Por Pedro Miguel
México se acerca a un aniversario más de su independencia en una condición de desastre.
El estado de la economía ameritaría echar a los integrantes del gabinete económico y devolverlos al primer semestre de la carrera: después de casi dos años de crecimiento mediocre e insatisfactorio, y ante la perspectiva de su propio fracaso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se cura en salud y advierte que el año entrante habrá una presión a las finanzas públicas y que la economía seguirá a la baja, pese a que el grupo gobernante prometió que sus adulteraciones constitucionales y las correspondientes reformas legales habrían de ser el gran detonador de un crecimiento económico esplendoroso.
La violencia delictiva no ha cesado; por el contrario, se ha incrementado según los indicadores y hay que agregarle una violencia represiva que contagia a cada vez más gobernadores, presidentes municipales y variados gerifaltes locales inspirados por la impunidad de quienes están arriba de ellos en la pirámide administrativa: uno se pregunta, por ejemplo, en qué medida el precedente Peña-Atenco inspira a políticos como Rafael Moreno Valle en sus empeños por resolver los conflictos sociales a punta de persecuciones políticas y de balas de goma.
Ciudadanos que ante la ausencia de las autoridades buscaron organizarse para enfrentar por sí mismos a la criminalidad, se encuentran presos; es el caso de Nestora Salgado, José Manuel Mireles y muchos otros; en cambio, delincuentes de las distintas categorías –desde capos sangrientos hasta presidentes de consejos de administración defraudadores– siguen libres e impunes.
El aparato administrativo federal se muestra más inepto que sus predecesores –que ya es decir mucho– para resolver los problemas reales, pero gasta como nunca en publicidad para hacer creer que los resuelve aun cuando sepa de antemano que su credibilidad no da para eso. Empresas privadas y entidades públicas provocan desastres ambientales a un ritmo de uno o dos por semana sin nadie capaz de poner orden, procurar justicia y remediar las afectaciones.
Desde luego, el régimen peñista, carente de mínimos reflejos democráticos, no va a esperar los resultados de la consulta popular de 2015 acerca de sus reformas para empezar a aplicar la entrega de suelos, subsuelos, aguas y aires nacionales a la rapiña corporativa trasnacional. Ya están en curso de resolución las primeras cesiones y la selección de los primeros contratistas y concesionarios, y éstos vienen con todo y por todo, y ello incrementa en la población la sensación de estar siendo vendida al mejor postor con todo y lugares de residencia, paisajes y servicios. Prospera se llama la única perspectiva de vida mejor que el grupo gobernante ofrece a sus oprimidos, traicionados y saqueados y se trata, desde luego, de un camino individual y focalizado, diseñado para cambiar dádivas por sufragios.
El desenfreno de los negocios lleva al anuncio de proyectos carentes del menor sentido nacional, como ese aeropuerto mexiquense megalómano y tonto, cuya construcción implicará la demolición del elefante blanco anterior, edificado, a su vez, para glorificar las chequeras de la mafia foxista. Una ciudad como la de México requiere de un sistema de aeropuertos situados en la periferia en distintos puntos cardinales, no la proyección de un nuevo megaembotellamiento aéreo y terrestre.
La desesperanza no es un subproducto accidental sino un objetivo deliberado. Ya privatizados todos los bienes y servicios imaginables el régimen oligárquico se empeña en privatizar la vida pública, la política y la organización política. El mensaje no tan subliminal es ir sembrando la idea de que la vida institucional es monopolio de unos cuantos, que la sociedad carece de cualquier posibilidad de cambiar el rumbo del país e imprimirle un sentido social y que cualquier intento en este sentido está de antemano condenado a la represión, el despojo electoral o la cooptación de dirigencias partidistas y de bancadas parlamentarias para alinearlas como aliados menores, aunque vistosos, en el plan de negocios de quienes se consideran dueños del país.
En este entorno, anclado en lo contrario al espíritu independentista y a la soberanía nacional, el peñato se apresta a conmemorar el 15 de septiembre. Volverá a comprar portadas de revistas y reportajes laudatorios, declamará gritos falsarios y protagonizará ceremonias usurpadas al sentir popular. Pero la memoria de la Independencia es más que un ritual oficialista y al margen de los festejos televisivos y de los dispendios habituales la palabra misma volverá, como cada año, a resonar en muchas mentes y a provocar reflexiones. Las mismas condiciones de entrega del país impuestas por el régimen llevarán a muchos a pensar en la necesidad de un nuevo proceso emancipador, que es nada más y nada menos lo que requiere el país en esta hora.
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Fuente: La Jornada
