Por Pedro MIguel
Una reforma que pretende introducir en el INE una mínima racionalidad administrativa y presupuestal e incluso un poco de decencia, es presentada como una arremetida de la barbarie autoritaria y tiránica contra la democracia
La cabeza de un manojo de funcionarios designados en conciliábulos de cúpulas partidistas otrora hegemónicas llama a desobedecer las decisiones de dos poderes de la unión –el Ejecutivo y el Legislativo– conformados de manera inequívoca por voluntad popular. A esa reacción le llama “defensa de la democracia” y lucha contra un gobierno “autoritario” que en la realidad ha sido garante de todos sus derechos humanos y políticos, salvo el de engordar indefinidamente sus cuentas de banco a expensas del erario. Porque, en efecto, junto con sus cargos, los guardianes de la democracia oligárquica y simulada recibieron la facultad de asignarse sueldos, bonos, primas, seguros de gastos médicos mayores, comidas, viajes, aguinaldos de medio millón de pesos, finiquitos de nueve millones, gastos para funerales de lujo por si les sobreviene un empacho fatal y hasta dotes matrimoniales, como la que recibió Lorenzo Córdova Vianello cuando el INE aún era IFE, pero él ya cobraba como funcionario de la institución.
A cambio, la tecnocracia dorada se comprometía a mantener el escenario político del país “atado y bien atado” (la expresión es de Franco) al orden neoliberal. De Luis Carlos Ugalde al mencionado Córdova Vianello, el Consejo General del IFE/INE legitimó fraudes que desembocaron en gobiernos saqueadores y asesinos (ah, y narcos, según las más recientes novedades), propiciaron el surgimiento de todo un ramo de negocios electorales, desde franquicias disfrazadas de partidos hasta conferencias sobrepagadas, pasando por enjuagues inmobiliarios, asesores, empresas de organización de eventos y despachos de consultoría de imagen y se aseguraron la fidelidad de un pequeño universo de logreros que han vivido de la política convertida en un muy jugoso negocio.
Cuando la alternancia dejó de ser una simulación y cobró realidad mediante la insurrección electoral de 2018, los controladores del INE iniciaron un golpeteo sistemático y creciente contra la Cuarta Transformación (4T) y no tuvieron más remedio que revelarse como aliados del régimen recién depuesto que acabó coaligando a sus partidos para sabotear al nuevo gobierno e intentar una restauración oligárquica: el PRIANRD. Se ha evidenciado desde entonces la hostilidad de Córdova, Ciro Murayama y el operador en las sombras, Edmundo Jacobo Molina, en contra de Morena, así como su disposición a beneficiar a la oposición reaccionaria cada vez que puedan. No es para menos: el Poder Judicial y los organismos electorales son los últimos bastiones institucionales de poder que le quedan a la derecha retardataria y es lógico que los defienda con uñas y dientes de cualquier intento de renovación, saneamiento y moralización. Repudiada por la mayoría del electorado, la reacción ve en esos organismos el único margen para un retorno al poder presidencial y legislativo y, sobra decirlo, para una regresión a los sexenios dorados de saqueo, violencia y entrega del país a los intereses extranjeros y privados. Por eso, aunque cause ámpula, no es exagerado señalar las coincidencias de fondo entre Genaro García Luna, figura paradigmática de la sangrienta corrupción del pasado reciente, y ese INE oligárquico, antidemocrático y regresivo.
Sin duda, es preocupante que la fársica “defensa de la democracia” con que Córdova y Murayama pretenden lograr su inclusión en la lista de los Niños Héroes sea aceptada sin más por un importante sector de la ciudadanía que sin duda piensa y actúa de buena fe y que a su manera estaba harta de los horrores del viejo régimen. Los testimonios de participantes en las movilizaciones rosa del pasado domingo dan algunas pistas: por ejemplo, el clasismo y el racismo que siguen causando estragos en muchas mentalidades (cómo dudar ante el contraste entre un indio macuspano mal vestido y un distinguido académico al que el outfit informal le sienta espléndido y que hasta parece primo de los Borbón); la total ignorancia de las reformas electorales conocidas como plan b, y la contundente desinformación que impera entre muchos y que en buena medida puede explicarse por el bombardeo de una masa mediática que en su gran mayoría es hostil hasta la difamación a la 4T. Cómo no recordar la historia del Estado que te va a quitar a tus hijos para indoctrinarlos en el comunismo y contra la religión: he escuchado esa fantasía, originalmente adjudicada al régimen bolchevique, de labios de personas que la sitúan en el contexto venezolano, y en 2019 –vaya: un siglo después– me la repitió un individuo con doctorado como si fuera uno de los propósitos secretos del por entonces recién inaugurado gobierno de López Obrador.
Lo cierto es que una reforma que pretende introducir en el INE una mínima racionalidad administrativa y presupuestal e incluso un poco de decencia, es presentada como una arremetida de la barbarie autoritaria y tiránica contra la democracia y hasta como un intento embozado de relección. Es increíble, pero algunos lo creen.
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