El Estado mexicano debe redirigir de manera profunda la investigación del caso Ayotzinapa y materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México, aseguró la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Esto luego que esta instancia analizara de manera detallada tanto el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre los hechos en Iguala, Guerrero, de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron 43 normalistas desaparecidos, seis asesinatos y varios lesionados.
La ONU-DH consideró que las autoridades mexicanas deben observar puntualmente los contenidos de ambos documentos y las deben alentar decididamente a “enderezar” la investigación del caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en los ámbitos de acceso a la justicia y combate a la impunidad, especialmente en relación con la autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales.
“La atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia definitiva del Tribunal Colegiado deben realizarse potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”, sentenció Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH.
“El Informe de la CIDH reconoce ciertos avances pero sobre todo resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación,” señaló.
“Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”, lamentó.
La ONU-DH coincidió plenamente con la conclusión de la CIDH, en el sentido de que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación” en este caso.
Por otro lado, “la inédita y garantista” sentencia del Tribunal Colegiado es la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana, de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, por algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a la ONU-DH, y por organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense.
La ONU-DH coincidió con “el cuadro manifiesto de graves irregularidades” al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Se detalló que para la ONU-DH es particularmente relevante que el contenido de su Informe Doble Injusticia haya sido retomado por el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y por la sentencia del Tribunal Colegiado, especialmente en lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan. Por lo que reiteró su llamado al Estado mexicano a atender las recomendaciones de su Informe.
“En un día como hoy, tan emblemático para México por celebrarse un aniversario más de la entrada en vigor de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, la ONU-DH reitera su reconocimiento a la tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y el paradero de los estudiantes desaparecidos”.
Fuente: La Jornada
