Por Jenaro Villamil
A dos días de las elecciones del 1 de julio, los resultados electorales están sorprendiendo a propios y extraños. Asistimos no sólo a una caída en las preferencias electorales de los partidos históricos de la “alternancia”, sino al derrumbe completo de las fuerzas políticas que dieron vida al Pacto por México y que encabezaron las llamadas “reformas estructurales” que se aplicaron a rajatabla en el sexenio de Peña Nieto.
En términos de sistema político, asistimos al fin del partido hegemónico (el PRI) y del modelo bipartidista (PRI-PAN) que desde 1988 fue el artífice de la neoliberalización del país y del control del Congreso y de las principales gubernaturas, con una “partido bisagra”, como el PRD, que gobernó desde 1997 hasta ahora la Ciudad de México, su principal bastión político-electoral y social.
Morena borró el mapa bipartidista, pero no estamos tan claros si se restaurará como el nuevo “partido hegemónico” o se reagruparán las fuerzas a partir de una realidad tangible: la cosecha tan alta de votos a favor de Morena se debió principalmente al “efecto López Obrador”, al liderazgo personal y a la confianza ciudadana tan amplia que le otorgó al político tabasqueño el mandato de derrumbar ese sistema.
Morena tendrá por sí sola 185 diputados. Sumados a los 62 del PT y 56 del PES le dan una mayoría de 303 escaños en la Cámara de Diputados. Para tener mayoría constitucional necesitará 366 diputados. Es muy probable que estos votos se obtengan de un sector de la bancada del PRI (40 diputados), o del MC (29 diputados) y lo que quede del PRD (19).
El bloque del PAN es muy frágil. Por sí solo, Acción Nacional tendrá 92 escaños, pero la suma de los diputados del MC y del PRD sólo les dan 140 votos.
El bloque PRI-Verde-Panal es perdedor. El Verde podría perder el registro (sólo cinco diputados), al igual que el Panal (sólo dos). Para sobrevivir, el PRI tendría que aliarse con el bloque Morena-PT-PES o con el PAN.
El escenario en el Senado es muy similar. Morena-PT-PES tienen en conjunto 70 senadores (55 de Morena, seis del PT y nueve del PES), mientras que la coalición PAN-PRD-MC tendrá 38 (PAN con 23, PRD con ocho y MC con siete), y el bloque PRI-PVEM y Panal sólo alcanzó a tener 20 (PRI con sólo 13, Verde con cinco y Panal con dos).
El “efecto López Obrador” provocó no sólo que Morena se alzara como la primera fuerza legislativa. El nuevo paisaje de las fuerzas políticas del país tiene la siguiente ecuación: un Poder Ejecutivo muy fuerte, con una alta legitimidad electoral, política y social, más el triunfo en cinco gobiernos estatales (Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y Ciudad de México) y seguramente el conflicto poselectoral de Puebla se resolverá a favor del candidato de Morena, el exsenador Miguel Barbosa.
Sin embargo, en la mayoría de estas entidades los candidatos tienen una fuerza política propia. Quizá el único caso de un liderazgo emergente muy fuerte sea el de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pero en la mayoría de los casos se trató de un auténtico “efecto AMLO” más que de un “efecto Morena”.
El liderazgo de López Obrador emerge como algo más fuerte que el propio partido y que las organizaciones que realizaron la coalición (PT-PES). De hecho, el principal contrapeso a esta fortaleza de López Obrador no estará en el PRI (que se hunde a la quinta posición) ni en el PAN (el principal partido opositor), sino en el propio sector de izquierda que arribará al gobierno de la Ciudad de México y al Congreso.
Quizá esta será la principal paradoja del nuevo rediseño de las fuerzas políticas: desde los sectores históricos de la izquierda política y social se generarán presiones y demandas específicas para cumplir la agenda que quedó en segundo término ante la necesidad de “calmar a los mercados” y a los grupos empresariales. Por ejemplo, el tema de la reforma energética, la demanda de revertir los decretos presidenciales en materia de agua y la revisión de la política de privatizaciones en los terrenos de salud, seguridad social, desarrollo agropecuario y, por supuesto, infraestructura.
La victoria contundente de López Obrador en su tercera campaña presidencial no hubiera sido posible sin la amplia coalición de fuerzas de centro, centro-derecha e, incluso, de franca derecha, como algunos sectores que estarán en su gobierno (Alfonso Romo), o en el Congreso (el PES) o en algunas entidades. Esta coalición representa, en sí misma, la principal contradicción y desafío del liderazgo de AMLO.
Esta coalición pragmática tiene tres principales coincidencias que, al mismo tiempo, se convertirán en las urgencias del primer año de gobierno:
- Disminuir sustancialmente la corrupción, combatir la anterior en los flancos más escandalosos del sexenio peñista (Sedesol, Salud, SCT, Pemex, CFE y SEP), así como modificar la ley electoral para convertir los delitos electorales en graves. De esta manera, el principal incentivo para elaborar una nueva reforma electoral no será la inclusión de las minorías, sino la exclusión del efecto corruptor del dinero privado y del crimen organizado en la determinación de los cargos de elección popular.
- Disminuir sustancialmente la violencia, desmilitarizar la seguridad pública del país, promover una Ley General de Amnistía (quizá una de las grandes prioridades de la primera parte del gobierno y donde se generarán más diferencias adentro y fuera del gobierno lopezobradorista). El fin de la “guerra contra el narco”, bajo los presupuestos establecidos por las administraciones de Calderón y Peña Nieto, no puede decretarse si no va acompañada de una agenda que atienda el reclamo de los familiares de los desaparecidos y la sanción a los principales responsables de las múltiples ejecuciones y masacres del país.
- Modificar las prioridades en el Presupuesto de Egresos (PEP) y en la Ley de Ingresos de 2019 que, sin duda, serán la primera demostración de una política que ponga como eje central el lema “Primero los pobres”. Ahí estará presente la demanda de mayor empleo, mejores salarios, inversión productiva desde el sector público, los programas de pensiones para adultos mayores (que anunció que se duplicarán), de apoyo a los sectores más desfavorecidos (principalmente indígenas) y su plan de “becarios sí, sicarios no” para millones de jóvenes que perdieron el sentido de futuro y el incentivo de la educación y el empleo ante la precarización social.
La definición del presupuesto público del 2019 será el primer gran desafío del futuro gobierno de López Obrador. Ahí veremos hasta dónde el “efecto AMLO” permitirá una confluencia de diversos intereses que realmente abra una nueva agenda y prioridades de gobierno.
Fuente: Homozapping.com.mx
