Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello...
–Miguel Hernández (Niño yuntero)
El desplazamiento masivo de personas de México y Centroamérica que huyendo de la pobreza y la violencia arriban sin documentos a EE.UU. ha derivado en una situación aún más dramática: miles de niños solos son detenidos en la frontera sur de EE.UU. Según cifras oficiales, en los últimos ocho meses 47.017 menores fueron detenidos en dicha frontera, un alza de 92 por ciento respecto del año 2013. Provienen de Honduras (13.818), México (11.577), Guatemala (11.479) y El Salvador (9.850).
El mes pasado, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) presentó un estudio sobre el tema [1] . Sostiene que a partir de octubre de 2011 el gobierno de EE.UU. registró un drástico incremento en la cantidad de niños “no acompañados” que llegaron procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. La cantidad de menores de esos tres países detenidos en la frontera saltó de 4.059 en 2011 a 10.443 en 2012, y luego a más de doble: 21.537 en 2013. Simultáneamente, una gran cantidad de niños mexicanos ha llegado a EE.UU., superior a la de cualquier otro país. En 2011, fueron detenidos 13.000 niños; en 2012, 15.709; en 2013, 18.754.
ACNUR evalúa que a pesar de las diferencias de contexto entre México y el Triángulo Norte de América Central, existe un común denominador: ambos producen un alto número de niños solos, que llegan a la frontera sur de EE.UU. en busca de protección. La investigación se propuso establecer una conexión entre las razones dadas por los niños, los datos proporcionados por estudios recientes sobre la creciente violencia e inseguridad en la región, y las necesidades de protección internacional. Entrevistaron a 404 niños solos -aproximadamente 100 de cada país- para responder a dos preguntas básicas: ¿Por qué estos niños dejan su país de origen? ¿Necesitan protección internacional?
ACNUR llegó a la conclusión de que la mayoría de los niños entrevistados proveyó información que muestra claramente que estos chicos necesitan protección internacional. Los datos revelan que, al menos, un 58% de los niños entrevistados se vieron forzados a desplazarse porque sufrieron o estaban en riesgo de sufrir daños, lo que indica la necesidad de protección internacional.
Los dos patrones dominantes de los peligros de los que huyen los menores son: violencia de pandillas armadas y violencia familiar. Un 48% de los niños entrevistados fueron personalmente afectados por la ola de violencia de bandas delictivas armadas, incluyendo carteles de la droga, pandillas o grupos estatales. Un 21% de los niños citaron abuso y violencia en el hogar. Una tercera categoría de peligro que amerite protección internacional solo se presentó en los niños mexicanos: reclutamiento y explotación para trabajar en la industria delictiva del contrabando de personas (llevando personas ilegalmente hacia EE.UU.); 38% de los niños mexicanos corresponden a esta categoría. Un 11% de los niños declararon haber sufrido ambos tipos de violencia: social y familiar. Dichos datos evidencian la necesidad de garantizarles protección internacional para que estos niños no sean “devueltos” a situaciones lesivas o peligrosas.
El reporte incluye la siguiente definición de protección internacional: “Los Estados tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Cuando los gobiernos no tienen la voluntad o la capacidad para proteger a sus ciudadanos, los individuos llegan a sufrir violaciones graves de sus derechos que los obligan a dejar sus hogares para buscar un lugar seguro en otro país. Dado que los gobiernos de sus países no protegen los derechos básicos de esas personas, la comunidad internacional debe dar un paso adelante para garantizar esos derechos básicos, articulados en numerosos tratados regionales e internacionales.” Agrega que la principal herramienta legal de protección es la Convención sobre el Estatus de Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967. Para que una persona reciba protección amparada en estas leyes debe recibir la definición de “refugiado”, y bajo esta calificación no se le puede negar tal protección. El derecho básico e inalienable de un refugiado es la garantía de que no será deportado al lugar de origen, donde su vida corre peligro.
A continuación, el estudio incluye una aclaración clave: “Hay otros individuos, que no califican como refugiados pero que igualmente necesitan la protección internacional debido al riesgo de seguridad presente en su país de origen y a la incapacidad del gobierno de dicho país para brindarle protección. En general, estas personas entre las que figuran cifras enormes de niños, huyen de conflictos armados, caos interno, violaciones masivas de derechos humanos, violencia generalizada u otras formas de graves peligros que no están relacionados legalmente con lo estipulado por la definición internacional de refugiado”. Para estos casos, el reporte de ACNUR dictamina: “Tales individuos deben tener acceso a un proceso que examine su estatus legal, que establezca sus derechos y obligaciones por un periodo necesario para salvaguardar su bienestar y seguridad”.
La conclusión del reporte señala que las respuestas de los 404 niños entrevistados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México demuestran que muchos de los niños desplazados sufrieron graves peligros en sus países de origen. El estudio recomienda a los gobiernos de EE.UU., México, Guatemala, Honduras y El Salvador:
1) Reconocer las nuevas formas de desplazamiento causadas por la violencia en la región centroamericana y las cuestiones de protección internacional.
2) Establecer, fortalecer y coordinar los marcos regionales y nacionales para brindar protección internacional a los niños que la necesiten, comenzado por la instancia en la que un niño es confrontado o detenido por las autoridades.
Finalmente el estudio recomienda tratar “la raíz del problema, es decir la situación de violencia y conflicto en los países de origen”.
Esta recomendación final es utópica en una región diezmada por la desigualdad social y la violencia delictiva. El modelo neoliberal, que se sigue aplicando a ultranza en México y otros países de la región, ha tenido efectos devastadores a nivel económico y social; incremento de la brecha entre ricos y pobres, crecimiento de la pobreza, aumento de la inestabilidad social y un flujo migratorio descontrolado hacia EE.UU.
Ante la crisis humanitaria generada por el incremento del flujo migratorio y la detención de inmigrantes indocumentados en Texas y demás estados de la frontera con México, la respuesta del gobierno estadounidense ha sido “más de lo mismo”: una política migratoria militarizada. El presidente Obama ha deportado un récord de inmigrantes latinoamericanos, más que todos los gobiernos anteriores juntos: dos millones de personas. Cifra que no es suficiente para los republicanos que claman por más muros, más alambre de púa, drones de vigilancia y patrullas armadas.
Todd Miller, periodista experto en este tema, afirma en su libro Border Patrol Nation: “La ‘nación de la patrulla fronteriza’ surge después del 11 de septiembre (2001), pero llega a su madurez en la era post imperial de Barack Obama. A medida que EE.UU. se retira de las guerras en Medio Oriente trae el campo de batalla a la frontera… Los radares de Northrop Grumman montados en aeronaves ha facilitado la detención de 1.874 inmigrantes. El zumbido de los drones en el desierto de Sonora se parece cada vez más al de los drones en el desierto de Dashti Margo”. En una entrevista con truthout.org, Miller señala que el presupuesto de la agencia de seguridad de inmigración sobrepasa el de cualquier otra institución de vigilancia. El presupuesto de Vigilancia de Inmigración y Fronteras -18 mil millones de dólares en 2012- fue más alto que el todas las demás agencias de vigilancia combinadas, incluyendo la DEA y el FBI. Las grandes empresas del aparato militar como Boeing, Raytheon y Lockheed Martin están enfocándose en el mercado de la patrulla de fronteras, cuyo presupuesto estimado para 2018 será de 544 mil millones de dólares. [2]
Teniendo en cuenta los poderosos intereses detrás del “complejo industrial-militar fronterizo” es altamente improbable que Estados Unidos revierta su política migratoria. Solo queda esperar que haya una reacción importante en la sociedad civil estadounidense, que otros sectores se unan y fortalezcan a los grupos de resistencia a las deportaciones masivas, como NDLON y Puente.
Por otra parte, es imperativo que los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y del resto de América Latina den un paso adelante y brinden a los menores desplazados esa protección internacional tan claramente fundamentada en el reporte de ACNUR.
[1] Children on the Run, ACNUR: http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/UAC_Children%20On%20the%20Run_Executive%20Summary_May2014.pdf -Traducción al español: Silvia Arana.
[2] Entrevista a Todd Miller de Mark Karlin, Truthout: http://www.truth-out.org/progressivepicks/item/24167-border-patrol-nation-us-creates-war-zones-at-boundaries-with-mexico-canada