Por Jenaro Villamil
El escritor Héctor Aguilar Camín lanzó la advertencia: la ruptura entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el candidato frentista Ricardo Anaya representa “el fin del PRIAN”, el modelo de cogobierno y sociedad entre el tricolor y el PAN que se inauguró en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, continuó con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y ahora llegan a su fin.
El desafuero de 2005 en contra del entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, representó hace 13 años el momento “cumbre” de la sociedad política entre el PRI y el PAN. El gobierno de Vicente Fox, con el claro apoyo del PRI, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de los “servicios” legales de Diego Fernández de Cevallos y el cabildeo del presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, pretendió llevar a la cárcel a López Obrador por haber desacatado una orden judicial sobre una calle abierta en Santa Fe.
La estabilidad política del país se jugó por menos de 100 metros de calle en un expediente que tuvo más que ver con su antecesora Rosario Robles que con el propio López Obrador.
Todos sabemos lo que sucedió después: el desafuero convirtió a López Obrador en una víctima de la clara alianza entre el PRIAN, surgió un movimiento social inédito en apoyo al jefe de gobierno capitalino (la última marcha en contra del desafuero tuvo más de 1 millón de ciudadanos que salieron a las calles) y el tabasqueño se volvió el protagonista central de la contienda de 2006.
Trece años después, la persecución mediática y ministerial de la PGR en contra de Ricardo Anaya pretende ser una receta similar a la del desafuero de López Obrador, pero existen diferencias sustanciales y algunas semejanzas que vale la pena analizar:
1. El Anayagate es durante la campaña, no antes: El desafuero de López Obrador se realizó “antes” y no durante la campaña de 2006. La verdadera guerra contra el entonces candidato presidencial del PRD fue lanzada a través de los famosos spots “López Obrador, un peligro para México”.
En el caso de Ricardo Anaya, la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos privados no ha derivado en ninguna orden de aprehensión en contra del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. Se trata de generar un impacto negativo en la campaña del joven político para forzar a su relevo, obligarlo a negociar un nuevo “pacto” con el peñismo o simplemente eliminarlo de la segunda posición en las preferencias electorales.
La similitud más clara es a favor del perseguido por el gobierno federal. El desafuero catapultó a López Obrador como el aspirante puntero en 2005: pasó del 32% de las preferencias, en noviembre de 2004, a tener el 38% de la intención del voto en febrero de 2005, según las encuestas de Ipsos- Bimsa.
El Anayagate ha consolidado al queretano en la segunda posición (entre 22 y 25%) de las preferencias electorales, aún por debajo del candidato de Morena, pero distante del priista José Antonio Meade.
2. En el desafuero hubo complicidad PRI-PAN, en el Anayagate la alianza es Calderón-Peña: En 2004 y 2005 era muy clara la alianza entre el entonces dirigente nacional del PRI y aspirante presidencial, Roberto Madrazo, y el gobierno de Vicente Fox y su principal candidato a la presidencia en ese momento, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel.
Ahora, Creel como asesor de Anaya afirma que el desafuero de entonces fue “un error político”. Lo que no admite Creel es que fue un intento autoritario que utilizó todas las herramientas del Estado, incluida la propia Secretaría de Gobernación, para perseguir a su exadversario en la elección para jefe de Gobierno capitalino en el 2000.
Creel fue el principal derrotado del desafuero. Bajó del 27 al 22% de preferencias electorales (según Ipsos-Bimsa), entre noviembre de 2004 y febrero de 2005, y el principal beneficiario fue su adversario interno Felipe Calderón, quien logró un mejor pacto para frenar a López Obrador con el apoyo de los medios masivos, los empresarios y las redes de poder de Carlos Salinas.
El Anayagate es el síntoma de descomposición de los partidos que participaron en el Pacto por México: el PAN quedó fracturado, a tal grado que ni siquiera los actuales gobernadores panistas han salido a defender a Anaya; el PRI se redujo a su mínima expresión con José Antonio Meade, un candidato externo que tiene más relación con Felipe Calderón que con Enrique Peña Nieto, y el PRD se desdibujó por completo, ante la emergencia de Morena.
No hay ningún indicio de que Morena o López Obrador se hayan aliado al gobierno de Peña Nieto para “eliminar” de la contienda a Anaya. Al contrario, el tabasqueño sigue siendo el principal beneficiario de esta guerra y no Meade.
3. El Factor Salinas: En los videoescándalos de 2004 y en el desafuero de 2005, el protagonismo del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue claro y contundente. Fue el gran bróker político que buscaba frenar a un adversario político que amenazaba sus intereses, su herencia y a su grupo político.
En el Anayagate de 2018, Salinas de Gortari más bien mantiene una distancia cada vez más clara con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el mismo Ricardo Anaya no ha marcado una distancia clara del expresidente más repudiado en la historia reciente del país.
El “factor Diego Fernández” está presente en la historia del Anayagate como el principal defensor del joven candidato presidencial. Si alguien ha representado ese viejo modelo bipartidista y de “concerta-cesión” surgido de la era salinista es el propio Fernández de Cevallos.
Los simpatizantes de Anaya ahora acusan a López Obrador y a Morena de estar “cerca” de Salinas de Gortari, pero no hay ningún solo elemento sólido para afirmar esto. Incluso, resultaría una contradicción en sus términos: si Salinas está cercano a López Obrador, Fernández de Cevallos también apoyaría al candidato presidencial de Morena.
4. Desmantelamiento de la PGR: En el desafuero de 2005 y en el Anayagate de 2018 lo único que queda claro es que el ministerio público federal viola abiertamente su mandato de autonomía e imparcialidad para convertirse en un instrumento de persecución jurídica en contra de sus adversarios.
El principal responsable, en ambos casos, es el titular del Ejecutivo en turno. La principal traición de Vicente Fox al mandato democrático de la “alternancia” fue justamente el intento de eliminar a un adversario político.
La principal torpeza de Enrique Peña Nieto para boicotear la candidatura de su propio sucesor José Antonio Meade ha sido ordenar esta persecución en contra de Anaya, como si tratara de operar la “muerte por eliminación demoscópica” del candidato priista.
Fuente: Homozapping
