Las autoridades mexicanas aprehendieron de nueva cuenta, el pasado fin de semana, a Patricio Reyes Landa, “El Pato”, uno de los principales señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, publica Proceso digital.
Reyes Landa, quien admitió haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes, habría sido detenido por otra cuestión, según el diario Milenio.
Tras cuatro años entre las rejas, “El Pato” salió en libertad después de que se desestimaron los cargos por irregularidades cometidas durante el proceso en su contra y de otras dos personas, Jonathan Osorio Cortez y Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, por la muerte y desaparición de los normalistas, a finales de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Si bien “El Pato” negó en un primer momento cualquier implicación en los hechos, poco después reconoció que había trasladado e incluso matado a algunos de los estudiantes en las inmediaciones de un basurero de la localidad de Cocula donde fueron incinerados y después sus restos arrojados al río San Juan.
Al igual que otros detenidos, “El Pato” salió en libertad tras un breve paso por la cárcel, después de que su defensa esgrimiera con éxito ante las autoridades judiciales que había sido detenido ilegalmente, llevado ante la Fiscalía de manera forzada y retenido de manera prolongada sin haber presentado cargos contra él.
La defensa también logró acreditar que habría sido torturado o golpeado durante los interrogatorios, por lo que sus declaraciones se desestimaron al considerar que se habían dado bajo coacción.
Irregularidades del gobierno de Peña Nieto
En septiembre de 2020, una última investigación de la Fiscalía contempló las negligencias e irregularidades que habrían cometido las autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quienes difundieron que los estudiantes fueron asesinados al ser confundidos con rivales del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal, enquistada en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar”, denunció el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien habló de un “encubrimiento generalizado” por parte de las autoridades.
Los actuales fiscales solicitaron 83 nuevas órdenes de aprehensión por ese caso, después de que fueron liberados al menos 70 imputados, quienes en su defensa aseguraron haber sido torturados.
Fuente: Apro
