han presentado serias denuncias a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Chihuahua sin que hayan recibido ninguna respuesta hasta el momento. Peor todavía: quienes presentaron las denuncias han tenido que salir del país por temor a las represalias de los criminales.
Se trata de las colonias agrícolas y ganaderas Nicolás Bravo y El Alamillo, ambas en el municipio de Madera. Desde el año 2009 un grupo criminal ha llevado a cabo numerosos homicidios, incendios de casas, de instalaciones agrícolas. Ha secuestrado a propietarios de ranchos que luego aparecen asesinados y torturados. Posteriormente se han apropiado de los ranchos, la maquinaria agrícola y cientos de cabezas de ganado. Esto ha hecho que decenas de familias hayan abandonado esas poblaciones y busquen refugio, sobre todo en Estados Unidos. A pesar de que todo esto se ha denunciado ante la Subpcuraduría de Derechos Humanos PGR en los expedientes AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M21/079/2014 y AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M21/118/2014 a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, expediente 7157-012346/2013, nada se ha hecho hasta ahora. Ningún criminal ha sido detenido, incluso algunos de los cómplices son ahora funcionarios municipales.
No lo es todo: en varios municipios de esta región, el ayuntamiento está prácticamente tomado por los criminales. Si bien el alcalde surgió de elecciones aparentemente democráticas, el cártel en control, ha nombrado a los directores de seguridad pública, de obras públicas y a veces también al tesorero municipal. La policía municipal opera en favor de los delincuentes. Hay una total extaterritorialidad en su funcionamiento: pueden detener a una persona en un municipio y encarcelarla en otro; cobran multas desproporcionadas por infracciones menores de tránsito o al bando de policía, sin extender nunca el comprobante oficial. Acaparan la obra pública con sus constructoras, la llevan a cabo sin ninguna calidad y sin ninguna supervisión o auditoría.
Todo esto lo saben el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal, pero no han actuado como la ciudadanía lo demanda y lo espera. Si por acá no ha habido más desmanes o no se ha presentado un caso semejante al de Iguala, es porque no los delincuentes no quieren calentar la plaza o que se provoque un cambio en el gobierno que les resulte desfavorable. Pero eso no quita que estén dados todos los elementos para que se produzca un ayotzinapazocontra un grupo de ciudadanas y ciudadanos que se harten de tanta impunidad e inusticia. Es la segunda vez que advertimos esto en este espacio.
Para la mayoría de la población, para las pocas personas que han tomado las armas para auto defenderse o que se han atrevido a denunciar, el Estado mexicano, no sólo está infiltrado, sino ha fracasado en el cumplimiento de sus deberes basicos para con el pueblo. En cambio, resulta tremendamente funcional para exonerar a los Salinas de Gortari, para encubrir a gobernadores corruptos, para larvar impunidades de policías y soldados que matan, desaparecen y aprehenden inocentes. Con este Estado de crimen es con el que las y los ciudadanos comenzamos el nuevo año.
