La bancada del PRI celebró, con estruendo, la nominación de David Colmenares Páramo como titular de la Auditoría Superior de la Federación, pese al desaseo parlamentario al ser propuesto por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el panista Marko Cortés.
Era el 15 de marzo de 2018, ya en campaña electoral, y tan desaseado era el acuerdo entre PRI y PAN para aprobar a Colmenares como auditor superior durante ocho años, sin discusión en el Pleno, que el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo puso en duda su independencia.
“La ovación del PRI nos dice el tamaño de la dependencia del que acabamos de nombrar… y (también) que lo defienda el Verde”, exclamó Acosta, quien subrayó el contrasentido de avalarlo, sin ninguna discusión, pese a los casos de corrupción en el agónico gobierno de Enrique Peña Nieto.
No importó el priismo de Colmenares y fue aprobado, por 377 votos a favor, incluidos los de la bancada de Morena, coordinada por Rocío Nahle, la actual secretaria de Energía que sale mal librada en el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, a México le urgen instituciones y servidores públicos que asuman, con gallardía, sus responsabilidades legales sin sujeciones ni compromisos políticos, sobre todo en organismos que deben prevenir y sancionar conductas de corrupción, como la ASF.
No es el caso de Colmenares, quien presentó un informe sin más consecuencias que quedar bien con los adversarios de López Obrador y Morena, surtiéndolos de parque político para la campaña electoral sobre el desempeño del gobierno federal por presuntas irregularidades de más de 67 mil millones de pesos.
Pero por ser auditorías de desempeño sólo merecen, en el menor de los casos, una simple recomendación y, al solventarse, los resultados finales serán muy diferentes.
Ya se verá también si, como asegura Colmenares, el sobrecosto por la cancelación del aeropuerto en Texcoco es de 332 mil millones de pesos, tres veces superior a lo que oficialmente se dijo. Si es de tal gravedad el caso, debió procederse al resarcimiento del daño y al fincamiento de responsabilidades. Pero nada. Sólo humo.
Por supuesto que gana titulares que la Secretaría de la Función Pública, el órgano de control del gobierno federal, se resista a entregar información a la SFP, el órgano constitucional de fiscalización, pero ésta sólo hizo “recomendaciones para fortalecer el control interno”.
Es controvertida la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, pero si la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias ni hizo ninguna solicitud de aclaración, entonces, como en el caso del NAIM, el informe de Colmenares es también humo.
O es política: quien entregó físicamente el informe de la ASF a los diputados es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Andrade Martínez. Sí, el hermano de Virgilio, el secretario de la Función Pública que exoneró a Peña Nieto de la Casa Blanca…
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