Por Luis Javier Valero Flores
(“Ahí se ven…”)
Ni el presidente Peña Nieto, ni su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, eran ajenos a los tremendos desbarajustes financieros de entidades como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Colima… Son corresponsables del desastre financiero de entidades como Veracruz y Chihuahua
“Todo gobierno, y más cuando se dan los relevos dentro de nuestra democracia, se asumen desafíos, retos, y uno es el tema financiero. El Gobierno acompañará con amplia disposición los esfuerzos propios”, respondió el presidente Peña Nieto al reclamo y petición del gobernador Corral, en la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que acude el chihuahuense.
El presidente mexicano es el jefe del Gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de las policías –tanto las federales, como las del lugar en el que se encuentre–; es el jefe jerárquico del ministerio público, responsable de las finanzas del Gobierno de la República, jefe de Estado y, además, “Primer priista en el país”.
Esta última categoría no es un sarcasmo, es la realidad; a partir de la última (creo que no ha habido otra) reforma a los estatutos del PRI, el presidente de la República, si es miembro del PRI, es, por tanto, miembro de su Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Nacional, los máximos órganos de dirección del partido, los de la vida cotidiana y que en la realidad son quienes resuelven todo en el PRI… bueno, eso dicen los estatutos.
Actuaron con realismo. Lo que antes era una melosa frase –pero que retrataba nítidamente–, para hacer la presentación del presidente de la república, cuando era priista, en los actos de ese partido, ahora es una realidad; el mandatario es quien ocupa el número uno de quienes integran el Consejo Político Nacional y es, por tanto, corresponsable de los actos políticos realizados por la dirigencia nacional, entre los que se cuentan, pero por supuesto, la designación de sus candidatos a las gubernaturas.
No sólo eso, en tal calidad debe cuidar que sus militantes, cuando tienen responsabilidades públicas, actúen dentro de la legalidad y de la ética partidaria y, como responsable de las finanzas nacionales deberá, además de validar los compromisos financieros de las entidades (a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP–, que para eso se denomina de este modo), vigilar que los gobernantes no se extralimiten en sus facultades, particularmente en los rubros que ahora abordamos.
Para hacer lo anterior, existen una serie de normas y reglas de cuya aplicación es responsable la SHCP, a cual más de complicadas pero que deberían de servir, hipotéticamente, para evitar que, por ejemplo, los gobiernos estatales se excedan en sus compromisos financieros y que los empréstitos solicitados por ellos cumplan con los requerimientos legales (los de largo plazo, por ejemplo, que hayan sido aprobados por las legislaturas, etc.), además del destino de los recursos económicos solicitados.
Ni el presidente Peña Nieto, ni su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, eran ajenos a los tremendos desbarajustes financieros de entidades como Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Colima y Chihuahua, entre otros.
Seguramente también estaban atentos al crecimiento de la deuda del estado de México y el DF (ahora Ciudad de México), pero que no revisten la misma gravedad que las anteriores en virtud de sus presupuestos y población.
Son corresponsables del desastre financiero de entidades como Veracruz y Chihuahua, baste señalar, en el caso de nuestra entidad, dos hechos para demostrar que tenían conocimiento de lo que ocurría.
El primero, el de alargar la concesión de las carreteras federales al Gobierno de Chihuahua, hasta el año 2038, y luego, dar el visto bueno para las distintas bursatilizaciones efectuadas con esa ampliación; y, segundo, al cederle al Gobierno estatal el peaje de los puentes fronterizos a fin de que se creara un fideicomiso semejante al del peaje carretero.
Sobre esta nueva concesión, la SHCP dio el visto bueno para que a fines del 2015 se aprobara una bursatilización sobre el peaje de tales puentes.
Y todas estas acciones fueron realizadas cuando, en el primer caso, el Gobierno de Chihuahua se encontraba a escasos mil o 2 mil millones de pesos (mmdp) del tope de su endeudamiento a largo plazo que tiene como aval las participaciones federales. En el segundo caso, habíamos llegado al tope; cuando eso ocurrió, al Gobierno estatal sólo podían prestarle 200 millones de pesos.
Por eso sorprende (bueno, no tanto) la respuesta del presidente Peña Nieto a la solicitud efectuada por el gobernador Corral, “sí, hasta donde lleguen las atribuciones”; ofreció que con transparencia y apertura pondrá mecanismos, vías de apoyo en términos de sus atribuciones y alcances para apoyarles en el saneamiento financiero en aquellos estados que así lo demanden, “… Pero –y repitió lo que habría dicho en el encuentro privado– en ese tema no puede sustituir ni reemplazar lo que está en alcance a las responsabilidades de los gobiernos locales. Es cierto, admitió, que todo gobierno, y más cuando se dan relevos en la democracia, asume desafíos, retos en todos los ámbitos y uno de ellos es en el tema financiero”. (Nota de Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 19/XI/16).
En pocas palabras, –querían ganar los gobiernos de sus estados, con todo el cochinero que hay en ellos, pues asuman los “retos”– y en la práctica asumió la misma postura de Vicente Fox cuando se le preguntó qué iba a hacer cuando TV Azteca asaltó las instalaciones del desaparecido Canal 40: “¿Y yo, porqué?”.
No es lo único, en lugar de transferir la discusión y negociaciones al ámbito que le correspondía, la Secretaría de Hacienda, como si fuera un asunto estrictamente de gobernabilidad, le ordenó al ¡secretario de Gobernación! la instalación de una mesa de diálogo con los gobernadores que, como Corral, expresaron sus reclamos sobre el tema de la deuda y el del recorte presupuestario del 2017.
Y arguyó que “el Gobierno federal tiene capacidades limitadas” pues “no puede sustituir o reemplazar lo que está en las atribuciones y responsabilidad propia de cada uno de los gobiernos estatales… El Gobierno acompañará con amplia disposición los esfuerzos propios”. (Nota de Salvador Castro, Agencias, El Diario, 19/XI/16).
Esa respuesta dio a la petición, reiterada, del gobernador Corral de apoyar al Gobierno de Chihuahua con “por lo menos mil millones de pesos”.
A tal petición sí dio respuesta, pero al planteamiento de fondo realizado por el mandatario chihuahuense, el de iniciar la discusión de un nuevo esquema de distribución de los recursos fiscales, pues no podemos, dijo Corral, “en pleno siglo XXI continuar con un esquema literalmente del siglo pasado, ya que el vigente data de la administración de López Portillo… Que desaparezcan los incentivos perversos y la discrecionalidad en la asignación de recursos, que se privilegie la transparencia y la equidad, y se establezcan las bases de un nuevo pacto federal.” (Ibídem).
La respuesta presidencial es de antología y esboza lo que puede ocurrir en el período faltante a la celebración de las elecciones del 2018, pues para cualquier medianamente informado, entidades como Chihuahua y Veracruz enfrentan verdaderos desastres, que pueden llevar a los actuales mandatarios, si esa es la apuesta presidencial, a perder las mayorías electorales que los colocaron en los gobiernos estatales pues son de tales magnitudes que necesariamente se convertirán en agudos problemas de carácter social, si no se les auxilia desde el Gobierno federal, el que, a pesar de los incontables problemas en que se encuentra, tiene los recursos necesarios para auxiliar, no a los mandatarios en problemas, sino a las poblaciones que tan malos gobernantes tuvieron, particularmente los más recientes.
Y si algunos podremos entender los problemas descritos, cuantimás el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade (al que se le ubica, también, con aspiraciones de convertirse en candidato ¡Del PRI! a la presidencia en 2018) cuya dependencia publica la situación de las obligaciones financieras de estados y municipios en la que Chihuahua tiene la más alta deuda del país en relación al Producto Interno Bruto estatal, “la tercera deuda pública más elevada del país en términos absolutos, sólo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León. A esto hay que sumar el déficit presupuestal heredado de la administración anterior, de alrededor de 7 mil millones de pesos”. (Ibídem).
El colmo, seguramente por desesperación, Corral llamó a realizar una colecta a fin de enfrentar el desastre financiero de Chihuahua.
Que le calcule, el Teletón 2015 recaudó 327 millones de pesos, un 69% menos que en 2014, año en el que alcanzó 473 millones 800 mil pesos.
¡Pa’ los problemones que traemos, ni pa’ las semillas!
Bueno, por ahí no está la solución.
¿Cartas apócrifas o desestimientos a modos? La semana anterior se hizo circular una carta firmada, supuestamente, por Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Tribunales (Conatrib) en la que expresaba su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo referente al cambio anticipado del presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El periódico Reforma (18/XI/16) publicó una declaración suya en la que niega haber firmado tal misiva: “Es una carta falsa o, bueno, no falsa. No sé si sea falsa o no sea falsa, pero nosotros nunca firmamos eso. Ni la firmamos, ni la reconozco, ni nos vamos a entrometer en los asuntos internos de Chihuahua, ni de ningún otro estado”.
¿Y entonces?
