El medio que dirige Arnoldo Cuéllar Ornelas, recibió el año pasado el Premio Nacional de Periodismo por la investigación “Carlos Zamarripa, el caudillo de la justicia mexicana”, que puso una mirada de fondo en el desempeño del titular de la procuración de justicia
Un correo anónimo fue suficiente para que las fiscalías de Nuevo León y Guanajuato dieran entrada a una denuncia penal, integraran con prontitud una carpeta de investigación y, en colaboración formal, citaran en calidad de imputado al periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas a declarar como presunto responsable del delito de amenazas.
Esta estrategia de acoso judicial fue denunciada por el periodista, director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (poplab.mx), medio de comunicación en Guanajuato que el año pasado recibió el Premio Nacional de Periodismo por la investigación “Carlos Zamarripa, el caudillo de la justicia mexicana”, que puso una mirada de fondo en el desempeño del titular de la procuración de justicia en esta entidad durante los últimos 14 años, en los que la creciente actividad e incursión de grupos criminales la ha llegado a colocar en los primeros lugares de asesinatos y otros diversos delitos.
Tanto Cuéllar como el medio han realizado una cobertura periodística sobre estas circunstancias y el desempeño de las autoridades frente a las mismas.
La carpeta de investigación contra el periodista está sustentada en una denuncia iniciada por el Director de Inteligencia de la propia Fiscalía neoleonesa, Paul Cortez Suárez.
Al funcionario, ex director del C4 en la Secretaría de Seguridad de Monterrey y propietario de una empresa que ha vendido a gobiernos software para sus áreas de seguridad pública, “alguien” desde un correo electrónico apócrifo le contó que el periodista -quien reside y realiza su actividad periodística en León- había contratado a un experto para espiarlo y seguirlo a todas partes, además de que había presentado una denuncia en su contra en la Fiscalía de Guanajuato.
Al acudir con sus compañeros de la Fiscalía de Nuevo León, ésta de inmediato le recibió la denuncia e inició una carpeta de investigación por el presunto delito de amenazas.
La instancia neoleonesa remitió la carpeta 10564/2022-UTM-MTY (iniciada el 12 de septiembre de 2022) junto con diversos oficios, en los que se apeló a los convenios de coordinación que tienen las fiscalías de todo el país y la FGR, para solicitar la colaboración de la Fiscalía de Guanajuato.
La solicitud llegó a mediados de marzo a la FGE de Guanajuato, que en unos cuantos días estaba citando al periodista como imputado para que rindiera una declaración en las instalaciones de esta instancia en la ciudad de Guanajuato, el pasado 31 de marzo.
El periodista, acompañado por el abogado Roberto Saucedo Pimentel, acudió para conocer la acusación en su contra, se reservó su derecho a declarar y acordó hacerlo por escrito en una nueva cita para el 12 de abril.
Pero ese día, en un giro inexplicable, la FGE de Guanajuato sacó las manos del caso: el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asuntos Internos y Tortura -área donde se recibió el caso remitido por Nuevo León-, Carlos Alberto Oliva Carrillo, se negó a recibir el escrito con la declaración de Arnoldo Cuéllar y argumentó que la instancia local “no es actuante” ni competente, por lo que devolverían la carpeta a la Fiscalía de aquella entidad.
Como antecedente, hace casi dos años, el propio periodista presentó una denuncia penal para que la Fiscalía de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, investigara una intervención que sufrió en su teléfono celular, después de que la línea fue clonada por una persona que, según informó la empresa Telcel a Cuéllar, presentó una copia de la identificación de éste en un centro de la compañía en Monterrey, simuló que había sufrido un robo, y pidió que le dieran el número telefónico que en realidad pertenecía al periodista.
Cuéllar Ornelas también acudió ante la Fiscalía General de la República para que, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se investigara la suplantación de su identidad.
Ya en conocimiento de esta situación, organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron públicamente y emitieron una alerta por los actos de posible espionaje en contra del periodista, quien acudió a la conferencia mañanera y expuso la situación al presidente López Obrador en octubre de 2021.
Fue entonces cuando la FEADLE ejerció su facultad de atracción del caso e inició la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-GTO/0000501/2021.
Por diversas diligencias, la FEADLE confirmó que se utilizó indebidamente una copia de la identificación del periodista para usurpar su identidad y obtener su línea telefónica, y que esto ocurrió en Monterrey.
Ninguna instancia ha logrado dar con el o los responsables por estas actividades ilícitas de intromisión en las comunicaciones del periodista.
En su denuncia, Arnoldo Cuéllar nunca acusó al director de Inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León; solamente anexó copia de la denuncia de otra persona que también fue víctima de la clonación telefónica en circunstancias similares, en la que aparecía de manera indirecta el nombre del funcionario Paul Cortez Suárez.
La FEADLE inicialmente remitió la iniciada en ese ámbito a la propia fiscalía guanajuatense, y después ejerció su facultad de atracción para retomarla, cuando el periodista acudió a exponer su caso a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
La mayoría de las denuncias que en los últimos años han sido interpuestas por periodistas ante la FGE de Guanajuato por agresiones físicas, amenazas, acoso digital, robo y otros delitos, han sido archivadas o se determinó el no ejercicio de la acción penal “por falta de elementos”, según datos presentados ante el Consejo estatal de protección de personas defensoras y periodistas.
Uno de los casos recientes más graves ocurrió en Celaya, donde elementos de la Policía Municipal agredieron físicamente a dos periodistas del portal Ágora que efectuaban la cobertura de un hecho delictivo, y que fueron sometidos, se les exigió dejar de grabar video y se les intimidó.
Hasta la fecha no hay sanción contra los agentes involucrados.
Paul Cortez, quien ha sido director de Inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León por los últimos 10 años, estuvo en la mirada pública en la pasada campaña por la gubernatura de esa entidad por los señalamientos que el entonces candidato y actual gobernador Samuel García hizo en su contra, como presunto colaborador del exprocurador de justicia Adrián de la Garza (su contrincante electoral por la gubernatura) en actividades de espionaje a García desde la Unidad de Inteligencia de la Fiscalía.
El viernes 14 de marzo, Arnoldo y su defensor acudieron a la sede de la Procuraduría estatal de los derechos humanos para interponer una queja, misma que fue radicada bajo el número 0728/2023.
El periodista expresó ante la PRODHEG que el hecho de que la Fiscalía de Guanajuato haya destinados tres fiscales y dos policías ministeriales de una unidad especializada a investigarlo por una denuncia evidentemente infundada, en un estado rebasado por el aumento de las tasas delictivas y la desatención a víctimas y denunciantes, “evidencia una clara intención persecutoria e intimidatoria que no es ajena a la observación crítica que se realiza sobre el trabajo de la propia Fiscalía”.
Fuente: Proceso
