Por Pedro Miguel
permítame un momento, va a la trastienda, regresa al mostrador con un paquete bien sellado (tal vez, incluso, en una caja con etiqueta), pagas tu compra (algo así como 5 mil pesos en el mercado legal) y sales del local provisto con material suficiente para provocar la muerte por sobredosis a unos 50 mil estadunidenses.
Sales del expendio con un paquetito más pequeño que una cajetilla de cigarros y no te será difícil hacerlo pasar oculto en el interior de un juguete, de un fruto, de un mueble, de una computadora, o bien disuelto en el falso tequila de una botella con sellos bien falsificados, o simplemente, en un recoveco en alguno de los cientos de miles de contenedores que transitan por cualquiera de las decenas de aduanas a lo largo de la frontera binacional en el marco de una integración económica multimillonaria y en expansión.
Un episodio así no puede ocurrir porque aquí el fentanilo es una sustancia controlada cuyo único uso legal es como componente en la fabricación de fármacos que sólo se venden con receta médica. De seguro en los controles de los laboratorios formales habrá una que otra rendija, pero la suma de todas esas rendijas no alcanza para alimentar la epidemia de adicción que padece el país vecino. A esos infortunados usuarios el fentanilo les llega por otras vías: sean organizaciones delictivas que introducen clandestinamente la sustancia a territorio mexicano y la renvían a la nación vecina –en bruto o ya en pastillas–, u otros países, o bien desde la industria farmacéutica estadunidense.
En México, los comerciantes ilegales de esa y otras sustancias necesitan armas de fuego para proteger sus delitos, que no se limitan a la compraventa y transformación de drogas, sino que incluyen extorsión, secuestro, explotación sexual y tala. Cerca de 85 por ciento de esas armas proceden de Estados Unidos y con ellas se perpetra la gran mayoría de los homicidios en este país.
A fines de 2022, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que las drogas sintéticas estaban matando a más personas en su país que la violencia y tráfico de armas combinados
, y muy posiblemente decía la verdad. En México es al revés: el tráfico de armas provoca muchas más muertes que los opioides. Sea: en Estados Unidos las sustancias prohibidas –procedentes de México, o no– matan a un montón de gente y en México las armas procedentes de Estados Unidos –como está comprobado–, también.
Los controles oficiales sobre el fentanilo son semejantes en ambos países, pero los que se aplican a las armas de fuego no. Al norte del Bravo, el procedimiento para comprar un fusil de asalto (o 10, o los que quiera) es idéntica a la descrita en el primer párrafo de este artículo sobre una imaginaria adquisición de fentanilo. Luego, el comprador puede usar el arma para perpetrar una masacre en su país, o bien para contrabandearla a México y hacerse de una ganancia fácil. A fin de cuentas, por la frontera común transitan cientos de miles de contenedores y es imposible revisar todos.
En México, si bien la Constitución garantiza el derecho de los habitantes a poseer armas (artículo 10), la ley reglamentaria establece un proceso de certificación ineludible para adquirirlas: además de identificación oficial y constancia de domicilio, documentos que demuestren el modo honesto de vivir del comprador, exámenes médicos, sicológicos y toxicológicos, carta de no antecedentes penales y varios más. Allá los expendios de armas no pueden, por ley, registrar los datos de sus clientes; aquí existe el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, donde tus datos quedarán ligados al número de serie del arma que compres y que no puede ser, desde luego, de calibre y potencia comparables a las que emplean las fuerzas armadas y los cuerpos policiales. Tampoco se permite la adquisición de pistolas y rifles en cantidad ilimitada. Por eso, las organizaciones delictivas adquieren sus armas de manera ilegal, principalmente procedentes del mercado estadunidense.
No hay, pues, simetría posible. El país vecino debe regular su comercio de armas.
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