Por Lorenzo Meyer
· TRIÁNGULO
En este febrero se puso de manifiesto una relación triangular pública que sin llegar a ser excepcional tampoco es lo normal. El triángulo de referencia se formó entre el alto mando del Ejército, una cúpula empresarial y la Presidencia de la República.
El primer vértice del triángulo, el militar, resaltó cuando el 9 de febrero, como lo hace cada año al conmemorar la “Marcha de la Lealtad” -un recuerdo de lo acontecido en 1913 cuando una parte del Ejército se sublevó contra el Presidente y otra no-, reafirmó esa lealtad al poder civil. Lo anterior es normal, pero llamó la atención que en un discurso de 15 minutos ante el presidente de la República el general secretario usara 29 veces el concepto de lealtad y, además, se lamentara que hubiera quienes buscaran distanciar a los soldados del pueblo. El general no identificó a esos “distanciadores” pero no es difícil suponer que se refería al movimiento de protesta en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y a quienes piden explicaciones por la ejecución de supuestos criminales ya rendidos al Ejército en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 (Reforma, 10 de febrero).
La respuesta presidencial vino de inmediato y fue la acostumbrada: “Nuestras Fuerzas Armadas jamás han dudado en proteger a los mexicanos y a las instituciones democráticas del País” (Reforma, 11 de febrero). Hasta aquí todo parecía indicar que las aguas, aunque revueltas, volvían a su nivel, pero entonces entró un tercer e inesperado actor en escena: la cúpula empresarial o parte de ella.
· EJÉRCITO Y EMPRESARIOS
En la firma a la adenda a un convenio ya existente “de colaboración” entre las secretarías de Defensa y de Marina con el sector privado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) declaró que como las Fuerzas Armadas “hacen actividades que ni siquiera están en la ley ni en la Constitución pero que han sido indispensables para que los mexicanos tengamos seguridad física y patrimonial” entonces era indispensable que el Congreso proveyera rápido de un marco legal a lo que ya estaba ocurriendo de tiempo atrás. Más lejos fue el presidente de la Concanaco-Servytur quien de plano se lanzó a fondo y haciendo referencia directa al meollo de la etapa actual de la crisis política -al descontento generado por la tragedia de Iguala-, y refiriéndose con “mucha pena” a una petición expresa de los padres de los normalistas, dijo: “…no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque ellos quieren ver si están ahí o no los muchachos. Debemos ser conscientes de que si abrimos el último bastión que tenemos de defensa en este país pueden pasar cosas peores” (Excélsior, 14 de febrero).
· EL PROBLEMA DEL PLURAL
La declaración del líder de los empresarios del turismo implica que él y su gremio -afectado por las protestas- ya ven al Ejército como el “último bastión” entre ellos y el caos. Y no sólo eso, sino que se asumen como parte de quienes toman las decisiones sobre lo que se hará en relación a la apertura o no de los cuarteles a la inspección externa y todo lo que eso implica.
A nadie conviene que los empresarios quieran en esta coyuntura crítica ser parte directa del proceso de decisión sobre temas militares, así sea sólo el de abrir o no las instalaciones militares a quienes tienen razones históricas -la “guerra sucia” de los 1970- para pedirlo. Es de lamentar que los secretarios de Sedena y Semar o el de Gobernación no hayan reaccionado en contra. En cualquier caso, por razones históricas y de política práctica, ni los mandos militares ni la Presidencia deberían permitir que los empresarios se consideren participantes en lo que se refiere a qué hacer o no hacer en temas relacionados con las Fuerzas Armadas. La relación Presidencia-Ejército es una, la relación Presidencia-empresarios es otra y no debe aceptarse un triángulo de relaciones políticas tan estrechas entre Ejército y empresarios como la que implicó lo declarado por estos últimos.
Quizá sea necesario recordar a todos que ese febrero de 1913 al que se refiere la “Marcha de la Lealtad” está relacionado con una estrecha colaboración entre el Ejército heredado del Porfiriato y las clases económicamente dominantes -nacionales y extranjeras-. Ambos actores, alarmados por la “falta de orden”, optaron por un golpe de fuerza y la eliminación no sólo del presidente Madero sino de la opción democrática misma. El resultado fue un desastre tanto para el Ejército como para la oligarquía y centenares de miles de mexicanos más.
Cuando en 2006 el CCE se metió de lleno, e ilegalmente, en el proceso electoral, contribuyó a la pérdida de legitimidad no sólo de ese proceso específico sino de todo el marco electoral y el precio se sigue pagando hasta hoy. Cuando el descontento social es profundo, como es hoy el caso, un verdadero “orden social” de largo plazo difícilmente se logra por la fuerza y menos por la alianza entre Ejército y empresarios. La opción es el cambio pacífico pero de fondo, combatiendo de frente la corrupción pública, transformando el entramado institucional, incorporando a los marginados y, finalmente, ofreciendo un futuro común aceptable para todos o, al menos, para la mayoría de la sociedad.
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